Judiciales
El 51% de las capacitaciones en 2017 se dirigieron a la Reforma Procesal Penal
El 27% de las capacitaciones se desarrollaron en la Segunda Circunscripción Judicial, cuya cabecera es Roca.
Miles de personas fueron formadas en decenas de cursos que organizó, gestionó o coprodujo la Escuela de Capacitación Judicial durante el año 2017, según se consigna en el Informe Anual elaborado por la institución.
Las líneas estratégicas estuvieron dirigidas especialmente al desarrollo de tres ejes temáticos: el Nuevo Sistema Procesal Penal en Río Negro; la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación (a dos años de su reforma) y la Capacitación del Fuero de Familia en el marco del Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal de Justicia (PEC).
Estas prioridades se reflejan en las estadísticas. Del total de horas de capacitación, el 51% se destinó al fuero penal, en el año de la implementación de la Reforma Procesal. El 18% se dirigió a la capacitación en Civil y Familia, el 14 a perspectiva de Género y el resto a temáticas más generales.
En cuanto a la distribución geográfica, un tercio de las capacitaciones de la Reforma Procesal Penal se desarrolló en la Primera Circunscripción Judicial, cuya cabecera es Viedma, el 27% en la Segunda (con Roca como epicentro), el 24% en la Tercera Circunscripción (con Bariloche de cabecera) y el 14 en la Cuarta, la más pequeña.
En 2017 se dio continuidad a distintas actividades de formación en Derechos Humanos; Perspectiva de Género; Acceso a la Justicia para personas con discapacidad; Menor Cuantía para Jueces de Paz; Revisión de la Práctica de la Mediación; Jornadas sobre Adopción; Talleres para integrantes de las Bibliotecas, entre otros.
Como novedad se realizó un Curso-Taller sobre “Buenas Prácticas en el proceso de Elaboración de normas”, a través del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, cuya continuidad está prevista para el año 2018.
Merced al convenio firmado con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) , se realizaron las Jornadas de “Justicia, Medios y Sociedad” organizadas en forma conjunta por la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro, el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la UNRN y la carrera de Abogacía de la misma Universidad.
Con el objetivo de aunar los esfuerzos de capacitación con el ámbito académico y ampliar la oferta formativa de la Escuela, se firmó un convenio con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) en miras a brindar capacitación específica y de calidad a las áreas técnico-administrativas del Poder Judicial.
Como actividad integral central, la Escuela participó en el diseño del Proyecto de Capacitación y Profesionalización de los Recursos Humanos del Poder Judicial en el marco del Plan Estratégico Consensuado.
Se organizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche y en cumplimiento del programa FAM 3 la capacitación para los integrantes del fuero de familia denominada Jornadas Rionegrinas de Derecho de Familia que resultaron ser Preparatorias del “Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia: Paradigmas y nuevos desafíos” , a realizarse en la ciudad de Mendoza en Agosto de 2018.
Asimismo, la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro participó de dos eventos destacados a nivel nacional, ellos fueron: Seminario Internacional de Capacitación Judicial en América Latina y XXI Congreso Nacional de Capacitación Judicial
La conformación y objetivos de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Río Negro, presidida por la Jueza Liliana Piccinini durante el año judicial 2017, está prevista en el artículo 206º de la Constitución Provincial.
Judiciales
Caso Oscar Ripari: 10 años de prisión para los coautores del homicidio
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca.
Tres de los cuatro imputados por el homicidio de Oscar Ripari ocurrido en diciembre del año pasado, fueron condenados a la pena de 10 años de prisión tras haber reconocido ser los co-autores del hecho.
La calificación legal que los tres aceptaron es la de homicidio en ocasión de robo, según los Artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre la profusa prueba recolectada y presentada por la Fiscalía para esta instancia se encuentra la intervención del personal de la Comisaría 21°, los múltiples allanamientos, las entrevistas tomadas, los informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) dependiente de Procuración General. Se suman los análisis sobre celulares secuestrados, la intervención del Cuerpo de Investigación Judicial, la incorporación del contenido de las cámaras del 911.
Los tres imputados tras ser consultados por el Tribunal interviniente reconocieron haber cometido el hecho el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20 de la madrugada, en Cardenales casi San Juan, sobre margen sur, dependencia lindante a la carnicería denominada La Familia.
«En ese momento el cuarto imputado, conduciendo una moto acompañado por dos de los tres condenados hoy manejando otra motocicleta, ingresaron sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo», describió el fiscal.
«Para eso violentaron varias puertas, hasta dar con la víctima que se encontraba descansando. Una vez frente a él, lo golpearon provocando una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que a las pocas horas le causó la muerte», agregó la Fiscalía.
«Así es que se apoderaron de la billetera de la víctima, que tenía su DNI, dinero en efectivo, tarjetas de débito, su celular, y de los freezers de la carnicería se llevaron aproximadamente diez costillares de carne vacuna y varias cajas de pollos, efectos que fueron trasladados en forma inmediata por todos los intervinientes, al domicilio alquilado por uno de los condenados. Éste último conforme una previa división de tareas, fue quien organizó el traslado de lo sustraído y prestó su casa para ocultarlos teniendo en cuenta el horario, la cantidad y dimensiones de los mismos», explicó el representante fiscal.
Tras un cuarto intermedio y de haber consultado a los defensores penales públicos, particular y fiscalía si renunciaban a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó a los tres hombres a la pena de 10 años de prisión más las accesorias legales y costas.
De esta manera, a partir de hoy están cumpliendo la condena.
Judiciales
Invasión de lotes entre vecinos: Tendrá que devolver la fracción ocupada
Le construyeron un galpón de más de 65 metros cuadrados en su propio terreno. Deberán demolerlo.
Una mujer de Cipolletti decidió construir un quincho en el fondo de su casa, ubicada en el barrio San Lorenzo. Para avanzar con el proyecto, consultó a un arquitecto y encargó las primeras mediciones. El plano decía una cosa. La realidad, otra. La propiedad no tenía los 378 metros cuadrados que figuraban en la escritura. Faltaban más de 60.
Alarmada, pidió la intervención de un agrimensor. El profesional confirmó lo que sospechaba: el lote terminaba varios metros antes de lo que indicaban los papeles. Una construcción del vecino había avanzado sobre parte de su superficie. Un galpón de chapas se encontraba montado sobre una franja de más de 65 metros cuadrados que, según los títulos, formaban parte de su inmueble.
Intentó comunicarse con el ocupante. Lo buscó, hizo gestiones y promovió una mediación para resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio. No obtuvo respuestas. La persona aludida evitó cualquier contacto. Ante esa situación, llevó el caso al Poder Judicial y presentó una acción de reivindicación. Reclamó que se le reconociera el derecho sobre ese sector y pidió que se ordenara su restitución.
El vecino demandado respondió mediante su abogado. Negó todo. No explicó cómo había ocupado esa parte del lote ni ofreció una versión alternativa de los hechos. Tampoco entregó pruebas sobre algún posible derecho a permanecer allí.
Durante el proceso, el fuero civil de Cipolletti recibió una pericia en agrimensura. El informe detalló que la superficie real de la propiedad era menor a la consignada en el título. Las mediciones revelaron que los muros del inmueble del fondo se encontraban desplazados y ocupaban una fracción de 12 metros de ancho por 5,45 de largo. El profesional concluyó que el inmueble del vecino había invadido parte del dominio de la denunciante. Ese informe no fue impugnado.
La resolución del fuero civil dio por acreditada la titularidad de la fracción reclamada. Destacó que el demandado no aportó prueba alguna sobre la existencia de un título válido ni demostró buena fe. También subrayó que la ocupante del inmueble afectado actuó en cuanto tomó conocimiento del problema y buscó distintas alternativas para resolverlo.
El fallo ordenó al vecino demandado restituir los 65,40 metros cuadrados ocupados, en un plazo de 45 días. También dispuso que se desmantele lo construido en ese sector, bajo apercibimiento de ejecución forzada a su cargo. La sentencia no está firme porque es de primera instancia y puede ser apelada.
Judiciales
Los dueños del gimnasio que cerró repentinamente en Roca estarían en Centenario
Los clientes abonaron entre $30.000 y $60.000 y el local cerró de un día para el otro, dejando solo un cartel de ‘en mantenimiento’.
Más de 200 vecinos de General Roca denunciaron haber sido estafados tras el repentino cierre del gimnasio Evolución Fitness, ubicado sobre calle Tucumán casi San Juan. Los clientes habían abonado cuotas que rondaban entre los $30.000 y $60.000, pero de un día para otro el lugar quedó vacío y con un cartel que anunciaba un supuesto ‘mantenimiento por 24 horas’.
La maniobra se descubrió cuando, en horas de la madrugada, vecinos advirtieron que un camión con semi remolque cargaba las máquinas y equipos de musculación para retirarlos del edificio. El traslado avivó la indignación de los damnificados, que rápidamente viralizaron en redes sociales imágenes y posteos contra los responsables.
Según trascendió, los dueños del inmueble habían iniciado una demanda judicial meses atrás por falta de pago del alquiler, que acumulaba una suma millonaria. La denuncia recayó sobre una influencer que promocionaba rutinas deportivas en redes sociales y que ya había sido cuestionada en 2019 por dejar en deplorables condiciones un departamento alquilado en Roca.
Además de ella, los clientes apuntaron contra su padre, quien habría estado vinculado a la administración del gimnasio. En el edificio quedó solo un sereno, quien aseguró no tener información sobre el paradero de los responsables ni sobre el destino de los equipos.
En redes sociales comenzó a circular la versión de que ambos podrían haberse trasladado a Centenario, Neuquén, donde se los vincula a un supuesto emprendimiento comercial en el barrio Sarmiento. Por el momento, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y resolver qué pasará con el dinero de los cientos de roquenses que quedaron estafados.
