Judiciales
Tres médicos de Roca a juicio por mala praxis
Pertenecen a dos instituciones médicas de la ciudad y están acusados por “homicidio culposo”.
El fiscal del caso Luciano Garrido presentó la prueba con la que cuenta para acusar a tres médicos que desempeñan funciones en establecimientos privados de Roca, por el delito de “’homicidio culposo’ en razón de que el Ministerio Público Fiscal considera que los profesionales intervinientes actuaron con impericia en su profesión y no ajustando su conducta a la Lex Artis, provocando la muerte de Liliana Dominga Romero en el 2015”.
Según la acusación fiscal “el hecho ocurrió el 22 de mayo de 2015 a la mañana cuando la víctima ingresó a la guardia del primer centro de atención donde fue atendida. Una vez allí expresan los familiares que no le practicaron ningún estudio ni control arterial, y le diagnosticaron ‘ataque de pánico’, le suministraron calmantes y la enviaron a su domicilio. Más tarde, el marido regresó al nosocomio en razón de que a los síntomas que ya presentaba, dolor de cabeza, dolor en el pecho y uno de los brazos estaba dormido, se le habían agregado vómitos y adormecimiento de ambas extremidades superiores. El esposo de la víctima expresó que el profesional que actuaba en ese momento le recomendó visitar un psiquiatra. Ese mismo día a la tarde, con esos síntomas el marido la llevó a otro establecimiento de salud, allí le recetaron la aplicación de un calmante y corticoide, y el médico de guardia le indicó que descanse. El 23 de mayo, fue atendida a la mañana en esa última clínica y le dieron una vez más calmantes, regresó a la tarde, y el mismo médico indicó la colocación de un suero y que le practicaran un electrocardiograma, que dio cuenta de que la mujer tenía un infarto de dos días. Luego la trasladaron al primer establecimiento al que había asistido, para realizarle un cateterismo, y fue derivada a terapia intensiva, falleciendo unos días después”.
En la audiencia de control de acusación la defensa particular planteó que sus asistidos fueran sobreseídos, cuestión que fue rechazada, admitiendo la jueza María Evelina García Balduini la acusación tal como lo había hecho el Ministerio Público Fiscal y al que adhirió la querella.
Asimismo, se autorizó la realización de próximas medidas y el fiscal del caso adelantó que se llevará a cabo una nueva pericia en conjunto con el Cuerpo Médico Forense y los peritos aportados por las partes.
Se contará durante la realización del juicio con el testimonio de cinco personas, entre ellas el marido de la víctima, así mismo con el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense, el acta de denuncia penal, el certificado de defunción de la señora, historia clínica, libro de guardia de los nosocomios, entre tras pruebas.
Judiciales
Incineraron 43 kilos de cannabis y casi 900 plantas de marihuana en Roca
La quema se realizó en la Planta de Residuos II y corresponde a droga incautada en el marco de 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras avanzadas.
La Unidad Fiscal de General Roca llevó adelante ayer por la mañana la quema de estupefacientes en la Planta de Residuos II de la ciudad. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el material destruido corresponde a 43 kilos de cannabis entre cogollos y picadura de marihuana, y 874 plantas y plantines de marihuana.
La quema abarcó elementos incautados en 236 legajos fiscales finalizados o con pericias y tomas de contramuestras en etapa avanzada.
Judiciales
Volcó el acoplado y perdió toda la fruta que iba al norte: Condenan parcialmente a la conductora que chocó al camión
El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 22 y calle Félix Heredia.
Un camión que transportaba 1.300 bultos de fruta transitaba por la Ruta Nacional N° 22 en sentido oeste en Roca, volcó y perdió todo su cargamento. El rodado, al llegar al cruce con la calle Félix Heredia, fue colisionado en el costado derecho por una camioneta que circulaba en sentido contrario.
El golpe provocó el vuelco del semirremolque y la pérdida total de la carga. El impacto generó un efecto tijera entre el acoplado y el camión, que terminó en un desagüe.
La empresa se dedica a la carga de peras y manzanas para abastecer el norte del país. Además, realiza el traslado de azúcar a los supermercados de la zona. Luego del siniestro, la firma inició una demanda por daños y perjuicios contra la conductora de la camioneta.
El fuero civil de Roca admitió parcialmente el reclamo. Reconoció el costo de reparación del camión y rechazó la indemnización por el semirremolque porque ya había sido cubierta por el seguro, lo que impedía un doble cobro. También desestimó los reclamos por el equipo de frío y la carga transportada por falta de pruebas.
Mediante una pericia técnica, el fallo consideró acreditada la mecánica del accidente. Así, concluyó que la conductora ingresó a la ruta sin las precauciones necesarias.
La prueba producida no confirmó la existencia de pérdidas económicas derivadas del accidente ni la interrupción de contratos comerciales. La sentencia destacó la ausencia de una pericia contable que respaldara ese perjuicio.
En cambio, sí admitió la indemnización por privación de uso del vehículo. Consideró que la imposibilidad de utilizar el camión genera un daño en sí mismo, por la afectación a la actividad normal de la empresa. Fijó este concepto en el monto reclamado.
Finalmente, la sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la conductora a pagar una indemnización. También extendió la condena a la aseguradora según la póliza vigente.
Judiciales
Los gatos no lo dejaban dormir y ahuyentaron a sus inquilinos: Condenan a vecinos por los daños
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
Un hombre buscaba tranquilidad en su casa de Ingeniero Huergo, pero las noches se volvieron un mal sueño. El silencio se rompía cada madrugada con golpes secos sobre las chapas. Varios gatos saltaban, peleaban y corrían sobre su techo.
Esta situación afectó su salud y también su bolsillo. Sus inquilinos no soportaron el ruido y abandonaron el departamento que él alquila. Un joven que estudiaba y trabajaba fue uno de los más afectados. Nunca lograba el descanso adecuado.
Así, el hombre bajó el precio del alquiler para que el lugar no quedara vacío. Mientras los desechos de los animales se acumulaban sobre su vivienda.
El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo hizo lugar a la demanda de menor cuantía iniciada por el dueño de la casa. La acción fue por los daños y perjuicios derivados de ruidos molestos e inmisiones producidas por animales.
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone a los vecinos la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
El hombre sostuvo que desde 2023 sufre perturbaciones constantes por la presencia de gatos provenientes de la vivienda vecina. Indicó que los animales circulan por los techos, generan ruidos nocturnos, se pelean y dejan excrementos en su propiedad.
También señaló que existieron denuncias previas en el Juzgado de Faltas Municipal, con sanciones que no fueron cumplidas por los vecinos.
Las personas negaron los hechos. Declararon ejercer una tenencia responsable de sus animales. Dijeron que los gatos se encuentran castrados. En su defensa, señalaron que existe sobrepoblación de animales y que no puede atribuirse a ellos la conducta denunciada. Además, acusaron al hombre de hostigar a vecinos y de exagerar los perjuicios.
Durante el proceso se produjeron pruebas documentales y testimoniales. Un testigo que alquilaba al actor confirmó que los ruidos de los gatos eran diarios y nocturnos, y que le impedían descansar, lo que motivó su mudanza. El tribunal consideró relevante la ubicación de los inmuebles, que facilita el tránsito de animales entre ambos fondos.
El juez analizó el caso bajo el Código Civil y Comercial, que regula las inmisiones entre vecinos. Concluyó que las molestias superaron el umbral de tolerancia normal debido a su frecuencia, horario y duración. También valoró el incumplimiento previo de la normativa municipal y de decisiones del Juez de Faltas.
Se consideró acreditada la conducta ilegal por omisión; esto quiere decir que, ante las advertencias y los llamados de atención, los vecinos no actuaron y tomaron una actitud pasiva. Además, se dio por probado el daño moral sufrido por el propietario.
