Gremios
UPCN y ATE rechazaron el 15% ofrecido por el gobierno provincial
Ayer el gobierno les hizo la misma oferta que al gremio docente.
El gobierno provincial dio inicio ayer a una serie de encuentros con los gremios UPCN y ATE, que se suman al realizado días atrás con UnTER, para comenzar a discutir distintas pautas en relación al empleo público y el funcionamiento del Estado, además de la propuesta salarial 2018.
En primer término, los ministros de Economía, Agustín Domingo; y de Gobierno, Luis Di Giácomo; junto a la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, se reunieron con la dirigencia de UPCN, para luego hacerlo con los representantes del gremio ATE.
En las reuniones, se avanzó sobre cuestiones no sólo relacionadas con el salario sino también a la carrera administrativa de los empleados públicos, la transparencia para el cubrimiento de vacantes y la etapa de implementación de manual de funciones y misiones del personal de apoyo de educación.
Otro de los puntos abordados fue la cuestión salarial, respecto de la cual el gobierno realizó a los gremios una propuesta de aumento del 15% escalonado.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, remarcó que “las discusiones fueron positivas, en las cuales volcamos una serie de propuestas para una mesa de diálogo que debe tener continuidad en lo que resta del año. Pusimos como primer punto la necesidad de poner en marcha la carrera administrativa en la función pública. Creemos que en esta etapa podemos jerarquizar y poner en marcha una carrera administrativa en la cual el empleado pueda ir mejorando su condición salarial a través de la capacitación, desempeño y posibilidades”.
“En segundo término planteamos comenzar con un proceso de transparencia y participación en la designación de nuevo recurso humano cuando se necesite dentro de la Administración Pública, con los controles necesarios de parte de las organizaciones gremiales”, añadió.
Otro de los puntos abordados fue trabajar en la culminación del Manual de Misiones y Funciones del personal de servicios generales de Educación.
Como cuarto tema, el gobierno planteó su propuesta salarial para el 2018, con un 15% de aumento para los empleados públicos, dividido en un 4% a partir de marzo, otro 3% a partir de los salarios de junio, un 4% con los sueldos de septiembre y el restante 4% desde los salarios de noviembre.
“Ellos a su vez nos presentaron sus requerimientos y propuestas, las cuales se formalizarán mañana por escrito, y en los próximos días volveremos a reunirnos para seguir avanzando en estos aspectos”, sintetizó el ministro Di Giácomo.
Por su parte, el ministro de Economía, Agustín Domingo, explicó que “el gobierno provincial tendrá entre sus objetivos la implementación de la carrera administrativa, permitiendo el crecimiento de los empleados públicos en sus ámbitos laborales, reconociendo su esfuerzo y responsabilidad”.
“También se iniciará, en el marco de la transparencia y gobierno abierto, convocatorias abiertas para cubrir vacantes en el Estado, a través de las herramientas tecnológicas que cuenta la Provincia”, agregó.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo al término del encuentro que «si el gobernador quiere un final feliz va a tener que dejar de hablar del 15%. Él sabía que si incorporaba a ATE a las paritarias se terminaban las parodias y habría que discutir salarios de verdad. Este gobierno se había acostumbrado al sí fácil durante los últimos años. Valoramos el diálogo, pero ahora se van a tener que esforzar de verdad si quieren alcanzar un acuerdo con los estatales», remarcó.
«Esta propuesta no alcanza para que sea analizada por el plenario provincial. Tiene que ser mejorada sustancialmente. Estamos en un país donde la ‘cláusula gatillo’ la tienen solo los empresarios y se le niega a los trabajadores», concluyó.
Gremios
ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
Gremios
Se cayó el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial y UnTER suspendió el paro
Labor Parlamentaria de la Legislatura no incluyó la iniciativa del PRO en la orden de la sesión de mañana.
El plenario de secretarios generales de la UnTER definió dejar en suspenso el paro de 24 horas, convocado para mañana jueves (5/09), en función de haber logrado frenar el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial, que iba a realizarse en la próxima sesión de la Legislatura provincial.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario definió además declarar el estado de alerta y movilización permanente, y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se defina avanzar con el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por los legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.
El plenario fue convocado de manera inmediata apenas se confirmó la definición de Labor Parlamentaria de no incluir el proyecto en el temario de la sesión de mañana. “Reiteramos que el real objetivo que persigue esta iniciativa no apunta a mejorar la educación pública, sino a cercenar el derecho de huelga y el ejercicio de la protesta a los trabajadores, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, indicaron desde UnTER.
“La iniciativa finge defender el derecho de niños y adolescentes a educarse, y establece guardias mínimas obligatorias los días de paro que no aseguran de ninguna manera el dictado de clases. Sólo garantiza la apertura de las escuelas y las convierte en meras guarderías”, agregaron.
“Denunciamos que ni el proyecto ni los legisladores que lo avalan se ocupan del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparentan preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y escuelas en condiciones”, concluyeron desde UnTER.
Gremios
El proyecto que declara esencial a la educación superó todas las comisiones y será tratado este jueves en la Legislatura
UnTER llevará adelante un paro para manifestar su rechazo absoluto a la iniciativa presentada por el PRO.
El proyecto que declara a la educación como servicio estratégico esencial en Río Negro ya pasó por todas las comisiones y está listo, luego de sufrir algunas modificaciones, para ser incluido en el temario de la sesión de mañana jueves (05/09). En rechazo a esta iniciativa, perteneciente al bloque del PRO, el gremio UnTER llevará adelante un paro de 24 horas.
El proyecto fue debatido en una reunión plenaria y contó con el respaldo de Juntos Somos Río Negro, además del PRO, quien propuso la iniciativa. La UCR y el ARI-Cambiemos se tomarán 48 horas para decidir, mientras que Vamos con Todos y el PJ-Nuevo Encuentro la rechazaron.
El encuentro, desarrollado en el cuarto piso de la Legislatura, contó con un grupo de representantes de la UnTER, quienes se oponen a la propuesta y determinaron realizar un paro de 24 horas para que los legisladores voten en contra y el proyecto no se convierta en ley.
La secretaria general del sindicato docente, Silvana Inostroza, sostuvo que «la educación no se compra ni se vende como otros servicios» y consideró que el objetivo de la iniciativa presentada por el legislador Juan Martín es «cercenar el derecho a huelga».
Aseguró que en la provincia «se pierden más días de clases por el estado de los edificios que por medidas de fuerza». En ese sentido sentenció que “las cifras son espeluznantes».
Los parlamentarios de Vamos con Todos fueron muy críticos con la propuesta. Magdalena Odarda entendió que antes de emitir un dictamen «hay que escuchar a todos quienes trabajan en las escuelas» y se apoyó «en declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien dijo que siempre iba a primar el diálogo».
Luciano Delgado Sempé, por su parte, dijo estar asombrado porque el proyecto «sale de un legislador, lo que demuestra una ignorancia supina en la materia». Inmediatamente preguntó «quién se hace cargo de tantos chicos, en una escuela donde varios docentes hacen paro, pero hay que garantizar ese día de clases».
Ana Marks sostuvo que se trata de una iniciativa «que es claramente inconstitucional» y que «sólo logrará enfrentar a los propios trabajadores». José Luis Berros manifestó que no le sorprende que esta idea provenga del PRO y que los autores «desconocen la tarea que realmente efectúa un docente».
A su turno, el legislador Daniel Belloso (PJ-Nuevo Encuentro) pidió construir un consenso para mejorar la ley, ya que argumentó que «hay aspectos que no responden a la realidad. Hay cierto desconocimiento, y eso es un retroceso».
Al momento de fundamentar su propuesta, Juan Martín indicó que «va en correlato con una similar aprobada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación» y que la intención es alcanzar «una convivencia entre los derechos a la educación y a las huelgas».
«No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica», remarcó y añadió que «lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas».
Cerró la reunión el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, quien mencionó que este proyecto «no es para debatir la calidad de la educación», ya que ello vendrá se hará más adelante, como ya lo anticipó el gobernador.
«Mientras ustedes discutían -dijo dirigiéndose a algunos de sus pares- Weretilneck estaba inaugurando una nueva escuela, la número 70 en 12 años», indicó.
Finalizó diciendo que «la educación se garantiza con los chicos en clases» y puso como ejemplo a sectores como la Justicia y la Salud, donde «se pueden hacer huelgas, pero se presta el servicio».
