Río Negro
Llegaron los primeros caños del Gasoducto para la Región Sur
La primera partida de los 362 kilómetros de cañería arribó este viernes (12/10) por la mañana a San Antonio Oeste. Se trata de la obra de mayor contenido social del Plan Castello.
Comenzaron a llegar los primeros 7,5 kilómetros de cañería del Gasoducto de la Región Sur, que se depositaron en un predio aledaño a la caminera de San Antonio Oeste, el cual fue acondicionado por maquinaria de Vialidad para la mejor circulación de los transportes.
Esta es la partida que marca el inicio de una obra que tendrá 362 kilómetros de extensión y que beneficiará a unos 17.000 habitantes.
Este viernes llegaron dos vehículos de los ocho previstos para San Antonio Oeste, que traerán un cargamento promedio de 940 metros de caños cada uno, despachados desde una planta de la empresa proveedora, M. Royo SA, ubicada en el Gran Buenos Aires.
La cañería quedará en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3, detrás del control vial de la Policía de Río Negro, y se hará un primer acopio de 20 kilómetros de red que se usarán en el empalme del Gasoducto “San Martín”.
Se prevé el arribo de unos 300 camiones para ejecutar la obra de mayor contenido social del Plan Castello, y que demandará un presupuesto que asciende a los $800.000.000.
A partir de la próxima semana, la llegada de camiones con el material tendrá una mayor continuidad en el sector y a lo largo de la Ruta Nacional N°23, por lo que los técnicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro y la empresa contratista, continuarán ajustando los detalles del transporte, logística y acopio del material.
Se hizo un relevamiento de todo el recorrido de la traza, y se acordó disponer de predios de acopio en Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.
Vale mencionar que, en la disponibilidad y seguridad de los terrenos, fue fundamental la disposición y articulación con cada Municipio.
El proyecto se planea ejecutar en cuatro tramos, que van desde la Ruta Nacional Nº3, en el empalme con la Ruta Nacional Nº 23, hasta Maquinchao.
El secretario de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren; el subsecretario de Infraestructura, Daniel Bengochea y los legisladores Alejandro Palmieri y Adrián Casadei, entre otras autoridades provinciales y locales, estuvieron presenciando la descarga.
“Una de las obras de mayor justicia social”
Echarren evaluó la llegada de los primeros caños como “el punto de inicio de una importante que el gobernador Alberto Weretilneck tuvo la decisión política de incluir en el Plan Castello”.
“Se trata de una de las obras de mayor justicia social que va a tener la historia rionegrina, porque el gobierno provincial va a terminar invirtiendo casi 1.300 millones de pesos para beneficiar a más 17.000 personas”, remarcó.
El Secretario explicó que para el acopio de la cañería “se hizo un acondicionamiento de los distintos sectores destinados, y para esto se realizó una recorrida con el ministro Carlos Valeri por cada una de las localidades, viendo cuáles son los predios más apropiados para descargar”.
“El punto de partida es San Antonio y vamos a ir avanzando por las distintas localidades. Son en total 300 camiones los que van a estar circulando con los caños por las distintas localidades de la Región Sur”, detalló.
Explicó finalmente que la obra comenzará a concretarse cuando culmine la descarga de las cañerías y esté aprobado el proyecto de las empresas encargadas de los trabajos.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
