Judiciales
Quedó libre la policía acusada de encubrimiento por robo
Hoy le formularon cargos en Cipolletti pero la dejaron en libertad.
El fiscal Guillermo Merlo y la adjunta de Fiscalía, Vanina Bravo, formularon cargos contra la oficial de la policía de Río Negro acusada de encubrimiento en favor de un hombre con el cual mantenía una relación sentimental y habría cometido un robo en una joyería de Cipolletti. No obstante, tras la audiencia, la mujer quedó en libertad.
Según describieron los representantes del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 17 de mayo de este año cuando la acusada en su carácter de empleada pública -por desempeñar funciones como oficial de la Comisaría 31° de General Roca- tomó conocimiento de forma directa por parte del presunto autor de un robo en la joyería Scorpio de Cipolletti de que el mismo había participado del atraco. La mujer omitió ponerlo en conocimiento de las autoridades que investigaban el mencionado robo, teniendo la obligación por el cargo que desempeña de denunciarlo.
Al momento de explicar como se tomó conocimiento de la situación, el fiscal advirtió que el marco de la investigación por el asalto a la joyería, se solicitó la autorización judicial para intervenir los teléfonos de los presuntos implicados. De esas escuchas, surgió una conversación donde expresamente la imputada hablaba con el hombre con quien mantenía una relación sentimental y en donde el hombre comentaba que estaba vinculado a esa causa.
“Me queda la causa de la joyería de Cipolletti, no puedo zafar ni a palo, se me ve toda la cara”, habría mencionado el sujeto, a lo que la imputada le habría respondido entre otras cosas, que debía tener más cuidado a la hora de cometer los atracos.
Ayer por la mañana se realizaron dos diligencias en la ciudad de General Roca; un allanamiento en la vivienda de la acusada y una requisa en la Comisaría 31° de esa ciudad en donde se secuestraron distintos elementos tecnológicos los cuales serán peritados con el fin de obtener evidencias para fortalecer tanto esta acusación, como la del robo calificado por el uso de arma de fuego ocurrido el 12 de agosto del año pasado.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público destacó el trabajo de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Cipolletti, dependiente de la Policía de Río Negro, quienes «fueron los encargados de realizar los informes de las escuchas telefónicas en las cuales se basó la acusación y de realizar los allanamientos que tuvieran lugar ayer en la ciudad de General Roca».
Si bien la mujer llegó a la audiencia en carácter de detenida, la Fiscalía no solicitó el dictado de la prisión preventiva por considerarla improcedente, puesto que el delito imputado prevé la posibilidad de que sea condenada a penas excarcelables y que no existen los riesgos procesales de riesgo de fuga o que la imputada en libertad pudiera entorpecer la investigación.
La jueza de Garantías Florencia Caruso, al no presentarse objeciones por parte de la defensa de la acusada, tuvo por formulados los cargos tal como fueran expuesto por la Fiscalía.
Judiciales
Imputaron a una quinta persona por la presunta millonaria defraudación al IPROSS en Valle Sereno
Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de participar en una presunta maniobra que habría perjudicado a la obra social provincial mediante la facturación de prestaciones que no se habrían realizado.
La investigación por la presunta defraudación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) sumó este jueves (02/07) una quinta imputación. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una acompañante terapéutica, a quien acusa de haber participado en una maniobra para facturar prestaciones de salud mental que, según la investigación, nunca fueron brindadas a pacientes del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Gimena Ducca sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología, directivos del establecimiento y otros integrantes del equipo profesional.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes con datos falsos, incluyendo internaciones ambulatorias bajo la modalidad Hospital de Día que, en realidad, no se habrían concretado. Esa documentación era utilizada para emitir facturas que luego eran presentadas al IPROSS para el cobro de prestaciones.
La Fiscalía indicó que el establecimiento mantenía un convenio con la obra social provincial para brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones. Según la investigación, esa circunstancia habría permitido incrementar el monto de las facturaciones presuntamente irregulares.
Como sustento de la imputación, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, documentación administrativa de la obra social, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y diversas entrevistas realizadas durante la investigación.
La acompañante terapéutica fue imputada como presunta partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Judiciales
Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
Judiciales
Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
