Río Negro
Llegaron los primeros caños del Gasoducto para la Región Sur
La primera partida de los 362 kilómetros de cañería arribó este viernes (12/10) por la mañana a San Antonio Oeste. Se trata de la obra de mayor contenido social del Plan Castello.
Comenzaron a llegar los primeros 7,5 kilómetros de cañería del Gasoducto de la Región Sur, que se depositaron en un predio aledaño a la caminera de San Antonio Oeste, el cual fue acondicionado por maquinaria de Vialidad para la mejor circulación de los transportes.
Esta es la partida que marca el inicio de una obra que tendrá 362 kilómetros de extensión y que beneficiará a unos 17.000 habitantes.
Este viernes llegaron dos vehículos de los ocho previstos para San Antonio Oeste, que traerán un cargamento promedio de 940 metros de caños cada uno, despachados desde una planta de la empresa proveedora, M. Royo SA, ubicada en el Gran Buenos Aires.
La cañería quedará en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3, detrás del control vial de la Policía de Río Negro, y se hará un primer acopio de 20 kilómetros de red que se usarán en el empalme del Gasoducto “San Martín”.
Se prevé el arribo de unos 300 camiones para ejecutar la obra de mayor contenido social del Plan Castello, y que demandará un presupuesto que asciende a los $800.000.000.
A partir de la próxima semana, la llegada de camiones con el material tendrá una mayor continuidad en el sector y a lo largo de la Ruta Nacional N°23, por lo que los técnicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro y la empresa contratista, continuarán ajustando los detalles del transporte, logística y acopio del material.
Se hizo un relevamiento de todo el recorrido de la traza, y se acordó disponer de predios de acopio en Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.
Vale mencionar que, en la disponibilidad y seguridad de los terrenos, fue fundamental la disposición y articulación con cada Municipio.
El proyecto se planea ejecutar en cuatro tramos, que van desde la Ruta Nacional Nº3, en el empalme con la Ruta Nacional Nº 23, hasta Maquinchao.
El secretario de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren; el subsecretario de Infraestructura, Daniel Bengochea y los legisladores Alejandro Palmieri y Adrián Casadei, entre otras autoridades provinciales y locales, estuvieron presenciando la descarga.
“Una de las obras de mayor justicia social”
Echarren evaluó la llegada de los primeros caños como “el punto de inicio de una importante que el gobernador Alberto Weretilneck tuvo la decisión política de incluir en el Plan Castello”.
“Se trata de una de las obras de mayor justicia social que va a tener la historia rionegrina, porque el gobierno provincial va a terminar invirtiendo casi 1.300 millones de pesos para beneficiar a más 17.000 personas”, remarcó.
El Secretario explicó que para el acopio de la cañería “se hizo un acondicionamiento de los distintos sectores destinados, y para esto se realizó una recorrida con el ministro Carlos Valeri por cada una de las localidades, viendo cuáles son los predios más apropiados para descargar”.
“El punto de partida es San Antonio y vamos a ir avanzando por las distintas localidades. Son en total 300 camiones los que van a estar circulando con los caños por las distintas localidades de la Región Sur”, detalló.
Explicó finalmente que la obra comenzará a concretarse cuando culmine la descarga de las cañerías y esté aprobado el proyecto de las empresas encargadas de los trabajos.
Judiciales
Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
Río Negro
Río Negro avanza en una Red Federal para controlar a deudores alimentarios
Referentes del Registro Civil participaron en Buenos Aires del primer encuentro que busca articular acciones entre las provincias para mejorar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Representantes del Registro Civil de Río Negro participaron en Buenos Aires del Primer Encuentro Federal de Cooperación Interjurisdiccional, una instancia que busca impulsar la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a mejorar la respuesta estatal frente al incumplimiento del deber alimentario.
El nuevo espacio estará conformado por autoridades y equipos técnicos de las jurisdicciones participantes, con el objetivo de establecer una coordinación permanente entre los registros provinciales. La intención es ordenar la información existente, compartir experiencias y avanzar en la adopción de criterios técnicos comunes que permitan una aplicación más eficaz de las medidas vigentes.
La articulación federal también prevé el desarrollo de herramientas que fortalezcan el sistema de protección alimentaria, garantizando que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por deudas alimentarias.
Desde el Gobierno rionegrino destacaron que la provincia asumirá un rol activo en la Red, trabajando para la sostenibilidad del sistema y para agilizar los mecanismos de control y sanción frente a situaciones de incumplimiento.
Río Negro
Weretilneck anunció que el aumento del Impuesto Automotor e Inmobiliario será menor a la inflación
El Gobierno provincial fijó un tope del 25% para los tributos 2026 y mantendrá beneficios a contribuyentes cumplidores y sectores productivos.
El proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura incorpora una actualización de los impuestos Automotor e Inmobiliario que se ubicará 6% por debajo de la inflación. «Es señal del compromiso provincial con las familias, empresas, comercios, productores y pymes rionegrinas, en un contexto de aumentos generalizados», indicó el mandatario.
En este sentido, tanto en Automotor como en Inmobiliario se aplica un tope máximo de aumento del 25% respecto del tributo anual determinado para 2025, lo que representa una actualización menor a la inflación anual.
El esquema mantiene los incentivos al cumplimiento tributario: quienes opten por el Pago Anual tendrán un 20% de descuento para quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Patagonia.
Mientras que quienes abonen mensualmente accederán a un 5% de bonificación por buen cumplimiento. A su vez, quienes elijan adherir al débito automático en cuenta bancaria, accederán a un 10% adicional de descuento de bonificación, reduciendo de manera significativa el monto final del tributo.
El proyecto también sostiene los beneficios para la actividad económica. Continúa la exención en Ingresos Brutos y Sellos para la compra y el patentamiento de vehículos destinados al trabajo y la producción, como camiones, acoplados, camionetas, taxis o unidades para alquiler, con el objetivo de acompañar la inversión y la renovación de flotas en toda la provincia.
Asimismo, se garantiza la continuidad de las exenciones en Automotor e Inmobiliario para jubilados y familias que conviven con una discapacidad, manteniendo un criterio de protección y acompañamiento a los sectores más sensibles.
