Río Negro
Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Contratos de Participación Pública y Privada
Además se aprobaron otras iniciativas parlamentarias en la sesión de ayer en la Legislatura.
El Parlamento rionegrino aprobó ayer (22/03), por mayoría y en primera vuelta, un proyecto que busca adherir a la Ley Nacional de Contratos de Participación Pública y Privada (PPP).
El legislador Leandro Tozzi (JSRN), como autor de la iniciativa, explicó que la norma tiene como objetivo facilitar y propiciar un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable en Argentina.
De acuerdo a la ley, los contratos PPP pueden celebrarse entre órganos y entes de la Administración Pública Nacional y sujetos privados o públicos, para el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y/o financiamiento en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Tozzi remarcó “la importancia de contar con una normativa especifica que determine las reglas de juego, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, los procedimientos de selección y contratación, la regulación ambiental de los proyectos, las incompatibilidades para contratar, la metodología de resolución de los conflictos y una regulación que establezca claramente los estamentos del Estado que regulan y aplican este tipo de relaciones entre las partes involucradas”.
Según el legislador, este marco normativo brindará previsibilidad, transparencia, claridad y estabilidad de las reglas normativas que rigen la actividad.
La legisladora María Inés Grandoso (FpV) adelantó el voto negativo de su bancada porque consideró que este tipo de herramientas han fracasado en otros lugares del mundo y porque significa más deuda pública para el Estado. A su vez, cuestionó que la propuesta no replica la creación de una comisión de seguimiento y control de las obras, como sí lo incluye la norma nacional.
El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) expresó que “el tratamiento de esta propuesta es uno de los momentos más difíciles de mi vida política, porque tengo que votar una ley que desde mis convicciones y mi historia política no puedo acompañar jamás”.
Argumentó que no comparte el artículo primero del proyecto, que es la adhesión a la ley nacional, porque “el espíritu de las PPP son igualar al Estado con el sector privado”.
Tozzi y Alejandro Palmieri (JSRN) defendieron el proyecto y coincidieron en que se trata de una herramienta importante y que su éxito depende de quién la use y quién la controle.
Afirmaron que el Estado no se corre de su rol sino que busca la complementariedad con el sector privado, y que sigue en sus manos la metodología y el control de las obras.
Por otra parte, Palmieri afirmó que “no es cierto que se tome más deuda, sino que la evita”. En el mismo sentido, Tozzi manifestó que esta herramienta es una alternativa al endeudamiento, porque el riesgo financiero lo asume el privado”.
Horizonte Seguros
La Legislatura provincial avaló otra iniciativa de Tozzi que propone que la totalidad de los seguros exigidos en el marco de contrataciones que lleve a cabo el Estado provincial sean adquiridos por la empresa Horizonte Compañías de Seguros S.A.
La iniciativa, que fue aprobada por mayoría, alcanza a todas las concesiones, adjudicaciones, licencias, locaciones, préstamos y operaciones en las que el Estado actúe como sujeto contratante, exceptuando los seguros de cobertura de riesgos del trabajo.
Servicio Penitenciario
La Cámara sancionó además una modificación a la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para otorgar, en caso que no la detente, la máxima jerarquía de la fuerza al Subdirector General.
La legisladora Tania Lastra explicó que la propuesta del Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, busca organizar este servicio “bajo las reglas de verticalidad y cadena de mando que es necesario en este tipo de instituciones”.
Afirmó que la iniciativa se motivó en la necesidad de reforzar y modificar la estructura funcional del SPP y regular explícitamente las condiciones para detentar el cargo de subdirector.
El legislador Marcelo Mango (FpV) adelantó el voto desfavorable de su bancada, porque explicitó que más allá de esta modificación menor, se evidencia que esta ley es regresiva para un Poder Legislativo rionegrino que se caracterizaba por ser progresista, y que esta norma avanzó en la militarización del SPP.
Informáticos
El Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca incorporar el agrupamiento de Informáticos a la ley 1844, y así facilitarles la obtención de categorías mayores a 16.
El legislador Rodolfo Cufré (JSRN), autor de la propuesta junto a Facundo López y Graciela Valdebenito, explicó que el proyecto “busca otorgarle a los trabajadores informáticos un derecho, que tal vez por una omisión involuntaria de la última reforma de la ley 1844, dejó a este sector afuera”.
Expresó que la ley por la que se rigen actualmente les pone una traba en la categoría 16, cuando en la 1844 tiene una categorización que llega hasta la 25. Afirmó también que esta medida no significa grandes cambios en la economía de la Provincia, porque no son más de 65 trabajadores.
Indicó además que se le sumó a la propuesta una reforma sugerida por el Ministerio de la Función Pública, que establece las funciones, capacidades y el entrenamiento técnico que tienen que tener quienes pretendan tener esta recategorización.
El legislador Facundo López agradeció la presencia de los trabajadores y los gremios, que fueron quienes impulsaron la propuesta.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
