Judiciales
Reconoció que lo ultimó por la espalda
Ahora solo resta conocer la pena que se le impondrá al acusado de asesinar a Damián González.
Esta mañana (11/12) el imputado por el homicidio de Damián Leandro González, ocurrido el pasado 25 de noviembre, reconoció ser el autor del hecho descripto por el fiscal del caso Luciano Garrido. Ahora resta que un Tribunal Colegiado resuelva respecto del acuerdo presentado por la Fiscalía, acompañada por la querella y aceptado por la defensa oficial, y se fije la audiencia de cesura, es decir se solicite la pena.
«Conjuntamente con la acusación privada y la defensa pública hemos arribado a un acuerdo parcial, sobre los hechos y la responsabilidad penal del imputado. Sólo resta que se se concrete el juicio respecto del monto de la pena, que será de prisión efectiva», dijo Garrido en la audiencia celebrada este mediodía.
«El 25 de noviembre a las 21.30 el imputado junto a una mujer se dirigieron a una vivienda particular conduciendo una moto. Allí, previo empujar y dejar en el piso a la víctima, le disparó con un arma dándole muerte, y posteriormente se dieron a la fuga», describió el fiscal en relación al hecho.
La calificación legal que reconoció el imputado fue «homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego. Hasta el momento se encuentra acreditada la existencia histórica y la responsabilidad del sujeto, y para ello presentamos la prueba obrante. Entre ella, el acta de procedimiento policial, donde ya en ese momento hay dos testigos que identifican al hombre como el autor del disparo. A ello se le suma el certificado de defunción y el informe de la autopsia que afirman que el hombre murió producto del disparo y de manera violenta. Podemos mencionar también la evidencia levantada por el Gabinete de Criminalística», detalló el representante del Ministerio Público Fiscal.
«En relación a la autoría, me voy a detener en las entrevistas realizadas que señalan al imputado como quien acciona el arma de fuego disparando contra Damián. Otros testigos acreditan además las circunstancias de tiempo y lugar y pueden identificar a las dos personas que fueron en la moto», mencionó Garrido.
«Teniendo en cuenta estos elementos probatorios y la etapa en que nos encontramos, el Ministerio Publico Fiscal propone un acuerdo parcial respecto del hecho y la calificación legal, y solicita que se fije fecha de juicio respecto de la pena», concluyó la Fiscalía.
Por su parte, la querella aceptó la propuesta, y el hermano de la víctima, que está constituido como querellante, acompañó el acuerdo. Mientras que el defensor oficial, Luis Carrera ratificó el mismo y luego su asistido hizo lo propio, reconociendo su autoría en el hecho y la calificación legal del mismo.
El acuerdo de hoy fue declarado admisible por la jueza de Garantías María Gadano, y el próximo 20 de diciembre a las 12:30, el Tribunal Colegiado dará su veredicto respecto de la pena del acuerdo.
Cabe mencionar que el jueves pasado, el Ministerio Público Fiscal junto con la querella y la defensa particular de la otra imputada por el delito de «portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal», acordaron que la mujer de 25 años sea condenada a tres años de prisión en suspenso, más reglas de conducta.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
Judiciales
Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
