Judiciales
Inicia juicio por robo agravado en una chacra
Hay dos imputados, aunque del hecho -ocurrido el año pasado- participaron 3 personas.
Esta mañana (25/04) la fiscal del caso Silvana García participó de la audiencia de control de acusación respecto de dos imputados por considerarlos co-autores del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada y en lugar poblado y en banda” (Artículos 166 inc. 2 primer supuesto y último párrafo, 167 inc. 2, y 45 del Código Penal).
Según la acusación fiscal el hecho “ocurrió el 24 de mayo de 2017, aproximadamente a la medianoche en la zona de chacras, en un domicilio cercano a la intersección de Humberto Canale y Ruta Nacional N° 22, de Roca. Los dos imputados más un tercer sujeto no identificado, todos con pasamontañas que dejaban ver parte de sus rostros, portando armas de fuego tipo revólver ingresaron a la vivienda a través de la ventana del living, previo romper el alambre del tejido perimetral. De esa manera despertaron de un golpe a la víctima, menor de edad, quien se encontraba solo en la casa, durmiendo en su habitación, manifestándole ‘somos de la Brigada, hubo un robo, sos el único sospechoso, levantate, quedate quieto y sentate en el comedor’, por lo que se sentó en el comedor, y los hombres comenzaron a revisar toda la casa, mientras le decían ‘dame la plata y las armas’ siempre amenazándolo con el arma de fuego. Al responder la víctima que no tenían plata ni armas, se dieron a la fuga, sustrayendo un equipo de música, una notebook y dos de Conectar Igualdad, más un celular. Los dos victimarios fueron identificados como los autores del hecho por la víctima en rueda de reconocimiento”.
La Fiscalía presentó el plexo probatorio pertinente a su teoría del caso, la defensa pública representada por Miguel Salomón asistiendo a M.A.R. aceptó la prueba y la jueza Natalia González la tuvo por admitida. Asimismo determinó que el juicio oral y público sea ante un juez unipersonal por el monto de pena estipulado.
Es así que como prueba documental quedó incorporado el croquis referencial y acta de concurrencia al lugar de los hechos, el acta de levantamiento de rastros e informe pericial confeccionado por el Gabinete de Criminalística, y el acta de reconocimiento. Respecto de las declaraciones testimoniales, la fiscalía mencionó que citará al debate a la víctima, a su madre, también a dos empleados policiales del Área Judicial e Investigaciones de Roca.
Juicio abreviado
En la misma audiencia, García planteó la realización de un juicio abreviado respecto al imputado F.D.R. asistido por el defensor público Luis Carrera, quien junto al acusado ratificó el acuerdo.
Es así que la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó el hecho, la calificación legal y la prueba (detallados up supra) y solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, “ya viene cumpliendo condenas por otros hechos y por ello está detenido. Este acuerdo se celebra sin la pertinente unificación de pena y es por ello que se solicitará una audiencia para realizar dicha procedimiento”.
En ese acto, Carrera prestó su acuerdo, así mismo el imputado aceptó la responsabilidad, estuvo de acuerdo con la calificación legal y el monto de pena solicitado, tal lo correspondiente a este tipo de juicios.
Judiciales
Investigan una posible situación de trata que involucra a una joven tucumana en el Alto Valle
El caso fue evaluado mediante una entrevista de despeje y derivado a la Justicia Federal.
Un llamado a la línea nacional 145 permitió alertar a la sede fiscal de General Roca sobre una posible situación de trata de personas en el Alto Valle, que involucraría a una joven oriunda de la provincia de Tucumán. A partir de esta comunicación, se activaron de manera inmediata los protocolos previstos para la evaluación e intervención en este tipo de casos.
Desde el Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata se llevó adelante una entrevista de despeje, una metodología específica destinada a detectar indicadores vinculados a situaciones de trata y explotación de personas. El resultado de esta intervención fue informado y remitido a la Unidad Fiscal Federal interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.
En el procedimiento también participó la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con asiento en General Roca, en el marco del trabajo articulado entre los distintos organismos que intervienen ante este tipo de situaciones complejas.
Desde el Gobierno de Río Negro recordaron que la línea 145 es un canal gratuito, confidencial y de alcance nacional, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite recibir información, brindar orientación y canalizar denuncias vinculadas a delitos de trata y explotación de personas.
Ante cualquier duda o sospecha, las autoridades reiteraron la importancia de utilizar esta línea, considerada una herramienta clave para la detección temprana, la protección de derechos y la intervención oportuna del Estado.
Judiciales
Le robaron las cuatro ruedas mientras dormía y el seguro lo acusó de haberse autoasaltado
El hecho ocurrió mientras el hombre descansaba sin sus audífonos. La aseguradora rechazó el reclamo y lo responsabilizó por el robo.
Un hombre sufrió el robo de las cuatro cubiertas de su auto mientras dormía. Debido a su cuadro de hipoacusia bilateral, no advirtió ningún tipo de ruido. Cuando despertó, se dio cuenta de lo ocurrido y realizó la denuncia policial. También se presentó ante el seguro del coche para solicitar la cobertura vigente.
La respuesta no fue la esperada: el seguro lo acusó de haberse robado él mismo las cubiertas. El hombre se vio en la obligación de explicar que no usa los audífonos mientras descansa y que no escuchó absolutamente nada. Además, informó que padece una afección lumbar, por lo que no está en condiciones físicas de retirar los neumáticos de un vehículo.
El hombre se sintió maltratado por el productor del seguro. Luego de intentos extrajudiciales fallidos, inició una demanda por daños y perjuicios. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora a abonar una indemnización. Los rubros a pagar incluyen daño directo, correspondiente al valor de las cubiertas, daño moral y privación de uso.
Durante el proceso se determinó que el contrato de seguro era válido y vigente al momento del robo. El juez tuvo por acreditada la denuncia del siniestro, basándose en la conducta de la aseguradora, que emitió una orden de compra coincidente con el reclamo. Consideró que esta actuación superaba la negativa genérica inicial de la empresa y constituía un reconocimiento tácito.
El fallo estableció que el hombre fue víctima del robo de las ruedas y que no pudo usar el vehículo desde entonces. Se concluyó que la aseguradora incumplió sus obligaciones contractuales al no abonar la indemnización dentro de los plazos legales.
Por su parte, la aseguradora reconoció la existencia de una póliza vigente, aunque negó haber recibido una denuncia formal del siniestro. Alegó que, de manera excepcional y sin admitir hechos ni derechos, emitió una orden de compra para reponer las ruedas, pero que fue rechazada por el asegurado y, por ello, anulada.
El juez explicó que las normas que regulan las relaciones de consumo, en este caso referidas a la contratación del seguro, deben aplicarse e interpretarse conforme con el principio de protección al consumidor. Además, recordó que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Pesa sobre el proveedor, en este caso la aseguradora, un deber de información obligatoria.
Judiciales
Buscan revertir la prisión perpetua por el crimen de Marisa Coliman en Luis Beltrán
El Ministerio Público Fiscal defendió el fallo y pidió que se confirme la prisión perpetua.
En los Tribunales de General Roca, la Defensa Penal Pública presentó este jueves (18/12) sus agravios contra el agravante de ensañamiento aplicado en la condena por el homicidio de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en la localidad de Luis Beltrán.
Cabe recordar que el imputado fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular el 12 de septiembre pasado y que, el 29 de octubre, fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por ensañamiento.
Durante la audiencia, el defensor penal público sostuvo que, a lo largo del debate, la acusación no logró probar los elementos esenciales del ensañamiento. En ese sentido, afirmó que tanto la Fiscalía como la querella habrían inducido al jurado a asociar la cantidad de heridas con dicha figura penal. «La Fiscalía no presentó prueba suficiente para sostener el ensañamiento y el hecho probado es distinto al hecho que se le imputó», remarcó el defensor.
Asimismo, argumentó que existió un «eslabón roto» entre el alegato acusatorio y la prueba producida en el juicio, al equiparar el número de lesiones con la intención de provocar un mayor sufrimiento. Según expresó, el ensañamiento requiere un dolo específico que, a su criterio, no fue acreditado, ya que el médico del Cuerpo de Investigación Forense ni otros testigos fueron consultados sobre el dolor que pudo haber experimentado la víctima.
Por estos motivos, la defensa solicitó que se admita el recurso de impugnación, se recalifique el hecho como homicidio simple y que el expediente sea remitido nuevamente al juez de Juicio para la fijación de una nueva pena acorde a esa calificación.
En respuesta, la representante del Ministerio Público Fiscal rechazó los planteos y defendió la actuación del jurado popular. Señaló que los integrantes del jurado fueron debidamente instruidos sobre el concepto de ensañamiento y que no existen motivos para suponer una interpretación errónea de la prueba. «El jurado es soberano y consideró acreditado el ensañamiento con base en la evidencia producida en el juicio», sostuvo.
La fiscal remarcó que la víctima fue atacada inicialmente en la cama, logró incorporarse herida e intentó pedir auxilio, lo que quedó reflejado en la escena dinámica del hecho. Indicó que se registraron 34 lesiones en dos sectores distintos de la vivienda, la mayoría en el cuello, además de heridas defensivas. También destacó el tiempo de sobrevida estimado por el médico forense, que habría sido de entre 2 y 5 minutos.
Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se confirme la sentencia condenatoria, entendiendo que el veredicto del jurado se ajustó a la prueba presentada durante el juicio. En la misma línea, la querella, en representación de los hijos de la víctima, adhirió plenamente a lo expuesto por la Fiscalía.
Finalmente, el Tribunal de Impugnación informó que dará a conocer su resolución dentro de los plazos previstos por la ley.
