Judiciales
La Justicia rionegrina resolvió más de 55.000 conflictos en los últimos 12 meses
Hay 49 Juzgados de Paz en ciudades, pueblos y parajes de la provincia.
55.293 soluciones de conflictos brinda el Poder Judicial de Río Negro cada año. El dato surge de la sumatoria de las sentencias emitidas por los fueros penal, de Familia, Civil, Laboral, de acciones de amparo, las conciliaciones laborales, los acuerdos arribados en las Casas de Justicia, los legajos finalizados en los Centros de Mediación y las Resoluciones de los 49 Juzgados de Paz de la Provincia.
Si se suman la cantidad de procesos ingresados la cifra aumenta. En cambio, se tienen en cuenta solo aquellas sentencias definitivas, homologaciones, resoluciones monitorias e interlocutarias que ponen fin a un conflicto.
Las Casas de Justicia están ubicadas en Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Catriel. Atienden a miles de vecinos, pero de acuerdo a las estadísticas propias, terminan en resoluciones específicas 253 casos al año.
Las conciliaciones laborales son otra forma rápida de encontrar una salida a un conflicto entre empleado y empleador. En el último año se realizaron 323 conciliaciones laborales “con acuerdo”en toda la provincia. Se trata de un servicio voluntario con un procedimiento ágil, mayormente digital, lo que contribuye al ahorro de recursos y tiempo.
Los Centros Judiciales de Mediación existen hace más de una década y son uno de los organismos destacados en el Mapa de acceso a justicia de la Corte Suprema. Cada año, logran finalizar 7830 legajos, que implican una solución pacificadora, compartida y más económica que un litigio.
El Poder Judicial de Río Negro cuenta con 49 Juzgados de Paz en ciudades, pueblos y parajes. En algunos lugares, es la institución más importante del lugar junto a la escuela, el destacamento policial y el centro de salud. Anualmente, realizan 17.222 resoluciones.
En los Juzgados de Familia se generan 6.611 sentencias de finalización de conflictos cada año. En el ámbito Civil de primera instancia, se totalizan 15.798 fallos. Las Cámaras Civiles producen otras 1.029 sentencias.
En el fuero Laboral, en los últimos 12 meses se confeccionaron 3.424 fallos definitivos. Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia produce 770 sentencias definitivas cada año. En el Tribunal Electoral Provincial se registraron 33 Sentencias definitivas, aunque en años electorales estos registros suelen subir.
Por último, luego de la Reforma Procesal Penal, todas las instancias de una investigación son públicas y orales. En un año, se iniciaron de 8.462 legajos. Se concretaron 2.023 audiencias de formulación de cargos, 472 de juicios abreviados, 185 de debates de juicio oral y público y 302 de suspensión de juicio a prueba. Los jueces y juezas de las cuatro circunscripciones judiciales dictaron más de 2000 sentencias.
En relación a los tiempos procesales, de que desde el momento en que la acusación formula cargos contra el imputado hasta que se dicta la sentencia por parte de los jueces transcurre un promedio de 94 días de proceso.
Repetidamente el presidente del STJ, Enrique Mansilla, ha señalado que «la justicia no solo son los casos que aún no tienen respuesta, por el contrario, la justicia está en las muchas respuestas que se dan y son sus integrantes, empleados, magistrados y funcionarios que trabajan arduamente de manera silenciosa”.
“El Poder Judicial es mucho más que entre una demanda y salga una sentencia”, sostuvo el presidente, al tiempo que destacó la importancia de la pacificación que traen los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Judiciales
Comenzó en Roca el juicio contra tres hombres acusados de intentar robar una vivienda
El hecho ocurrió en octubre de 2024 en una vivienda de calle Nicaragua.
Tres hombres comenzaron a ser juzgados en General Roca por un hecho ocurrido en octubre de 2024, cuando habrían intentado robar en una vivienda tras forzar el ingreso al domicilio.
El juicio se desarrolla ante un Tribunal Colegiado, ya que la Fiscalía prevé solicitar una pena superior a los 3 años de prisión. Los tres acusados llegan al debate cumpliendo prisión preventiva.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de octubre en una vivienda ubicada en calle Nicaragua al 400. Los imputados habrían llegado al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok, vehículo que contaba con pedido de secuestro tras haber sido robado días antes, el 24 de octubre.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hombres forzaron el portón de ingreso y la puerta de la vivienda con la intención de apoderarse de distintos elementos.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse debido a la intervención de personal policial de la Comisaría 31°, que acudió al lugar tras el aviso de vecinos.
Posteriormente, los sospechosos intentaron escapar en un Ford Fiesta conducido por un menor de edad, pero tras una persecución policial fueron detenidos.
La Fiscalía los acusa como coautores de los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, sustitución de numeración y tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años.
El debate continuará mañana miércoles (11/03) desde las 8.30 en los Tribunales de General Roca, con la declaración de los testigos convocados por las partes.
Judiciales
Identificaron a las dos víctimas fatales que murieron tras caer en un auto al Canal Grande: Eran trabajadores judiciales
Una tercera ocupante logró salir del vehículo y permanece hospitalizada.
Un trágico siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes (10/03) generó conmoción en la región y especialmente en el ámbito judicial, luego de que dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro murieran tras caer el vehículo en el que viajaban al Canal Principal de Riego.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la Ruta Provincial N° 65, en cercanías del Puente Palermiti. Por motivos que aún se investigan, un automóvil Ford Ka en el que viajaban tres personas terminó dentro del canal.
Según las primeras informaciones, la conductora, identificada como Laura Soledad Morales, de 37 años, logró salir del rodado en estado de shock y fue trasladada para recibir atención médica. Sin embargo, su pareja y otra mujer que los acompañaba quedaron atrapados en el interior del vehículo y fallecieron en el lugar.
Las víctimas fatales, por su parte, fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba, de 34 años, quien se desempeñaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), y Diego Antú Díaz, de 37 años, trabajador de la Subdelegación de la Oficina Judicial (OJU). Eran oriundos de Roca y viajaban hacia Regina
Ante lo ocurrido, el Poder Judicial de Río Negro expresó su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de los dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada.
En este sentido, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto con suspensión de términos para el día de hoy (10/03) en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.
Judiciales
Disparos y persecución en Roca: Imputaron a dos personas y dictaron prisión preventiva para uno de ellos
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y comenzó cuando un auto escapó de un control policial.
Ayer (09/03) al mediodía el equipo fiscal de turno formuló cargos contra dos personas por hechos ocurridos durante la madrugada del domingo (08/03) pasado que derivaron en una persecución y posterior detención en General Roca. Tras el pedido fiscal, el hombre cumplirá prisión preventiva, mientras que a la mujer se le colocará un dispositivo de control satelital.
Según la acusación fiscal, «alrededor de la 1 de la madrugada del 8 de marzo, mientras personal de la Subcomisaría 69° realizaba tareas de prevención, observaron un automóvil Bora gris que, al advertir la presencia policial, aumentó la velocidad y emprendió la huida».
«En el marco de un plan común y con clara división de tareas para evadir a la policía, dispararon seis veces desde el vehículo. Luego, el hombre imputado y otro sujeto -que aún no ha sido identificado- se arrojaron del auto en movimiento y emprendieron la fuga a pie, mientras descartaban distintos elementos, entre ellos un arma tipo pistola, cuatro cartuchos, un revólver con un cartucho en su interior y un almacén cargador con nueve cartuchos, apto para el disparo, además de un teléfono celular», describió la Fiscalía.
«De manera paralela, el personal policial logró detener a la mujer mientras conducía el Bora. En el vehículo se encontró una escopeta con una vaina servida y un cartucho en el almacén cargador, un chaleco balístico, un portaplacas y una caja metálica. Todas las armas eran portadas sin la correspondiente autorización legal», explicó la representante fiscal.
La calificación legal por la cual quedaron imputados los cargos es para el hombre abuso de arma de fuego agravado para ocultar otro delito, lograr la impunidad y por haber sido cometido contra miembros de la fuerza de seguridad en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego, En relación a la mujer: tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentran el acta de procedimiento policial, entrevistas, el informe del Gabinete de Criminalística, el informe del perito armero y balístico, y fotografías.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses, teniendo presente el peligro de fuga, «que quedó plasmado en la persecución que tuvo que realizar la policía para detenerlo», dijo la fiscal, además del riesgo de entorpecimiento de la investigación. En relación con la mujer, se solicitó por el mismo plazo la colocación de un dispositivo de pulsera electrónica.
La defensa penal pública se opuso al pedido respecto de su asistido, ya que «se vulnera el principio de inocencia y no se acreditó de manera fehaciente ninguno de los riesgos procesales que habilitan solicitar la medida cautelar más gravosa. Por ello solicitamos la colocación de una tobillera electrónica».
Finalmente, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, así como las medidas cautelares requeridas.
