Judiciales
Confirmaron la prisión preventiva para el único detenido en el caso Mamani
El productor fue asesinado accidentalmente por un familiar, mientras eran asaltados en su chacra de Mainqué.
La fiscal jefe Graciela Echegaray junto a la asistente letrada Victoria Bou Abdo sostuvieron ayer (17/08) la prisión preventiva por tres meses y la calificación legal para el hombre a quien se le formularon cargos por el delito de “homicidio en ocasión de robo, en calidad de coautor” (Arts. 165 y 45 del Código Penal).
En la audiencia de impugnación presidida por el juez Daniel Tobares, la defensa particular atacó la calificación legal sosteniendo que existe doctrina mayoritaria que entiende que lo ocurrido no encuadra con el resultado como el que se advirtió, es decir un homicidio accidental dentro de la figura del Artículo 165.
Por su parte la fiscal jefe dijo que “justamente esa era una de las posturas pero hay dos más, distintas de doctrinarios que entienden lo contrario y aceptan que el resultado muerte accidental, como fue, sea proveniente tanto del imputado como de las mismas víctimas, como es el caso, y habilitan la aplicación del mencionado artículo del Código Penal”.
En la resolución Tobares acompañó al Ministerio Público Fiscal y dijo que la calificación legal es un tema que efectivamente divide a la doctrina y que por ahora y con los elementos que se cuenta alcanza para sostener la calificación que propuso tanto el fiscal del caso Luciano Garrido como la fiscal jefe Graciela Echegaray.
En relación a la continuidad de la prisión preventiva, Echegaray expresó que “hay elementos suficientes en relación a la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo. Asimismo la calificación legal propuesta no admitirá una condena de ejecución en suspenso, y finalmente entre los riesgos procesales se encuentra presente el entorpecimiento a la investigación. Aquí hay cuatro imputados y sólo uno se encuentra a derecho, a quien a través de medidas de detención y órdenes de allanamiento el Ministerio Público Fiscal estaba buscando desde el 2 de agosto, y su presentación fue el 10. Además contamos con gente que declararía pero manifiestan que al tratarse de una comunidad pequeña tienen miedo a las represarías que puedan sufrir de alguno de los co-imputados, que se encuentran prófugos, como de la familia de quien hoy está sentado aquí como co-autor. Por todo ello sostenemos que tres meses de prisión preventiva son necesarios para culminar la investigación, teniendo presente que hay pruebas pendientes para producir”.
Cabe recordar que el hecho que se le imputa al hombre es el que “ocurrió el 1° de agosto pasado, a las 19:40 aproximadamente en una chacra de la localidad de Mainqué. En dichas circunstancias, se hicieron presentes en el lugar el imputado junto con otros 3 hombres, aún no identificados, quienes irrumpieron en el domicilio portando armas de fuego con el fin de apoderarse de bienes ajenos. Una vez en el lugar, redujeron a los seis ocupantes de la vivienda y les sustrajeron: dos teléfonos celulares; una tablet y dinero en efectivo (aproximadamente $32.000). En momentos en que los autores del hecho decidieron irse del lugar, llegó Huayhua Hilarion Mamani con quien se produjo un forcejeo para intentar reducirlo. En el mismo instante, un integrante de su grupo familiar, en defensa de su progenitor logró apoderarse de un arma de fuego tipo carabina calibre 22, propiedad de los Mamani y realizó desde el interior de la vivienda un disparo de arma de fuego con fines disuasivos. Dicho impacto dio de manera accidental sobre Huayhua Hilarion Mamani, provocando instantes después su muerte por “lesiones hemorrágicas y destructivas de las estructuras vasculares y pleuropulmonares del vértice derecho, producida por proyectil de arma de fuego”, tal como indicó el informe de la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense. Acto seguido el imputado junto con los demás sujetos se dieron a la fuga”.
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Condenaron a un jardín de infantes y al Municipio de Roca por la caída de una mujer en una pasarela de obra
El fallo concluyó que la estructura presentaba desniveles, maderas hundidas y carecía de señalización. La víctima debió ser operada y quedó con secuelas permanentes.
Una mujer sufrió una lesión en el hombro al caer mientras transitaba por una pasarela provisoria instalada sobre la vereda de calle San Juan, entre Gelonch y Salta, en Roca. La estructura había sido colocada para permitir el paso de peatones. En el lugar se realizaba una obra de ampliación de un jardín maternal. Había tablones desnivelados, hundimientos y ausencia de señalización.
Como consecuencia de la caída, la señora sufrió una fractura de húmero derecho que requirió una intervención quirúrgica y un tratamiento de rehabilitación. La secuelas fueron permanentes.
La mujer promovió una demanda por daños y perjuicios contra la institución propietaria del inmueble y la Municipalidad de Roca. El fuero Civil hizo lugar a la acción y condenó a ambas a indemnizar a la señora por considerar acreditada la responsabilidad y la falta de control del municipio sobre las condiciones de seguridad de la vereda.
La jueza sostuvo que el jardín de infantes debía responder en su calidad de dueña y guardiana de la obra. Tenía el deber de supervisar las condiciones de seguridad de la pasarela, aun cuando los trabajos hubieran sido ejecutados por una empresa contratista. Agregó que el contrato celebrado con la empresa constructora no puede utilizarse para evitar la responsabilidad frente a la persona que sufrió el daño
Respecto de la Municipalidad, concluyó que incurrió en una falta de servicio al omitir ejercer adecuadamente el poder de policía sobre una obra cuya existencia conocía.
Señaló que el municipio debía fiscalizar las condiciones de las veredas y controlar que las medidas adoptadas para el tránsito peatonal fueran seguras.
Los testimonios incorporados al expediente coincidieron en que la pasarela instalada para el paso de los peatones presentaba desniveles, maderas hundidas e inestables, carecía de señalización y ofrecía condiciones inseguras para la circulación.
Una de las personas que trabajaba en la obra explicó que el deterioro de la estructura había generado diferencias de nivel entre las tablas, mientras que una vecina afirmó que evitaba utilizarla por el riesgo que representaba. Además, dijo que no había carteles de advertencia y que la baranda estaba floja.
En cuanto a la aseguradora citada en garantía, el fallo hizo lugar a la defensa de falta de cobertura. Interpretó que la póliza contratada por el municipio no comprendía un siniestro originado en una obra privada, por lo que quedó excluida de responder por la condena.
Finalmente, la jueza condenó solidariamente a la institución educativa y a la Municipalidad de General Roca a abonar una indemnización en concepto de daño moral, más los intereses correspondientes.
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Imputaron a una quinta persona por la presunta millonaria defraudación al IPROSS en Valle Sereno
Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de participar en una presunta maniobra que habría perjudicado a la obra social provincial mediante la facturación de prestaciones que no se habrían realizado.
La investigación por la presunta defraudación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) sumó este jueves (02/07) una quinta imputación. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una acompañante terapéutica, a quien acusa de haber participado en una maniobra para facturar prestaciones de salud mental que, según la investigación, nunca fueron brindadas a pacientes del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Gimena Ducca sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología, directivos del establecimiento y otros integrantes del equipo profesional.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes con datos falsos, incluyendo internaciones ambulatorias bajo la modalidad Hospital de Día que, en realidad, no se habrían concretado. Esa documentación era utilizada para emitir facturas que luego eran presentadas al IPROSS para el cobro de prestaciones.
La Fiscalía indicó que el establecimiento mantenía un convenio con la obra social provincial para brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones. Según la investigación, esa circunstancia habría permitido incrementar el monto de las facturaciones presuntamente irregulares.
Como sustento de la imputación, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, documentación administrativa de la obra social, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y diversas entrevistas realizadas durante la investigación.
La acompañante terapéutica fue imputada como presunta partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
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Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
