Judiciales
Dos meses de intensas capacitaciones en el Poder Judicial de Río Negro
Durante julio y agosto se llevarán adelante una decena de cursos y talleres centrados en la Reforma Procesal Penal y en el Juicio por Jurados.
El Plan de Capacitación correspondiente al año judicial 2018 incluye, para los meses de julio y agosto, una decena de cursos y talleres centrados en la Reforma Procesal Penal y en el Juicio por Jurados. Sin embargo la Escuela de Capacitación Judicial también incluyó temáticas de otros fueros como por ejemplo la adopción, niñez, adolescencia, familia y algunas clases para el personal de la administración.
Desde hoy (03/07), en Viedma, los profesionales que intervienen en el procedimiento de la adopción podrán participar del taller sobre “Adopción, camino de encuentro” a cargo de la licenciada en Psicología María Federica Otero.
El 5 de julio, en Viedma, comienza el tercer módulo del curso de litigación en Juicio por Jurados destinado a jueces con una extensión de tres jornadas seguidas.
Al día siguiente, en Roca, se dicta el curso de actualización en “Derecho Privado patrimonial en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” que continúa el 13 de julio.
A partir de agosto, también en Roca, se llevarán a cabo los distintos módulos del curso de posgrado “Derechos del niño, niñas y adolescentes” presentado recientemente por la Dra. Aida Kemelmajer en el auditórium de la Ciudad Judicial.
El 3 de agosto en Viedma se realizará la primera parte del taller sobre “Derecho del consumidor: la competencia de los Juzgados de Paz en la Ley Orgánica 5190”.
El 9 de ese mes continúa en Roca el curso de actualización en “Derecho Privado patrimonial en el nuevo CCCN” y en Bariloche está previsto el curso sobre “Litigación en Juicio por Jurados” a desarrollarse durante tres jornadas.
El 10, en Roca, se realizará la segunda parte del taller sobre “Consolidación y desarrollo de competencias de los equipos interdisciplinarios” que comenzó en junio Cipolletti con el dictado del primer módulo. Está destinado a los profesionales de los Equipos Interdisciplinarios de los Juzgados de Familia y de las Oficinas de Atención a la Víctima.
El 13 de agosto, en Bariloche, se dictará el taller sobre “La Escena del Crimen. Técnicas de Investigación Criminal y Rol del Investigador en el marco del sistema acusatorio”, también durante tres jornadas.
El 15, en Roca, comienza el curso de “Herramientas prácticas de Coaching Ontológico” (Módulo 1) destinado jueces, secretarios y equipos técnicos de los Juzgados de Familia. Ese mismo día, en Viedma, también se realizará el curso sobre “Procedimiento Administrativo” destinado a Personal de la Administración General, de la Contaduría General y de las Gerencias Administrativas del Poder Judicial.
A partir del 16 de agosto y durante tres días seguidos se dicta en Roca el curso sobre “Litigación en Juicio por Jurados” destinado a fiscales y defensores.
El 17, en Bariloche, está previsto el seminario intensivo sobre “Argumentación Jurídica: un nuevo paradigma para la práctica del derecho” que además se transmitirá al resto de las ciudades cabeceras de circunscripción por el sistema de videoconferencia.
El 22 de agosto continúa en Roca el curso de “Herramientas prácticas de Coaching Ontológico” y en Viedma el de “Procedimiento Administrativo”.
Al día siguiente comienza en Bariloche el taller sobre “Audiencias preliminares y juicio Oral en el sistema acusatorio” destinado a jueces y en Viedma el taller sobre “Comunicación efectiva para mediadores”, destinado a mediadores. Mientras tanto ese día continuará en Roca el curso sobre actualización en “Derecho Privado patrimonial en el nuevo CCCN”.
El 24 y 25 en Roca continúa el seminario sobre “Argumentación Jurídica: un nuevo paradigma para la práctica del derecho”.
Para finalizar el mes, el 27 de agosto también en Roca se realizará el taller sobre “Adopción, camino del encuentro”. Al otro día, la actividad se dictará en Cipolletti.
Los días 29, 30 y 31 de agosto serán intensos en materia de capacitación. En Roca está previsto el tercer módulo del curso de “Herramientas prácticas de Coaching Ontológico” y el de “Consolidación y desarrollo de competencias de los equipos interdisciplinarios“; en Viedma el de “Procedimiento Administrativo” y el módulo 6 del curso de actualización en “Derecho Privado patrimonial en el nuevo CCCN”, éste último en Roca.
En materia penal, esos días continuará en Viedma el taller sobre “Audiencias preliminares y juicio Oral en el sistema acusatorio”. A su vez, en Bariloche comenzará el taller sobre “Pruebas y Técnicas de Litigación Oral Civil”, destinado a Jueces, Secretarios y Defensores Civiles con cupo para abogados litigantes, previsto para el 30 y 31 de agosto.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
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Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
