El Parlamento rionegrino aprobó ayer (22/03), por mayoría y en primera vuelta, un proyecto que busca adherir a la Ley Nacional de Contratos de Participación Pública y Privada (PPP).

El legislador Leandro Tozzi (JSRN), como autor de la iniciativa, explicó que la norma tiene como objetivo facilitar y propiciar un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable en Argentina.

De acuerdo a la ley, los contratos PPP pueden celebrarse entre órganos y entes de la Administración Pública Nacional y sujetos privados o públicos, para el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y/o financiamiento en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Tozzi remarcó “la importancia de contar con una normativa especifica que determine las reglas de juego, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, los procedimientos de selección y contratación, la regulación ambiental de los proyectos, las incompatibilidades para contratar, la metodología de resolución de los conflictos y una regulación que establezca claramente los estamentos del Estado que regulan y aplican este tipo de relaciones entre las partes involucradas”.

Según el legislador, este marco normativo brindará previsibilidad, transparencia, claridad y estabilidad de las reglas normativas que rigen la actividad.

La legisladora María Inés Grandoso (FpV) adelantó el voto negativo de su bancada porque consideró que este tipo de herramientas han fracasado en otros lugares del mundo y porque significa más deuda pública para el Estado. A su vez, cuestionó que la propuesta no replica la creación de una comisión de seguimiento y control de las obras, como sí lo incluye la norma nacional.

El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) expresó que “el tratamiento de esta propuesta es uno de los momentos más difíciles de mi vida política, porque tengo que votar una ley que desde mis convicciones y mi historia política no puedo acompañar jamás”.

Argumentó que no comparte el artículo primero del proyecto, que es la adhesión a la ley nacional, porque “el espíritu de las PPP son igualar al Estado con el sector privado”.

Tozzi y Alejandro Palmieri (JSRN) defendieron el proyecto y coincidieron en que se trata de una herramienta importante y que su éxito depende de quién la use y quién la controle.

Afirmaron que el Estado no se corre de su rol sino que busca la complementariedad con el sector privado, y que sigue en sus manos la metodología y el control de las obras.

Por otra parte, Palmieri afirmó que “no es cierto que se tome más deuda, sino que la evita”. En el mismo sentido, Tozzi manifestó que esta herramienta es una alternativa al endeudamiento, porque el riesgo financiero lo asume el privado”.

Horizonte Seguros

La Legislatura provincial avaló otra iniciativa de Tozzi que propone que la totalidad de los seguros exigidos en el marco de contrataciones que lleve a cabo el Estado provincial sean adquiridos por la empresa Horizonte Compañías de Seguros S.A.

La iniciativa, que fue aprobada por mayoría, alcanza a todas las concesiones, adjudicaciones, licencias, locaciones, préstamos y operaciones en las que el Estado actúe como sujeto contratante, exceptuando los seguros de cobertura de riesgos del trabajo.

Servicio Penitenciario

La Cámara sancionó además una modificación a la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para otorgar, en caso que no la detente, la máxima jerarquía de la fuerza al Subdirector General.

La legisladora Tania Lastra explicó que la propuesta del Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, busca organizar este servicio “bajo las reglas de verticalidad y cadena de mando que es necesario en este tipo de instituciones”.

Afirmó que la iniciativa se motivó en la necesidad de reforzar y modificar la estructura funcional del SPP y regular explícitamente las condiciones para detentar el cargo de subdirector.

El legislador Marcelo Mango (FpV) adelantó el voto desfavorable de su bancada, porque explicitó que más allá de esta modificación menor, se evidencia que esta ley es regresiva para un Poder Legislativo rionegrino que se caracterizaba por ser progresista, y que esta norma avanzó en la militarización del SPP.

Informáticos

El Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca incorporar el agrupamiento de Informáticos a la ley 1844, y así facilitarles la obtención de categorías mayores a 16.

El legislador Rodolfo Cufré (JSRN), autor de la propuesta junto a Facundo López y Graciela Valdebenito, explicó que el proyecto “busca otorgarle a los trabajadores informáticos un derecho, que tal vez por una omisión involuntaria de la última reforma de la ley 1844, dejó a este sector afuera”.

Expresó que la ley por la que se rigen actualmente les pone una traba en la categoría 16, cuando en la 1844 tiene una categorización que llega hasta la 25. Afirmó también que esta medida no significa grandes cambios en la economía de la Provincia, porque no son más de 65 trabajadores.

Indicó además que se le sumó a la propuesta una reforma sugerida por el Ministerio de la Función Pública, que establece las funciones, capacidades y el entrenamiento técnico que tienen que tener quienes pretendan tener esta recategorización.

El legislador Facundo López agradeció la presencia de los trabajadores y los gremios, que fueron quienes impulsaron la propuesta.