Judiciales
Nuevo rechazo a pedido de la defensa de Gigli: Seguirá detenido
La abogada del «Tano» había presentado una solicitud para que se levante la prisión preventiva. A través de una videoconferencia un Tribunal la rechazó.
Tal lo expuesto por el fiscal del caso Luciano Garrido en la audiencia solicitada por la defensa particular de Octavio Gigli, mediante la cual impugnó la resolución que denegaba el sobreseimiento del imputado y el cese de prisión preventiva, el Tribunal de Impugnación no hizo lugar a la queja.
Garrido, al contestar el pedido de los representantes legales de Gigli, sostuvo que “debía rechazarse por varios argumentos. El primero, que el juez Daniel Tobares ya resolvió no dar lugar al recurso planteado, el pedido de impugnación no encuadra en los parámetros del Artículo 228 del Código Penal actual. Específicamente, el pedido de sobreseimiento, fue interpuesto por la defensa previo a la audiencia de control de acusación y se intentó revocar un rechazo de pedido de sobreseimiento ante un Juez de Garantías, que tuvo presente que no se podía tener en cuenta una única prueba para dictar el sobreseimiento. La resolución no pasó a ser definitiva y a mi entender se encuentra ajustada a derecho”.
Respecto de la prisión preventiva, el fiscal del caso dijo “más allá de los dichos de la defensa, cuando solicitaron la nualidad al Tribunal de Impugnación la misma también fue rechazada. Y en el mismo acto se confirmó la audiencia de formulación de cargos y la prisión preventiva dictada para Gigli. Cabe recordar que está acusado de homicidio, y que luego de cometer el hecho abandonó la ciudad, escondió su vehículo en Buenos Aires, cruzó la frontera por un lugar no habilitado y fue hallado en el vecino país de Brasil con documentación falsa. Insisto en que la prisión preventiva no se encuentra agotada ya que el imputado volvió al país extraditado en agosto de 2017 y fue allí que se le formularon los cargos. Ahora bien, el 17 febrero pasado el Ministerio Público Fiscal logró la prórroga de la medida cautelar y además se fijó la fecha de inicio de juicio para el 9 de abril de este año”.
Finalmente el Tribunal de Impugnación compuesto por los jueces Mario Altuna, Miguel Cardella y Adrián Zimmermann, desde Viedma y a través del sistema de video conferencia, decidieron “rechazar el recurso de queja en primer término por lo ya expresado por Tobares oportunamente, es decir declarar la inadmisibilidad. Tratándose de una impugnación contra una resolución no definitiva, la queja debe demostrar los requisitos que establece la Corte Suprema de la Nación, esto es: la afectación de garantías constitucionales y su imposible reparación posterior que ocasione la sentencia definitiva; que se impida la continuación del proceso; o una cuestión de gravedad institucional. En este sentido, su recurso no tiene la debida fundamentación”, dijeron dirigiéndose a la defensa particular. “Así mismo en el control de acusación realizado el 27 de diciembre se fijó la fecha de celebración del juicio y la prórroga de la medida cautelar pedida por el fiscal”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
