Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
Gremios
ATE definió un paro nacional con movilización para el 21 de abril por la reapertura de las paritarias
«Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».
«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más», completó Aguiar.
La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en 1469 (CABA). En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal. Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.
Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.
En esta línea, Aguiar sentenció que «hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo».
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Política
Ley de Farmacias: Punto por punto, los cambios que impulsa Río Negro
A través de un proyecto de ley, se busca modernizar la normativa vigente, eliminar restricciones y ampliar el acceso a los medicamentos.
El Gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que moderniza la normativa vigente, elimina restricciones y amplía el acceso a los medicamentos. La iniciativa se inscribe en un proceso de actualización que ordena el sistema, incorpora tecnología y genera mejores condiciones para la inversión y la cobertura.
En términos generales, la reforma avanza en tres ejes centrales: más tecnología para simplificar el acceso y mejorar la seguridad, más libertad para invertir y ampliar la oferta, y un esquema más flexible que permite llegar con el servicio a cada rincón de la provincia. El resultado proyectado es un sistema más abierto, con mayor competencia, mejores herramientas y más oportunidades.
A continuación, los principales cambios propuestos:
Receta electrónica y nuevos servicios
Antes: La ley prohibía la dispensa de medicamentos a través de medios informáticos y no contemplaba herramientas digitales.
Ahora: Se establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, se habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio con trazabilidad. Además, se incorporan recetas digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos crónicos.
Envío de medicamentos
Antes: El envío solo estaba permitido entre establecimientos habilitados.
Ahora: Se amplía el esquema y se permite el envío a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio del paciente.
Propiedad de las farmacias
Antes: La titularidad estaba limitada a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicas.
Ahora: Cualquier persona física o jurídica habilitada puede ser titular, manteniendo la exigencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.
Dirección técnica y recursos profesionales
Antes: Un farmacéutico no podía estar a cargo de más de una farmacia, sin excepciones.
Ahora: Se mantiene la regla general, pero se incorpora una excepción para localidades con un único profesional, permitiendo ampliar la cobertura.
Distribución territorial
Antes: Existían restricciones de distancia mínima entre farmacias (200 o 400 metros según población).
Ahora: La instalación, traslado y distribución es libre en todo el territorio provincial, sin limitaciones de ubicación.
Radicación en zonas con menor cobertura
Antes: No había herramientas específicas para fomentar la instalación en localidades alejadas.
Ahora: Se incorporan incentivos para promover nuevas farmacias en zonas donde el servicio es insuficiente.
Traslados y habilitaciones
Antes: El régimen contemplaba permisos específicos para el traslado de farmacias.
Ahora: Se esquema se elimina, simplificando el sistema y dando mayor flexibilidad.
Adecuación al nuevo régimen
Antes: Las farmacias ya habilitadas podían continuar bajo las condiciones originales.
Ahora: Todas las farmacias deberán adecuarse al nuevo marco normativo.
Provisión de medicamentos
Antes: No estaba contemplada la posibilidad de que PROFARSE provea directamente a farmacias o mediante droguerías.
Ahora: Se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de forma directa o a través de convenios con droguerías, tanto para la población hospitalaria como en general, fortaleciendo el abastecimiento y el acceso.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
