Judiciales
Solicitan 13 años de prisión a hombre acusado de abusar de la hija de su pareja
Los hechos se habrían dado en un número indeterminado de oportunidades.
El fiscal jefe Andrés Nelli solicitó que se condene a un hombre a 13 años de prisión efectiva por el delito de “corrupción de menores agravada en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de oportunidades en concurso real, con abuso sexual gravemente ultrajante” (Art. 125 segundo párrado, 119 segundo y tercer párrafo, 54 y 55 del Código Penal).
Cabe recordar que el imputado habiendo tenido una condena adversa por los mismos hechos de abuso que se juzgan en la ex-Cámara Criminal Segunda de Roca, ésta fue recurrida en casación por una calificación y pena más gravosa hacia el hombre.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar de los agravios del Ministerio Publico Fiscal, anulando dicho fallo de Cámara y ordenado que se realice un nuevo juicio el 24 y 25 de junio de 2015. En dicha oportunidad, estando los jueces de Cámara, las partes y el acusado (que venía gozando de libertad bajo palabra), este último solicitó un cuarto intermedio y en el mismo juicio se dio a la fuga. En ese momento se declaró su rebeldía y pedido de captura y así continuó hasta el 5 de febrero de 2018, que fue visto en la ciudad de Neuquén por la madre de las menores, y fue ella quién realizó la inmediata denuncia ante la Policía de la vecina provincia. Junto con la participación de la Policía de Río Negro se procedió a su detención y se dictó de manera inmediata la prisión preventiva, con la que llegó a juicio el 15 de marzo de este año.
Teniendo en cuenta lo anterior, es que el Ministerio Público Fiscal quedando así acreditado el peligro de fuga, peticionó en sus alegatos que se mantenga la detención atento a que la pena propuesta no amerita excarcelación.
“Se da por acreditado la autoría a partir de la prueba ofrecida por esta Fiscalía. Es necesario recordar que en este tipo de delitos, por sus especiales características, es muy dificultosa la existencia de testigos directos, de modo que las manifestaciones de las víctimas se tornan fundamentales para esclarecerlos. La niña, testigo único presencial, fue escuchada y su declaración corrobora por las demás pruebas de acuerdo con el sistema de la sana crítica”, explicó Nelli en sus alegatos.
Es así que durante el debate se consideró la Cámara Gesell de la menor víctima y de su hermana cuyos relatos fueron espontáneos, la denuncia y el testimonio del padre de la niña, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), entre otras pruebas.
El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “es de destacar la versión homogénea dada por la víctima y su hermana, también menor, y se descarta que el relato haya sido inducido por otras personas”.
Respecto del agravante, éste reside en la mayor ofensa a la dignidad e integridad sexual, moral y personal de la víctima, que sufre un grado de degradación o vejación superior a un abuso simple. El fiscal basó esta argumentación en el fallo del Superior Tribunal de Justicia N° 98/13 y 36/13.
“Los actos de este hombre fueron con la deliberada intención de corromper a la víctima para servirse en el futuro de ello, como lo venía haciendo, configurándose así el delito de corrupción de menores. Dicha cuestión se prueba conforme a los dichos de dos testigos del núcleo conviviente de la niña que declararon en debate”, señaló Nelli.
Los hechos según la acusación fiscal “ocurrieron en Roca, en reiteradas oportunidades, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicables desde los 8 años de la víctima y la última vez en mayo de 2011 cuando ya había cumplido 9 años, en la casa donde vivían las dos hermanas junto a su madre y su concubino. Fue así que cuando la madre de las niñas salía a trabajar, el hombre habría abusado sexualmente de la mayor de las nenas”.
Judiciales
Volcó el acoplado y perdió toda la fruta que iba al norte: Condenan parcialmente a la conductora que chocó al camión
El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 22 y calle Félix Heredia.
Un camión que transportaba 1.300 bultos de fruta transitaba por la Ruta Nacional N° 22 en sentido oeste en Roca, volcó y perdió todo su cargamento. El rodado, al llegar al cruce con la calle Félix Heredia, fue colisionado en el costado derecho por una camioneta que circulaba en sentido contrario.
El golpe provocó el vuelco del semirremolque y la pérdida total de la carga. El impacto generó un efecto tijera entre el acoplado y el camión, que terminó en un desagüe.
La empresa se dedica a la carga de peras y manzanas para abastecer el norte del país. Además, realiza el traslado de azúcar a los supermercados de la zona. Luego del siniestro, la firma inició una demanda por daños y perjuicios contra la conductora de la camioneta.
El fuero civil de Roca admitió parcialmente el reclamo. Reconoció el costo de reparación del camión y rechazó la indemnización por el semirremolque porque ya había sido cubierta por el seguro, lo que impedía un doble cobro. También desestimó los reclamos por el equipo de frío y la carga transportada por falta de pruebas.
Mediante una pericia técnica, el fallo consideró acreditada la mecánica del accidente. Así, concluyó que la conductora ingresó a la ruta sin las precauciones necesarias.
La prueba producida no confirmó la existencia de pérdidas económicas derivadas del accidente ni la interrupción de contratos comerciales. La sentencia destacó la ausencia de una pericia contable que respaldara ese perjuicio.
En cambio, sí admitió la indemnización por privación de uso del vehículo. Consideró que la imposibilidad de utilizar el camión genera un daño en sí mismo, por la afectación a la actividad normal de la empresa. Fijó este concepto en el monto reclamado.
Finalmente, la sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la conductora a pagar una indemnización. También extendió la condena a la aseguradora según la póliza vigente.
Judiciales
Los gatos no lo dejaban dormir y ahuyentaron a sus inquilinos: Condenan a vecinos por los daños
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
Un hombre buscaba tranquilidad en su casa de Ingeniero Huergo, pero las noches se volvieron un mal sueño. El silencio se rompía cada madrugada con golpes secos sobre las chapas. Varios gatos saltaban, peleaban y corrían sobre su techo.
Esta situación afectó su salud y también su bolsillo. Sus inquilinos no soportaron el ruido y abandonaron el departamento que él alquila. Un joven que estudiaba y trabajaba fue uno de los más afectados. Nunca lograba el descanso adecuado.
Así, el hombre bajó el precio del alquiler para que el lugar no quedara vacío. Mientras los desechos de los animales se acumulaban sobre su vivienda.
El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo hizo lugar a la demanda de menor cuantía iniciada por el dueño de la casa. La acción fue por los daños y perjuicios derivados de ruidos molestos e inmisiones producidas por animales.
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone a los vecinos la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
El hombre sostuvo que desde 2023 sufre perturbaciones constantes por la presencia de gatos provenientes de la vivienda vecina. Indicó que los animales circulan por los techos, generan ruidos nocturnos, se pelean y dejan excrementos en su propiedad.
También señaló que existieron denuncias previas en el Juzgado de Faltas Municipal, con sanciones que no fueron cumplidas por los vecinos.
Las personas negaron los hechos. Declararon ejercer una tenencia responsable de sus animales. Dijeron que los gatos se encuentran castrados. En su defensa, señalaron que existe sobrepoblación de animales y que no puede atribuirse a ellos la conducta denunciada. Además, acusaron al hombre de hostigar a vecinos y de exagerar los perjuicios.
Durante el proceso se produjeron pruebas documentales y testimoniales. Un testigo que alquilaba al actor confirmó que los ruidos de los gatos eran diarios y nocturnos, y que le impedían descansar, lo que motivó su mudanza. El tribunal consideró relevante la ubicación de los inmuebles, que facilita el tránsito de animales entre ambos fondos.
El juez analizó el caso bajo el Código Civil y Comercial, que regula las inmisiones entre vecinos. Concluyó que las molestias superaron el umbral de tolerancia normal debido a su frecuencia, horario y duración. También valoró el incumplimiento previo de la normativa municipal y de decisiones del Juez de Faltas.
Se consideró acreditada la conducta ilegal por omisión; esto quiere decir que, ante las advertencias y los llamados de atención, los vecinos no actuaron y tomaron una actitud pasiva. Además, se dio por probado el daño moral sufrido por el propietario.
Judiciales
Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
