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Comenzó en Roca el curso de posgrado “Derechos del niño, niña y adolescentes”

La apertura fue el viernes pasado en la Ciudad Judicial.

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Con un auditórium colmado de profesionales de distintas disciplinas, el viernes comenzó el curso de posgrado “Derechos del niño, niña y adolescentes”. La apertura se realizó en la Ciudad Judicial de Roca con la participación de la Dra. Aída Kemelmajer, quién dictó la primera clase.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales María Raquel Calvo, del presidente del Colegio de Abogados de Roca Gastón Lauriente y de la jueza del STJ y presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial, Liliana Piccinini.

El posgrado se realiza por un Convenio de Cooperación firmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y el Colegio de Abogados de General Roca.

El objetivo del curso es profundizar el estudio de las normativas vigentes, las teorías más actuales y las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales a fin de otorgar herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos de actuación profesional.

En la apertura, la jueza Liliana Piccinini mostró su satisfacción en representación de la Escuela de Capacitación Judicial por la invitación del Colegio de Abogados de Roca y la Facultad de Derecho. “Para nosotros es un compromiso placentero estar aunando esfuerzos y recursos para la capacitación. Tenemos la firme convicción de que esto debe ser así. Que la comunicad jurídica debe tener este anclaje en la academia y en el Poder Judicial y en la impronta de las comisiones de los Colegios de Abogados de la provincia”.

“Para la Escuela de Capacitación Judicial transitar este tipo de posgrado es también una experiencia desafiante porque sostenemos que desde la Escuela a veces hemos tenido que cubrir algunas vacancias de los programas de la facultades y, ahora, estar intercambiando los nuevos paradigmas y el nuevo derecho y estar trabajando de consuno para lograr una internalización de los nuevos derechos es una tarea que nos reconforta y nos obliga a una mayor responsabilidad”, sostuvo la magistrada.

Además, pidió un especial reconocimiento a la Dra. Aida Kemelmajer, no solo por su esfuerzo y dedicación sino también por el año de la reforma universitaria. “Esto también es una manera de rendir honor a aquel hito histórico”, enfatizó la jueza Liliana Piccinini.

El curso tendrá una carga horaria de 62 horas cátedra, previéndose que 42 horas cátedra sean desarrolladas de forma presencial y 20 horas cátedras sean destinadas a la realización del trabajo final. Se prevé también que la fase presencial del curso sea dictada en 7 módulos de 6 horas cada uno, según el cronograma propuesto.

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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva

El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».

El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».

La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».

Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».

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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca

Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.

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Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de  Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.

«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.

El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.

«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.

La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.

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