Judiciales
15 días de prisión preventiva por desobediencia a Ley 3040
El sujeto llegó hasta lo de su ex pareja y la amenazó de muerte. Fue durante la madrugada del domingo.
La jueza de Garantías de Roca Natalia González tuvo hoy por formulados los cargos e impuso 15 días de prisión preventiva a un hombre de 29 años, a quien la Fiscalía atribuyó la presunta comisión de los delitos de «desobediencia a una orden judicial, amenazas y lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y en el marco de violencia de género, todos en concurso real».
La audiencia oral y pública de formulación de cargos se realizó esta mañana y en la oportunidad la fiscal Norma Reyes describió que el hecho investigado ocurrió la madrugada del 28 de enero último, en el domicilio de la denunciante, ex pareja del imputado, ubicado en la zona norte de Roca. Hasta ese lugar llegó el hombre «incumpliendo la prohibición de acercamiento de hasta 200 metros» que había dictado el Juzgado de Familia en mayo de 2016 y que se encuentra formalmente vigente, en el marco de una causa por Ley 3040. Aquella resolución de la jueza de Familia incluía una exclusión del hogar para el imputado.
De acuerdo con la acusación, el hombre habría amenazado de muerte a la mujer «por no dejarlo estar en la casa», exigiéndole «que deje la vivienda». Describió que el imputado habría estado «toda la noche tirando todo, luego se cortó el brazo con un cuchillo serrucho y le dio puñaladas a la cama», para posteriormente golpear y lesionar a la mujer. El auxilio policial llegó luego de que la víctima alertara a un vecino desde el baño de su casa. El imputado fue detenido en la misma vivienda.
La fiscal requirió la formulación de cargos y la imposición de prisión preventiva, alegando la «asimetría» de poder entre la víctima y el victimario y la «escalada de violencia que viene sufriendo la mujer, por existir otros hechos similares denunciados anteriormente». A esa medida cautelar se opuso el Defensor Oficial Miguel Salomón.
Al momento de resolver, la jueza González valoró que si bien el imputado no tiene antecedentes penales computables y que la hipotética pena por los delitos atribuidos podría ser de ejecución condicional, «estamos ante un caso de violencia de género, lo que importa una situación especial que encuentra protección en la Convención de Belém de Para y en la Convención Interamericana para la Protección de la Mujer». Esa circunstancia obliga al Estado «a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer», agotando «todas las medidas para evitar conductas que puedan poner en peligro la vida o la integridad de las víctimas de este tipo de delitos».
A continuación la jueza valoró que la prohibición de acercamiento del Juzgado de Familia sigue vigente, que el hecho ocurrió en el mismo hogar del cual el hombre está judicialmente excluido y que en diciembre pasado fue imputado por otra situación de desobediencia en el mismo contexto.
«La prisión preventiva está dentro de las medidas cautelares más gravosas, pero no cuento en este caso posibles medidas alternativas, pues las prohibiciones de acercamiento no están siendo cumplidas, más allá de las explicaciones que el imputado dio en la audiencia», señaló la jueza al fundamentar verbalmente su resolución en la audiencia.
Por esa razón hizo lugar a la prisión preventiva por el término de 15 días, plazo en el cual la Fiscalía podrá materializar las medidas probatorias anunciadas en la audiencia.
Judiciales
Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
Judiciales
Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
