Río Negro
Weretilneck aclaró que «no está en riesgo el futuro de INVAP»
Aseguró que la empresa cuenta con todo el respaldo necesario de parte de la Provincia, propietaria de su paquete accionario.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, resaltó hoy (25/07) que la empresa cuenta con todo el respaldo necesario de parte de la Provincia, propietaria de su paquete accionario. Descartó las versiones de un supuesto ajuste del Estado Nacional de USD 1000 millones.
Weretilneck afirmó que INVAP es propiedad de Estado rionegrino y lo que hoy se está debatiendo con Nación son los USD 300 que se destinan para diferentes proyectos con organismos nacionales. “No es cierto eso de una reducción por parte del Estado Nacional de USD 1.000 millones, no sé de dónde salió esa versión”, aclaró el mandatario en diálogo con LU19.
“Es importante aclarar que INVAP es una empresa propiedad de la Provincia de Río Negro: el 100% del paquete accionario es propiedad del Estado rionegrino y siempre va a estar el respaldo del Estado Provincial para INVAP, desde el punto de vista de las garantías, de los seguros, de los avales. Es decir, ni el personal de la empresa, ni los proveedores, ni los prestadores, ni las garantías que los bancos le dan a INVAP para sus contratos tienen algún tipo de inconveniente, porque siempre la Provincia va a respaldar”, afirmó el gobernador Weretilneck.
Añadió que “no es cierta la versión de una reducción por parte del Estado Nacional de USD 1.000 millones. Realmente no sé de dónde salió ese trascendido. Los contratos que hoy tiene INVAP son de USD 800 millones, de los cuales USD 500 son privados y USD 300 son con organismos nacionales”.
Explicó que “los USD 500 privados son la construcción de un reactor nuclear en Holanda; otro en Brasil y la construcción de dos Centros de Medicina Nuclear en Bolivia; un satélite que estamos por poner al aire ahora y otro que estamos haciendo en conjunto con Italia. En tanto, los USD 300 con organismos argentinos, son con CONEA por la construcción del reactor RA10; los contratos todavía vigentes de la modernización de la Central Nuclear de Embalse; los contratos de radarización (INVAP está haciendo los radares nuevos en el marco del denominado escudo norte para prevenir el narcotráfico en el norte del país) y otros contratos con distintos organismos”.
“Estos 300 millones es lo que se está discutiendo con Nación. Si se van a priorizar unos proyectos sobre otros. Además queremos tener con el Gobierno Nacional un horizonte a 2020 de cuáles van a ser los contratos de organismos nacionales con INVAP”, sostuvo el mandatario.
Por otra parte, el gobernador rionegrino aseguró que “tampoco es real que el gobierno nacional pretenda vender al INVAP. En primer lugar, nunca venderíamos una empresa de estas características y segundo, es una decisión nuestra, de los rionegrinos y de nadie más”.
En este sentido, Weretilneck explicó que “es importante aclarar que INVAP es una empresa propiedad de la Provincia de Río Negro: el 100% del paquete accionario es propiedad del Estado rionegrino”.
“Tiene una particularidad porque no está en el Presupuesto de la Provincia, ya que por su estatuto está por fuera de las finanzas públicas. Esto hizo más ágil y fuerte al INVAP, que llegó a donde llegó porque tiene una forma de relacionarse distinta al Estado”, dijo.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
