Río Negro
Muchos reclamos por cortes de energía en la Defensoría del Pueblo
Más del 50% de los reclamos recibidos durante el primer trimestre del año en la Defensoría del Pueblo fueron resueltos.
En el transcurso de los meses de enero, febrero y marzo la Defensoría del Pueblo inició 479 actuaciones y, de ellas, más del 50% fueron resueltas, en su mayoría a través de la metodología de resolución sumaria, situación que demuestra la agilización y resolución expedita de las quejas, objetivo propuesto por esta gestión.
En cuanto a las temáticas el 26,3% de las presentaciones corresponde a cuestiones relacionadas con los derechos de usuarios y consumidores, un aumento considerable respecto al porcentaje del año pasado que fue del 7% anual. Aparecen en segundo lugar los reclamos referidos a salud con un 17,1%, distribuidos entre problemáticas relacionadas con la obra social provincial, las nacionales, los hospitales y temáticas vinculadas a salud mental.
En menor porcentaje se recibieron cuestiones de índole laboral y referidas a temáticas previsionales, especialmente las relacionadas a la reparación histórica, que alcanzan un 5,8% de los reclamos.
Cuestiones de tierra y vivienda como las de educación y las referidas a deficiencias en la prestación de los servicios públicos, son también motivo de quejas ante la Defensoría.
Si bien gran parte de los reclamos son individuales existen muchos de carácter colectivo como los costos de las tarifas de servicios públicos y el impuesto inmobiliario a los predios rurales. Asimismo, la ausencia de cajeros y el correcto abastecimiento de los mismos por parte del Banco Patagonia también fueron quejas recibidas por esta Defensoría durante el primer trimestre del año.
Otras de las cuestiones de afectación colectiva que se advierten se vincula con la falta de antenas de telefonía móvil capaces de asegurar los servicios de conectividad 3 y 4G, tal como ocurre en las localidades de San Javier, Gral. Conesa, Valcheta y otras de la Región Sur.
El corte de suministro de energía eléctrica en Roca, Cervantes y Viedma dio lugar a una actuación de oficio de parte de la Defensoría del Pueblo así como la voladura de hierro proveniente de la explotación minera a cargo de la compañía MCC en la zona de Punta Colorada, próxima a Playas Doradas.
Otra de las actuaciones impulsadas por iniciativa de la propia Defensoría del Pueblo es el diagnóstico de infraestructura escolar, percibiéndose una sustancial disminución de deficiencias en comparación con el período precedente.
Los reclamos ingresaron a través del 0800 999 3776 (DPRN), la vía de contacto gratuita para todos los ciudadanos rionegrinos y también a través de [email protected] y la página web www.defensoriarionegro.gov.ar. Sin embargo, la vía de contacto personal sigue siendo la que supera al resto al momento de presentar una queja, resultado de las recorridas que realizan las autoridades del organismo por la provincia.
En relación a la procedencia, la mayoría de las actuaciones durante este trimestre fueron de la ciudad de Viedma. En segundo lugar, le sigue la ciudad de San Carlos de Bariloche, luego Cipolletti y en cuarto lugar General Roca. Se destaca el crecimiento de presentaciones provenientes de la Región Sur, por temáticas referidas a la afectación de los derechos del consumidor.
Política
Weretilneck recorrió los trabajos que dejarán a Río Negro libre de PCB
Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.
Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.
Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.
Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.
El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.
Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.
Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
