Río Negro
Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Contratos de Participación Pública y Privada
Además se aprobaron otras iniciativas parlamentarias en la sesión de ayer en la Legislatura.
El Parlamento rionegrino aprobó ayer (22/03), por mayoría y en primera vuelta, un proyecto que busca adherir a la Ley Nacional de Contratos de Participación Pública y Privada (PPP).
El legislador Leandro Tozzi (JSRN), como autor de la iniciativa, explicó que la norma tiene como objetivo facilitar y propiciar un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable en Argentina.
De acuerdo a la ley, los contratos PPP pueden celebrarse entre órganos y entes de la Administración Pública Nacional y sujetos privados o públicos, para el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y/o financiamiento en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Tozzi remarcó “la importancia de contar con una normativa especifica que determine las reglas de juego, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, los procedimientos de selección y contratación, la regulación ambiental de los proyectos, las incompatibilidades para contratar, la metodología de resolución de los conflictos y una regulación que establezca claramente los estamentos del Estado que regulan y aplican este tipo de relaciones entre las partes involucradas”.
Según el legislador, este marco normativo brindará previsibilidad, transparencia, claridad y estabilidad de las reglas normativas que rigen la actividad.
La legisladora María Inés Grandoso (FpV) adelantó el voto negativo de su bancada porque consideró que este tipo de herramientas han fracasado en otros lugares del mundo y porque significa más deuda pública para el Estado. A su vez, cuestionó que la propuesta no replica la creación de una comisión de seguimiento y control de las obras, como sí lo incluye la norma nacional.
El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) expresó que “el tratamiento de esta propuesta es uno de los momentos más difíciles de mi vida política, porque tengo que votar una ley que desde mis convicciones y mi historia política no puedo acompañar jamás”.
Argumentó que no comparte el artículo primero del proyecto, que es la adhesión a la ley nacional, porque “el espíritu de las PPP son igualar al Estado con el sector privado”.
Tozzi y Alejandro Palmieri (JSRN) defendieron el proyecto y coincidieron en que se trata de una herramienta importante y que su éxito depende de quién la use y quién la controle.
Afirmaron que el Estado no se corre de su rol sino que busca la complementariedad con el sector privado, y que sigue en sus manos la metodología y el control de las obras.
Por otra parte, Palmieri afirmó que “no es cierto que se tome más deuda, sino que la evita”. En el mismo sentido, Tozzi manifestó que esta herramienta es una alternativa al endeudamiento, porque el riesgo financiero lo asume el privado”.
Horizonte Seguros
La Legislatura provincial avaló otra iniciativa de Tozzi que propone que la totalidad de los seguros exigidos en el marco de contrataciones que lleve a cabo el Estado provincial sean adquiridos por la empresa Horizonte Compañías de Seguros S.A.
La iniciativa, que fue aprobada por mayoría, alcanza a todas las concesiones, adjudicaciones, licencias, locaciones, préstamos y operaciones en las que el Estado actúe como sujeto contratante, exceptuando los seguros de cobertura de riesgos del trabajo.
Servicio Penitenciario
La Cámara sancionó además una modificación a la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para otorgar, en caso que no la detente, la máxima jerarquía de la fuerza al Subdirector General.
La legisladora Tania Lastra explicó que la propuesta del Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, busca organizar este servicio “bajo las reglas de verticalidad y cadena de mando que es necesario en este tipo de instituciones”.
Afirmó que la iniciativa se motivó en la necesidad de reforzar y modificar la estructura funcional del SPP y regular explícitamente las condiciones para detentar el cargo de subdirector.
El legislador Marcelo Mango (FpV) adelantó el voto desfavorable de su bancada, porque explicitó que más allá de esta modificación menor, se evidencia que esta ley es regresiva para un Poder Legislativo rionegrino que se caracterizaba por ser progresista, y que esta norma avanzó en la militarización del SPP.
Informáticos
El Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca incorporar el agrupamiento de Informáticos a la ley 1844, y así facilitarles la obtención de categorías mayores a 16.
El legislador Rodolfo Cufré (JSRN), autor de la propuesta junto a Facundo López y Graciela Valdebenito, explicó que el proyecto “busca otorgarle a los trabajadores informáticos un derecho, que tal vez por una omisión involuntaria de la última reforma de la ley 1844, dejó a este sector afuera”.
Expresó que la ley por la que se rigen actualmente les pone una traba en la categoría 16, cuando en la 1844 tiene una categorización que llega hasta la 25. Afirmó también que esta medida no significa grandes cambios en la economía de la Provincia, porque no son más de 65 trabajadores.
Indicó además que se le sumó a la propuesta una reforma sugerida por el Ministerio de la Función Pública, que establece las funciones, capacidades y el entrenamiento técnico que tienen que tener quienes pretendan tener esta recategorización.
El legislador Facundo López agradeció la presencia de los trabajadores y los gremios, que fueron quienes impulsaron la propuesta.
Judiciales
Tras acreditar que no sufrirán cortes de servicio, la Justicia rechazó el amparo contra la tarifa eléctrica
Se trata de dos usuarios que demostraron que no podrán pagar la tarifa con el brutal aumento.
El juez Contencioso Administrativo de Roca rechazó el amparo que habían presentado por imposibilidad de pago dos usuarios del servicio de energía eléctrica. La decisión se dictó luego de acreditar con informes oficiales que ninguno de los amparistas sufrirá cortes del servicio.
Los usuarios habían pedido que se deje sin efecto el nuevo cuatro tarifario aprobado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La sentencia destacó que el EPRE ha brindado tutela administrativa efectiva a los reclamos previos de ambos usuarios y que los dos hombres tienen garantizado, por resoluciones internas de ese organismo, que no sufrirán cortes de suministro a raíz del eventual retraso de los pagos.
El juez también aclaró que, según la doctrina obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, la vía del amparo no es admisible para modificar una política pública -en este caso la tarifa de electricidad- que ha sido analizada y definida por los otros poderes del Estado en el ejercicio normal de las funciones que les asigna la Constitución.
En el amparo, los usuarios denunciaron «que por la extrema situación económica en la que se encuentran, no pueden abonar el costo de la tarifa eléctrica y que ello generará, en forma inminente, el corte del servicio». Afirmaron además «que esa situación denunciada en sede administrativa, no ha tenido una respuesta satisfactoria».
Sin embargo, sostuvo el juez, de la información brindada por los organismos públicos «surge que la situación denunciada por los amparistas ha sido eficazmente atendida en la sede natural – administrativa-«.
El EPRE informó que hay dos expedientes administrativos en los que «se ha ordenado en forma previa al inicio de esta acción (…), la suspensión del corte del servicio de electricidad de los actores y mientras se analiza el reclamo administrativo que presentaran».
De ese modo, según definió el juez, el Ente Regulador «ha tutelado en la vía natural y ordinaria la especial situación denunciada por los amparistas y ha dado una respuesta que, sin recepcionar el planteo de fondo -es decir, sin reconocer la pretendida irrazonabilidad del nuevo cuadro tarifario-, procura evitar que las familias R. y E. se vean afectadas con un corte del servicio de electricidad que recrudezca su estado de vulnerabilidad».
«A diferencia de lo denunciado por los amparistas en su escrito de inicio, entiendo que ha existido intervención oportuna del organismo administrativo EPRE», concluyó la sentencia. También recordó que está vigente la Ley Provincial N° 5684 «por la que se suspenden los cortes de servicios públicos domiciliarios de vivienda única familiar a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impida su cumplimiento. Sin pretender desconocer la apremiante situación económica que pesa sobre los amparistas y sus familias», el juez definió que «no existió por parte de los demandados (EPRE y EdERSA) una acción u omisión ilegítima que habilitara la procedencia de la acción de amparo».
Sobre la imposibilidad de utilizar la vía del amparo para discutir la legalidad de las tarifas, el juez hizo un especial apartado. «Debo recordar que nos encontramos en un estado democrático y republicano de derecho, en el que la intromisión del Poder Judicial en el marco de las funciones de los restantes Poderes del Estado debe tener carácter estrictamente restrictivo, por que si así no ocurriese, se frustraría y exorbitaría el equilibrio constitucional».
«A modo de conclusión, no existiendo acción u omisión ilegítima por parte de los demandados EdERSA y EPRE respecto de los los actores y vigente la doctrina legal obligatoria que prohíbe a los Tribunales inferiores ingresar a revisar la legalidad -entendida como juridicidad- del cuadro tarifario en el marco de una acción de amparo, deberé sin más rechazar la acción constitucional iniciada por los ciudadanos», concluyó la sentencia.
Policiales
La Policía incautó 7 kilos de cocaína y hay varios detenidos
El valor de la droga secuestrada supera los 50 millones de pesos.
La Policía de Río Negro y el Poder Judicial llevaron a cabo un exitoso operativo tras una investigación de cuatro meses que finalizó con la detención de varios individuos y la incautación de una importante cantidad de droga y municiones.
El operativo se centró en varias residencias de Allen, incluyendo domicilios en las calles Dique Ballester, Brentana, Río Colorado y Belisario Roldán. La Delegación de Toxicomanía Zona Andina colaboró estrechamente con la División Toxicomanía de Alto Valle Centro Allen, así como con otras unidades, logrando resultados significativos.
En total, se incautaron 7.242 kilos de cocaína y 26,7 gramos de marihuana, se secuestraron 12 teléfonos celulares y una suma total de $1.051.885, 14.000 pesos chilenos y 21 dólares estadounidenses. Además, se confiscaron 49 municiones calibre 45mm, 16 municiones calibre 40mm, una munición calibre 38 special y un cargador de una 9mm.
El operativo movilizó a un total de 25 agentes policiales, con el apoyo de dos grupos del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) y cuatro vehículos. Las unidades intervinientes incluyeron la Delegación de Toxicomanía General Roca, la División Toxicomanía Villa Regina, el COER y la Sección Canes Allen.
Este procedimiento fue producto de un minucioso trabajo de investigación por parte de la Policía de Río Negro, que incluyó tareas de campo en San Carlos de Bariloche. El Ministerio Público Fiscal Provincial también jugó un rol clave en la coordinación y ejecución del operativo.
El valor estimado de la droga incautada asciende a más de 50 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico en la región. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad y la justicia para desmantelar esta red delictiva y llevar a los responsables ante la ley.
Río Negro
Está abierta la inscripción para el Plan FinEs 2024
Destinado a mayores de 18 años, será presencial y se llevará a cabo en Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que se encuentran abiertas las pre-inscripciones para el Plan FinEs 2024 -Línea Deudores de Materias-. Este año el Plan será presencial y se llevará a cabo en General Roca, San Carlos de Bariloche, Viedma y Cipolletti.
La propuesta está destinada a jóvenes y adultos/as mayores de 18 años que hayan cursado hasta el último año de la educación secundaria como estudiantes regulares y adeuden materias (podrán participar de esta línea quienes hubieran terminado de cursar el último año de la escuela secundaria, hasta el mes de diciembre de 2023 inclusive); y que hayan cursado en secundarias comunes. Esta línea no está destinada a escuelas técnicas.
En esta línea se podrán acreditar hasta cinco materias por cohorte.
Los y las estudiantes de las localidades antes mencionadas podrán inscribirse al Plan ingresando en https://forms.gle/Eg8Ur4ZEeDBa7nP88.
Una vez completado el formulario la inscripción quedará confirmada con la presentación de la documentación respaldatoria (Fotocopia de DNI dorso y reverso), Constancia de CUIL y Certificación de materias adeudadas de la escuela donde se finalizó de cursar los estudios secundario) en las Escuelas Sedes de cada localidad de residencia, del 16 de septiembre al 20 de septiembre inclusive.
Las escuelas sede son:
– Roca: CEM N° 73, ubicado en Isidro Lobo N° 850 – [email protected]
– Bariloche: CEM N° 77, ubicado en Albarracin N° 234 – [email protected]
– Cipolletti: CENS N° 15, calle Paraguay N° 1050 – [email protected]
– Viedma: CEM N° 91, calle José María Guido N° 243 – [email protected]
Por más información, los y las interesados pueden escribir a: [email protected].
