Judiciales
De Piano pidió disculpas y la defensa pide encuadrar el hecho como homicidio culposo
La Fiscalía, por su parte, solicitó 8 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella exigió 10. La sentencia se conocerá el 9 de abril.
Oscar De Piano, el conductor del VW Vento que arrolló a Claudia Segura el 17 de enero del 2017, pidió disculpas a la familia de la víctima esta mañana, al finalizar los alegatos en el juicio que se lleva adelante en la Ciudad Judicial de General Roca. La sentencia se conocerá recién el lunes 9 de abril a las 11.30 horas.
La defensa del imputado -Dres. Oscar Pineda y Pablo Iribarren- solicitaron que el caso sea considerado como homicidio culposo, lo que derivaría en una pena que va de 3 a 6 años de prisión. No obstante, exigieron que la condena sea con ejecución condicional.
Por su parte, la querella -Dr. Marcelo Hertzriken Velasco- al igual que la Fiscalía -a cargo del fiscal jefe Andrés Nelli- pidieron que se mantenga la calificación legal (homicidio simple con dolo eventual). En este caso, la pena va de 8 a 25 años de prisión.
No obstante, en sus alegatos, el fiscal solicitó 8 años y 6 meses de prisión más inhabilitación por 10 años para conducir automotores o cualquier tipo de vehículos. La defensa se inclinó por 10 años de cárcel.
En sus alegatos, Nelli sostuvo que “esta causa no pasa por determinar la autoría de De Piano, no pasa por determinar si atropelló a la víctima, ya que conforme a la indagatoria y a la prueba no quedan dudas. La teoría del caso de esta Fiscalía es que al imputado no le interesaba su vida ni de los terceros”.
Para el Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que el accionar del acusado fue dirigido en forma consciente y no existió estado inconsistencia. “Más a los fines de poder determinar el dolo tenemos que introducirnos a la mente del imputado, y para ello están los peritos psicólogos y psiquiatras, que dijeron que estaba sufriendo por la muerte de su padre y que era ello lo que lo impulsaba a llevar a cabo actitudes de ese tipo”.
Asimismo el fiscal sostuvo que no hubo inimputabilidad: logró hablar por teléfono antes y después del hecho, habló de trabajo. Pudo desplazarse a locales donde logró pedir cosas. Pudo sobrepasar tres vehículos, luego del hecho buscó fugarse del lugar, llamó a su mujer para comentarle lo ocurrido. Nadie lo vio mareado y tampoco tambaleándose. Tal como expresó en debate la psiquiatra forense Celina Vermal, De Piano podía realizar conductas complejas”.
Ahora bien, respecto del Artículo 84 bis si bien la reforma hace al delito más gravoso que en la figura anterior, ésta presupone una determinación de conducta culposa, que no fue la que aquí estamos tratando. Nosotros lo descartamos porque es una conducta dolosa. De eso está convencida esta fiscalía”.
¿Cómo se configura el dolo eventual? Se trata de una acción dirigida de manera intencional con una manifiesta indiferencia a lo ajeno. “No podemos decir que el imputado no se representó el resultado posible. No se puede conducir a la velocidad que indicaron los peritos, entre 117 y 137 km/h y no se puede ignorar que no se puede superar la velocidad máxima indicada para esa vía”, explicó Nelli.
“No estamos discutiendo si el hombre quería o no causar el resultado muerte pero sí tenía el conocimiento de que esto podría ocurrir. La conducta no encuadra en el Art. 84 bis, como ya lo afirmó la fiscal Teresa Giuffrida en la etapa de instrucción. Y así mismo vamos a tener presente que el hecho ocurrió tal cual lo realizó Giuffrida en el requerimiento de elevación a juicio”.
Entonces, para solicitar 8 años y 6 meses de prisión efectiva más la inhabilitación por 10 años, Nelli tuvo presente que: “considero como agravantes de la pena la gravedad del hecho, el resultado, el grado de instrucción del autor, que dejó a tres hijos sin su madre, que intentó darse a la fuga, que no se desesperó para llamar a la ambulancia, y tampoco se preocupó por el estado de la víctima. Como atenuantes: lo expresado por psiquiatra forense, que antes del hecho De Piano tenía una personalidad avallasante y que luego de la crisis que le tocó vivir con el hecho logró reflexionar y crear empatía con lo sucedido”.
El juez Daniel Tobares junto Alejandro Pellizón y Emilio Stadler dieron a conocer que la sentencia se leerá el próximo 9 de abril, a las 11.30.
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Imputaron a una mujer por el choque en el que murió Omar Moreno en la Ruta 22
La Fiscalía sostuvo que la conductora realizó un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla y se interpuso en el carril por el que circulaban las víctimas.
Una mujer quedó imputada por el accidente de tránsito ocurrido en mayo de este año sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, en el que murió Omar Edgardo Moreno y dos mujeres sufrieron lesiones graves.
Durante la audiencia realizada este viernes (13/11), la fiscal Verónica Villarruel explicó que, de acuerdo con la acusación, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.27, cuando la imputada circulaba en un Peugeot 307 en sentido este-oeste e inició una maniobra de adelantamiento en un sector demarcado con doble línea amarilla. Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la conductora se habría acercado a una camioneta para sobrepasar a dos automóviles y un camión, invadiendo de esa manera el carril por el que circulaban las víctimas.
Ante esa situación, Moreno intentó evitar la colisión y se desplazó hacia la banquina sur. La imputada también realizó una maniobra hacia ese sector. La Fiscalía sostuvo que, como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y de no mantener el dominio efectivo del vehículo, se produjo el choque que terminó con la vida del hombre. Tanto la mujer que lo acompañaba como la persona que viajaba junto a la imputada sufrieron lesiones graves.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, certificados médicos, informes de los peritos mecánicos sobre el Peugeot 307 y el Ford Focus involucrados, y el relevamiento realizado por la Delegación de Cervantes del Gabinete de Criminalística.
También se incorporaron pericias accidentológicas sobre las velocidades aproximadas de los vehículos al momento del impacto y la mecánica del hecho, un video extraído de un taxi que circulaba por la ruta en ese momento y las entrevistas al camionero que habría sido sobrepasado y al conductor del taxi. A esto se sumaron informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y las lesiones que presenta la mujer que continúa bajo tratamiento médico.
La querella adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular no formuló objeciones.
Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria, en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y pluralidad de víctimas (dos víctimas), conforme a los artículos 54, 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.
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Pagó una hamburguesa que nunca recibió y la empresa deberá indemnizarla con $350.000
La consumidora inició una demanda por incumplimiento de un contrato de consumo y reclamó más de un millón de pesos. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que fue homologado judicialmente.
Una consumidora que pagó un pedido de hamburguesas que nunca recibió consiguió una reparación económica de $350.000, luego de recurrir a la Justicia por incumplimiento de un contrato de consumo. El acuerdo fue alcanzado con la empresa Arcos Dorados Argentina S.A. y homologado por el Poder Judicial.
El hecho ocurrió el 28 de mayo, durante el Día Internacional de la Hamburguesa, cuando la mujer realizó una compra a través de la aplicación de una cadena de comidas rápidas. Después de efectuar el pago, recibió una confirmación que indicaba: «Ya recibimos tu pedido».
Sin embargo, cuando se presentó en el local para retirar la comida, le informaron que no podían entregársela porque la operación no se había procesado correctamente. La consumidora se retiró sin el pedido e inició el trámite para recuperar el dinero.
Pese a realizar varios reclamos a través del asistente virtual y por correo electrónico, no consiguió una respuesta favorable ni el reintegro del importe abonado.
Ante esa situación, presentó una demanda de menor cuantía ante el juzgado de Paz de Cipolletti. Reclamó la devolución del dinero con intereses, una indemnización por daño moral y una multa por daño punitivo. El monto total solicitado superaba el millón de pesos.
El juzgado convocó a una audiencia de conciliación, a la que la mujer asistió acompañada por su abogado. La empresa, pese a estar debidamente notificada, no contestó la demanda ni se presentó al encuentro. Por ese motivo, se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial.
Posteriormente, las partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo y solicitaron su homologación. Tras revisar las condiciones, el juzgado consideró que el convenio constituía «una justa composición de los derechos e intereses de las partes».
El acuerdo se encuadró jurídicamente en la figura de la transacción, contemplada en el artículo 1641 y siguientes del Código Civil y Comercial, que permite poner fin a un litigio mediante concesiones recíprocas. Con la homologación judicial, el convenio adquiere fuerza de sentencia.
De acuerdo con lo establecido, la empresa deberá pagar $350.000 mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio. Una vez realizado el pago, la obligación quedará extinguida.
El pedido había sido realizado en un local de McDonald’s ubicado en el Alto Comahue Shopping de Neuquén. Según el fallo, la cadena opera comercialmente en Argentina a través de Arcos Dorados Argentina S.A., que fue la firma demandada.
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La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
