Judiciales
Dos de cada tres integrantes del Poder Judicial en Río Negro son mujeres
La estadística data que son el 64%, superando la participación femenina a nivel nacional que asciende al 56%.

El Mapa de Género que publica la Corte Suprema de Justicia da cuenta de la composición por género en los estamentos judiciales provinciales. El Poder Judicial de Río Negro cuenta con un 64% de mujeres. De esta forma, supera la media nacional, donde la participación femenina asciende al 56%.
A partir de una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que comenzó a ejecutarse el 8 de marzo de 2010, se confecciona el Mapa de Género de la Justicia Argentina. Se realiza gracias a información que proporcionan las oficinas de la mujer de las distintas provincias.
Según se consigna en el último Mapa de Género disponible en https://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/, sobre un total de 1675 personas que integran el Poder Judicial, el 64% son mujeres. La tendencia porcentual desde que la Oficina de Género de Río Negro actualiza el mapa se mantiene.
Desde 2012, la Corte desarrolló un sistema informático que permitió la carga online de todas las jurisdicciones del país, mediante una clave de acceso que se les proporcionó.
El Poder Judicial de Río Negro
El último Mapa de Género disponible da cuenta que el STJ tiene dos juezas y tres jueces, pero en las Secretarias del STJ había al momento de confeccionar las estadísticas tres mujeres y dos varones.
Con respecto a los camaristas, da cuenta de 40 varones y 14 mujeres. Cabe aclarar que aún no se incorporan los cambios del Código Procesal Penal, que convirtió a los camaristas en jueces de juicio.
En primera instancia hay 25 juezas y 21 jueces; las Juezas de Paz son 29 y los Jueces 20. En cuanto a los Secretarios de Cámara, son 12 mujeres y 7 varones; en las Secretarías de Juzgados son 37 mujeres y 18 varones; secretarios de Juzgados de paz son 4 mujeres y 2 varones; el rubro “otros funcionarios” tiene 20 mujeres y 13 varones.
Al analizar la composición de las áreas administrativas, en personal de la máxima categoría hay 249 mujeres y 144 varones; en otras categorías hay 326 mujeres y 145 varones.
En el Ministerio Público Fiscal el 62% son mujeres; en cuanto a procuradores y fiscales, el género femenino representa el 49%; el 33% son funcionarias y el personal administrativo asciende al 68%. Por su parte, en Ministerio Público de la Defensa el 69% son mujeres: 68% de defensores, la totalidad de las funcionarias y el 69% de personal administrativo. En cuanto al personal de servicio dentro de la judicatura hay 112 mujeres y 81 varones.
Según el informe, en el Ministerio Público Fiscal la cantidad de mujeres se reduce a un 58%, y en el Ministerio Público de la Defensa se amplía al 71% de participación femenina.
Judiciales
La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.

El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
Judiciales
Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.

La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
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Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.

La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.





