La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) emitió un extenso comunicado donde celebró la recuperación de “la Casona” del Vicerrectorado de Alto Valle y Valle Medio luego de 89 días de toma por parte de una «secta».

«Después de casi tres meses de usurpación, sin ningún reclamo legítimo, a partir de una orden del juez Hugo Greca, y con el acuerdo de la Cámara Federal, se procedió a desalojar el edificio de la “Casona”, en estricto ajuste al Estado de Derecho y no vulnerando lo explicitado en el artículo 31 de la Ley de Educación Superior (Ley N° 24.521) que expresa: “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. La Universidad Nacional de Río Negro estuvo atenta al procedimiento de desalojo y al tratamiento dado a las ocho personas que fueron primero detenidas y luego liberadas alrededor de las 18 horas», indicaron desde la casa de altos estudios al respecto.

«La UNRN decidió, durante el día de ayer, no hacer pública ninguna opinión hasta tanto el procedimiento hubiese concluido y se tuviese la totalidad de la información.  En primer término, la Universidad Nacional de Río Negro lamenta los disturbios y hechos de violencia que se generaron luego del desalojo del Vicerrectorado. Lamenta además que un grupo minúsculo sin legitimidad y que pide por el derrocamiento de las autoridades democráticamente electas, haya conducido el desenlace de este conflicto a estas consecuencias», agregaron.

La UNRN recordó que, «en el marco de estos sucesos, los innumerables llamados al abandono pacífico y voluntario que realizó durante los casi tres meses que duró la toma, reiterando que no deseaba el ingreso de las fuerzas de seguridad. Pero eso era lo que finalmente los ocupantes pretendían».

«El 29 de octubre, un día antes de que se cumplieran 35 años del triunfo de Raúl Alfonsín (que se conmemora como el día de la Democracia) y a más de 45 días del inicio de la toma, las autoridades de la Universidad plantearon a los estudiantes ocupantes de “la Casona”, (en el marco de una asamblea estudiantil multitudinaria), a que se retiraran de ese edificio de manera voluntaria y pacífica, pasando al olvido, sin sanciones ni rencores, todos los sucesos producidos en el período de ocupación. Sucesos que constituyeron una clara violación de los derechos humanos de los trabajadores no docentes, docentes y de los estudiantes de la Universidad, plagados de injurias que afectaban su dignidad, amedrentamiento y agresiones continuas, además de los daños materiales y a la imagen de la institución universitaria», detallaron.

Agregaron que «no aceptaron el ofrecimiento ni se sometieron a votación alguna para desocupar. Ya lo habían hecho en múltiples oportunidades, desoyendo el pensamiento de la mayoría. Sus respuestas se resumieron en las consignas: “Aguante la minoría”, “La minoría derrocará..”, “Aguante la toma, la acción directa y la capucha”, o “ácratas anarcas nos vengarán”. Expresiones propias de grupos sectarios, fanatizados, autoritarios intentando erigirse como mártires de una supuesta lucha social».

«Como Universidad agotamos todas las instancias de diálogo, inclusive se sumaron en un intento de mediación personas cercanas a las docentes involucradas en muchísimas oportunidades».

«La última solicitud, la realizó el máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, el último 29 de noviembre. A través de una resolución instruyó a los docentes y alumnos de la Universidad que permanecían en las oficinas administrativas del Vicerrectorado al inmediato y pacífico abandono de la misma. De esta resolución fueron notificados los usurpadores el día 30 en el domicilio constituido por ellos para recibir toda documentación. Desoyeron la instrucción, con la lógica de que las autoridades no existen».

«La inexistente y fantasmagórica autodenominada “asamblea interclaustros en lucha”, impulsó la toma bajo consignas genéricas por mayor presupuesto y mejores salarios, cuando ninguna de estos reclamos tienen como sujeto responsable a la UNRN. Una protesta social es legítima, cuando existen reclamos insatisfechos. No fue ni es el caso».

En este sentido aseguraron que “La Casona” finalmente «volvió a estar en manos del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle y Valle Medio. En un estado lamentable (como lo ilustran las fotografías y videos). Violentaron dependencias que estaban intervenidas con fajas que se pusieron con presencia de escribano público, accedieron indebidamente a las salas de Informática, Comunicaciones y Recursos Humanos. Accedieron a documentación sensible, como los legajos del personal, con información reservada por la ley de habeas data, haciéndose de información personal de docentes, no docentes y estudiantes. Que utilizaron este tiempo para escracharlos y amedrentarlos, compartiendo teléfonos personales de autoridades, violando la ley de Habeas Data».

«La Universidad Nacional de Río Negro es una universidad económicamente modesta y austera, que no está en condiciones de contratar un servicio privado de seguridad de la Casona; por cierto monumento histórico de General Roca, alquilada por la Universidad. Se han puesto cadenas y candados para evitar nuevas irrupciones, y lentamente se reestablecerá su funcionamiento: se repararán puertas y herrajes, se revisarán los dos vehículos de la UNRN secuestrados que no pudieron ponerse en marcha ayer luego de casi 90 días de estar parados y se efectuará una profunda limpieza», lamentaron.

Sobre el accionar de la Gendarmería

«El desalojo de los 8 ocupantes del edificio a las 5:30 am según se informó se realizó sin ningún tipo de agresión física, ni lesiones a los 8 ocupantes, que fueron revisados en dos oportunidades: por un médico forense de Gendarmería al momento del desalojo de “la Casona” y posteriormente en el Juzgado por otro médico forense de la Policía Federal, garantizando de esta manera que no se haya ejercido violencia sobre ellos. Todo fue grabado y filmado. Esta información la obtuvo la UNRN al final del día, cuando liberaron a los 8 ocupantes», manifestaron.

«El extenso período de tiempo transcurrido desde la efectivización del desalojo y el transporte de los ocupantes al Juzgado Federal motivó convocatorias de organizaciones sociales ajenas a la universidad en protesta por la intervención de la fuerza pública. La Universidad lamenta los desbordes de manifestantes y la Gendarmería. Nada justifica la violencia», concluyeron.

Sobre el repudio a los hechos ocurridos el lunes en Roca

«Ninguna situación justifica la violencia, sin embargo en el Estado de Derecho debe aceptarse y reconocerse al Poder Judicial. La Justicia Federal es de todos los argentinos. Después de que el 8 de noviembre la Cámara Federal de la ciudad de General Roca confirmó el procesamiento de dos docentes por la usurpación de la Casona, ordenándose el desalojo del edificio universitario, los participantes de la toma debieron haber desalojado y no lo hicieron. El Juez debió recurrir a las fuerzas de seguridad para producir el desalojo. Los ocupantes no son ni víctimas, ni mártires de las luchas populares. La Universidad Nacional de Río Negro bregó permanentemente por no llegar a esta instancia intentando convencer a los ocupantes para abandonar esa medida. Lo hizo a través de sus autoridades, de sus asociaciones gremiales, de sus órganos colegiados de gobierno. Todos los pedidos fueron desoídos».

Es así que la UNRN lamentó que «esas ocasiones no hayan sido acompañadas y apoyadas por las organizaciones que ahora, con un evidente sentido de la oportunidad, se manifiestan. En esos momentos eran los propios trabajadores docentes y no docentes los que pedían manifestaciones solidarias en pos de sus derechos e integridad física y laboral. Nunca vinieron a solidarizarse con los trabajadores docentes y no docentes agredidos e injuriados sistemáticamente por los miembros de esta secta. No han reconocido que ellos también tienen derechos, por cierto humanos, como el derecho a estudiar, a trabajar, a no ser ofendidos en su dignidad».

«Varias agrupaciones opositoras a esta gestión con idéntico oportunismo, hacen declaraciones acusando a las autoridades por no fomentar el diálogo y por no encontrar caminos “no inventados” para resolver este conflicto. Consideran que las autoridades se encuentran fuera de los alcances de la ley y de la Constitución, creyendo que la autonomía universitaria implica la posibilidad de no cumplir o hacer cumplir las leyes de la Nación, y dejando entrever livianamente que un delito que sucede dentro del ámbito universitario, debe ser abordado fuera de las normas que rigen la vida en democracia».

«¿Consideran acaso que las vías correctas de resolución de conflictos deben ser diferentes a las que nos rigen como ciudadanos? ¿O que deben resolverse por fuera de las normas estatutarias de la Universidad? ¿Consideran que un diálogo efectivo es aquel que debe avalar la extorsión y el amedrentamiento de personas? ¿Creen que quienes rompen edificios (construidos con los impuestos del pueblo) no deben ser sancionados? En definitiva, creen que los órganos colegiados que conforman el Gobierno universitario y que son garantías de la democracia institucional merecen ser ninguneados como canales legítimos para viabilizar los reclamos? La UNRN cree que la comunidad universitaria debe elevar el discurso, generar análisis críticos, propiciar el debate respetando normas y personas, sostener y defender la democracia interna y condenar todos los intentos de golpe institucional», agrega el comunicado.

Por su parte, desde la UNRN aseguraron que se continuará con los dos sumarios en curso, uno a las dos docentes (las hermanas Victoria y Virginia Naffa), en sede rectoral, por incumplimiento de deberes y obligaciones previstas en el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, y el otro, al pequeño grupo de estudiantes por inconductas previstas en el Régimen de Convivencia y Disciplina de los alumnos. En la semana en curso concluirán prácticamente todas las declaraciones testimoniales e indagatorias a los imputados.

«En la semana del 20 de diciembre el instructor sumariante producirá los dictámenes respectivos que se notificarán a los imputados para los correspondientes descargos, para lo cual éstos tendrán los plazos procesales previstos en los dos regímenes legales aplicables. Dichos plazos se suspenden en el período de receso administrativo desde el 26 de diciembre al 21 de enero, y su conteo se reanudará a partir de esta última fecha. En la semana del 21 de enero se tomarán las indagatorias sobre unos pocos casos de estudiantes aún no convocadas. En el mes de febrero se producirá el dictamen final del instructor sumariante, tomará vista el servicio jurídico de la Universidad, quien recomendará al Rector y Vicerrector las sanciones que estime proceder, para cada uno de los imputados. Luego, éstos producirán los actos administrativos con las sanciones que correspondieran, las que podrán ser recurridas al Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica, que producirá el dictamen final. Contra los actos administrativos de las Universidades Nacionales los sancionados podrán recurrir a la justicia, específicamente a la Cámara Federal de General Roca», añadieron.

«A partir de la cuantificación de todos los daños materiales producidos contra la UNRN en estos 89 días, la institución se presentará en la Justicia para accionar por daños y perjuicios2, concluyeron desde la casa de altos estudios.