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Judiciales

Solicitan 13 años de prisión a hombre acusado de abusar de la hija de su pareja

Los hechos se habrían dado en un número indeterminado de oportunidades.

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El fiscal jefe Andrés Nelli solicitó que se condene a un hombre a 13 años de prisión efectiva por el delito de “corrupción de menores agravada en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de oportunidades en concurso real, con abuso sexual gravemente ultrajante” (Art. 125 segundo párrado, 119 segundo y tercer párrafo, 54 y 55 del Código Penal).

Cabe recordar que el imputado habiendo tenido una condena adversa por los mismos hechos de abuso que se juzgan en la ex-Cámara Criminal Segunda de Roca, ésta fue recurrida en casación por una calificación y pena más gravosa hacia el hombre.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar de los agravios del Ministerio Publico Fiscal, anulando dicho fallo de Cámara y ordenado que se realice un nuevo juicio el 24 y 25 de junio de 2015. En dicha oportunidad, estando los jueces de Cámara, las partes y el acusado (que venía gozando de libertad bajo palabra), este último solicitó un cuarto intermedio y en el mismo juicio se dio a la fuga. En ese momento se declaró su rebeldía y pedido de captura y así continuó hasta el 5 de febrero de 2018, que fue visto en la ciudad de Neuquén por la madre de las menores, y fue ella quién realizó la inmediata denuncia ante la Policía de la vecina provincia. Junto con la participación de la Policía de Río Negro se procedió a su detención y se dictó de manera inmediata la prisión preventiva, con la que llegó a juicio el 15 de marzo de este año.

Teniendo en cuenta lo anterior, es que el Ministerio Público Fiscal quedando así acreditado el peligro de fuga, peticionó en sus alegatos que se mantenga la detención atento a que la pena propuesta no amerita excarcelación.

“Se da por acreditado la autoría a partir de la prueba ofrecida por esta Fiscalía. Es necesario recordar que en este tipo de delitos, por sus especiales características, es muy dificultosa la existencia de testigos directos, de modo que las manifestaciones de las víctimas se tornan fundamentales para esclarecerlos. La niña, testigo único presencial, fue escuchada y su declaración corrobora por las demás pruebas de acuerdo con el sistema de la sana crítica”, explicó Nelli en sus alegatos.

Es así que durante el debate se consideró la Cámara Gesell de la menor víctima y de su hermana cuyos relatos fueron espontáneos, la denuncia y el testimonio del padre de la niña, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), entre otras pruebas.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “es de destacar la versión homogénea dada por la víctima y su hermana, también menor, y se descarta que el relato haya sido inducido por otras personas”.

Respecto del agravante, éste reside en la mayor ofensa a la dignidad e integridad sexual, moral y personal de la víctima, que sufre un grado de degradación o vejación superior a un abuso simple. El fiscal basó esta argumentación en el fallo del Superior Tribunal de Justicia N° 98/13 y 36/13.

“Los actos de este hombre fueron con la deliberada intención de corromper a la víctima para servirse en el futuro de ello, como lo venía haciendo, configurándose así el delito de corrupción de menores. Dicha cuestión se prueba conforme a los dichos de dos testigos del núcleo conviviente de la niña que declararon en debate”, señaló Nelli.

Los hechos según la acusación fiscal “ocurrieron en Roca, en reiteradas oportunidades, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicables desde los 8 años de la víctima y la última vez en mayo de 2011 cuando ya había cumplido 9 años, en la casa donde vivían las dos hermanas junto a su madre y su concubino. Fue así que cuando la madre de las niñas salía a trabajar, el hombre habría abusado sexualmente de la mayor de las nenas”.

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Judiciales

La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre

La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.

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El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.

Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.

El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.

Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.

Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.

Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.

La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.

La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.

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Trabaja en una bodega expuesta al ruido de las maquinas: La ART deberá compensar la hipoacusia

Durante 24 horas semanales está expuesta al ruido de las máquinas transportadoras en un lugar cerrado.

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Una mujer trabaja desde hace 18 años en una bodega ubicada en una chacra de Roca. En el establecimiento realiza tareas como clasificadora. Durante 24 horas semanales está expuesta al ruido de las máquinas transportadoras en un lugar cerrado.

En los últimos años comenzó a sentir zumbidos en el oído izquierdo y, luego, en el derecho. Las molestias derivaron en una disminución auditiva. Finalmente, fue diagnosticada con hipoacusia bilateral. La patología está directamente relacionada con la exposición al ruido como factor de riesgo.

La mujer inició los trámites para denunciar la enfermedad profesional, pero la aseguradora rechazó la presentación. Ante esta negativa, recurrió al Poder Judicial y presentó una demanda contra La Segunda ART. También impugnó el dictamen de la comisión médica, que calificó el hecho como una enfermedad inculpable.

Durante el proceso judicial, afirmó que no tenía antecedentes auditivos al momento de ingresar a trabajar, lo cual quedó acreditado en el examen preocupacional realizado antes de su incorporación a la bodega. Además, explicó que la empresa no proporciona elementos de protección auditiva.

El fuero Laboral de Roca dio por probada la existencia del factor de riesgo ruido en el puesto de trabajo, así como también la exposición continua a este. Asimismo, reconoció la existencia de una enfermedad auditiva y la relación de causalidad entre el ruido y el daño.

El fallo consideró el carácter profesional de la hipoacusia y condenó a la ART a indemnizar a la mujer por la incapacidad parcial sufrida.

La aseguradora sostuvo que la enfermedad denunciada no es de carácter laboral y, por lo tanto, no está cubierta por el contrato de afiliación vigente. Rechazó todos los hechos expuestos por la trabajadora y argumentó que no existía nexo causal entre la tarea desarrollada y la afección auditiva.

Durante el juicio se produjeron diversas pruebas periciales médicas y técnicas. El perito en Higiene y Seguridad confirmó que en la bodega se registraron niveles de ruido superiores a los límites legales, antes de que la empresa implementara medidas para reducirlos.

Por su parte, el perito médico reconoció que, aunque los patrones audiométricos no son típicos de una hipoacusia inducida por ruido, existe una exposición comprobada al agente nocivo y una incapacidad parcial.

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Cobraba las asignaciones familiares de los hijos, pero no las transfería a la madre: Deberá pagar cuota alimentaria

El fuero de Familia de Roca hizo lugar a la demanda de alimentos que la mujer presentó en representación de sus hijos.

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Una mujer, madre de tres hijos, trabaja como empleada doméstica, niñera y cuidadora de adultos mayores para sostener la economía familiar. Además, realizó un curso de manicura para aumentar sus ingresos.

Estuvo en pareja durante 15 años, pero la relación finalizó. El hombre continúa habitando la casa familiar, mientras que ella alquila una vivienda donde reside con sus hijos y su hermana. Un informe social determinó que el lugar es muy precario y reducido.

El padre no paga alquiler y realiza aportes económicos de manera esporádica. La mujer expresó que él cobra las asignaciones familiares correspondientes a los hijos, pero no las entrega.

El fuero de Familia de Roca hizo lugar a la demanda de alimentos que la madre presentó en representación de sus hijos. El fallo estableció una cuota alimentaria mensual sobre los ingresos del padre.

La mujer manifestó atravesar una situación económica precaria, con ingresos irregulares provenientes de trabajos informales. Detalló que vive en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos.

En su defensa, el hombre negó los hechos y sostuvo que participa en el cuidado de los niños. Sin embargo, la prueba incorporada al expediente acreditó que la atención diaria y constante de los hijos recae exclusivamente en la madre.

La jueza recordó que el cuidado brindado por madres y otras mujeres de la familia «suele ser llamado un trabajo de amor, pero nunca es solamente eso: involucra trabajo arduo y responsabilidad, tiempo, energía, dinero y pérdida de oportunidades alternativas».

El fallo reconoció el valor económico de las tareas de cuidado que realiza la madre y su impacto en la organización familiar. Esta carga fue enmarcada como una responsabilidad compartida.

Además, se indicó que el incumplimiento del padre respecto de sus obligaciones esenciales hacia los hijos constituye una forma de violencia de género económica contra la mujer.

El informe pericial describió un grupo familiar monoparental a cargo de la progenitora, con escasos recursos y condiciones habitacionales deficitarias. El padre no logró demostrar un régimen de cuidado compartido ni una presencia constante en la vida cotidiana de los hijos.

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