Río Negro
Millonario ahorro para la Provincia tras eliminar publicación de edictos y actos de gobierno en el diario
Entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, el año pasado destinaron casi 20 millones de pesos.
A partir de la sanción el pasado 22 de marzo de la Ley que elimina la obligatoriedad de publicar en los medios gráficos de mayor tirada los avisos que comunican actos de gobierno como licitaciones o llamados a concurso, el Estado de Río Negro está en condiciones de realizar un sustancial ahorro en este punto. En 2017, el gasto en estas publicaciones superó los $19.000.000.
La nueva norma, impulsada por el Poder Ejecutivo con acuerdo general de ministros, modificó el sistema de notificaciones por edictos y las publicaciones que comunican actos administrativos y/o procesales que pretenden garantizar derechos de los ciudadanos, incluidas las dispuestas en distintos ordenamientos legales y los actos de gobierno como llamados a concursos o licitaciones que pretenden amplia difusión y fácil acceso.
Estas medidas se vinculan con el Plan de Modernización del Estado, que busca lograr una gestión de calidad que posibilite la provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, aprovechando las nuevas tecnologías y en coincidencia con la puesta en marcha de instrumentos como el Boletín Digital y las firmas digitales y electrónicas.
De esta manera, todas las publicaciones exigidas legalmente al sector público provincial deberán realizarse en el Boletín Oficial de Río Negro, sin perjuicio de disponerlo adicionalmente en los sitios web oficiales respectivos de cada repartición, redes sociales oficiales y medios de comunicación oficiales, o incluso de disponerse una publicación adicional cuando las circunstancias así lo determinen.
Independientemente de la modernización del sistema que esta norma representa, el Estado rionegrino en su conjunto podrá tener un importante ahorro en materia de publicaciones. En el año 2017, el Poder Ejecutivo desembolsó un total de $11.079.645 en la publicación de avisos de licitaciones, concursos de precios, convocatorias y edictos. Por su parte, el Poder Judicial hizo lo propio por poco más de $8.000.000.
Previamente, la Legislatura había sancionado la Ley Nº 5.261 por la cual se sustituyó la histórica regulación del Boletín Oficial, manteniendo no obstante el reconocimiento de éste como periódico oficial de la Provincia de Río Negro.
De esta manera, se incorporan conceptos de eficiencia y modernización a través del uso exclusivo de medios tecnológicos, en línea con la política de digitalización y despapelización de los trámites, garantizando la observancia del principio de publicidad.
El nuevo marco regulatorio prioriza la centralización de la información emanada del sector público provincial, facilitando su acceso a la comunidad y detentando validez jurídica los documentos generados electrónicamente en el ámbito del Boletín Oficial, a través de prácticas que garantizan niveles de seguridad y eficiencia.
Esto agiliza el acceso de la población a la información a través de Internet, permitiendo un conocimiento remoto con amplia disponibilidad horaria.
Esta nueva Ley se fundamentó además en el hecho que la obligatoriedad de publicar los edictos a través de medios gráficos impresos ha perdido efectividad en pos del objetivo central, esto es, que la ciudadanía acceda a la información pública. Más aún si debe pagarse por ello, lo cual se convierte en otra limitación, discriminatoria entre quienes pueden o no comprar la versión impresa.
Por ello, se considera una forma más directa, efectiva y abarcativa de cumplir con la obligación de los edictos, la utilización del Boletín Oficial de Río Negro que se publica con firma digital en el sitio oficial web de la Provincia de Río Negro, facultando incluso a la edición exclusiva de edictos.
También se posibilita el uso de los sitios web y redes sociales oficiales de cada repartición, manteniendo además la posibilidad de recurrir a los medios impresos en aquellos casos y localizaciones geográficas específicas impidan u obstaculicen la difusión que se impulsa como principio general.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
Judiciales
Obra social deberá cubrir intervención facial en proceso de transición de género
La rinoplastía feminizante fue considerada parte del proceso de adecuación corporal por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral para una cirugía de rinoplastía feminizante solicitada por una afiliada a una obra social, en el marco de su proceso de adecuación corporal conforme a su identidad de género.
El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir de la apelación presentada por la Provincia contra una sentencia de amparo que había reconocido el derecho de la afiliada a acceder a distintas intervenciones vinculadas con su proceso de transición. El recurso cuestionaba únicamente la cobertura de la rinoplastía feminizante.
Al analizar el planteo, el Superior Tribunal señaló que el debate central se vincula con el alcance del derecho a la identidad de género y con la interpretación de la normativa que regula las intervenciones médicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
La sentencia recordó que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género reconoce ese derecho como un derecho humano fundamental. Establece que las personas mayores de edad pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Además, la norma dispone que las prestaciones vinculadas con estos tratamientos deben ser garantizadas por los efectores del sistema de salud.
En ese marco, el máximo Tribunal destacó que la reglamentación del artículo 11 de la ley enumera distintas cirugías vinculadas con los procesos de adecuación corporal, pero aclara expresamente que ese listado es de carácter «meramente enunciativo y no taxativo».
Para el Superior Tribunal, este punto resulta determinante para resolver el caso, ya que implica que la cobertura de las intervenciones no se limita exclusivamente a las prácticas detalladas en la reglamentación. En consecuencia, la evaluación de cada pedido debe realizarse considerando el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género.
La sentencia también analizó la indicación médica incorporada al expediente. Según el informe profesional, la rinoplastía feminizante forma parte del proceso de afirmación de género y se vincula con la necesidad de adecuar ciertos rasgos faciales a la identidad autopercibida, con impacto en el bienestar psicológico y en la calidad de vida.
Desde esa perspectiva, el tribunal señaló que el derecho a la salud debe interpretarse en sentido amplio, conforme al concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que comprende el bienestar físico, mental y social de las personas.
El fallo también remarcó que el proceso de adecuación corporal puede involucrar distintas intervenciones que, en conjunto, integran un abordaje médico destinado a armonizar la identidad de género con las características físicas de la persona. Así, confirmó la obligación de cobertura de la obra social.
Agro
Avanza la limpieza de colectores clave para el riego en el Alto Valle
Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y junto a los consorcios de riego, avanza con la limpieza de los colectores pluviales de la 6° y 7° zona al norte de Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo. Los trabajos ya alcanzan un 40% de ejecución sobre un sistema clave para la producción.
Los trabajos son ejecutados por el DPA en conjunto con los consorcios de riego de la región y forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura hídrica que sostiene la producción frutícola del Valle.
Este sistema de colectores cumple una función fundamental en el manejo hídrico de la zona: recolecta y conduce los aportes pluviales desde el sector norte hasta su descarga en el río, permitiendo mantener la napa freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego.
El conjunto de colectores tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros. Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El inspector del DPA, Fernando Casares, explicó que «este sistema recolecta y conduce los aportes pluviales de la zona norte hasta su descarga en el río y es fundamental para mantener la freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego».
Estas tareas se inscriben en el plan permanente de mantenimiento del sistema hídrico provincial, una infraestructura clave para el desarrollo productivo del Alto Valle.
