El gremio docente UnTER repudió duramente la modificación del Régimen Penal Juvenil, anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que implica la baja en la edad de imputabilidad para menores de 16 años para delitos de carácter grave como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.

«Es evidente que la estrategia del gobierno nacional es instalar en la agenda, la problemática de la inseguridad, tomando como rehenes a jóvenes de los sectores más perjudicados por una crisis, que provocaron las medidas neoliberales impuestas por el macrismo», denunciaron a través de un comunicado de prensa desde el sindicato que conduce Patricia Cetera.

En este sentido, explicaron que la ministra Bullrich confirmó la presentación del proyecto para las sesiones legislativas extraordinarias. «Medida sostenida junto al ministro de Justicia Germán Garavano, con el único objetivo de volver a poner en debate una falacia, mientras el contexto social y económico se encuentra atravesado por nuevos despidos, tarifazos, restricciones a la seguridad social que determinó que el 48% de los niños se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en Argentina».

Denunciaron desde UnTER que el gobierno busca instalar la «Tolerancia Cero y la implementación de un régimen socioeducativo estricto, fiel a la Teoría Giuliani para imponer el orden social. No se puede negar la coherencia de Bullrich y Garavano, primero se premia a la policía por el gatillo fácil, luego se legitima esta práctica y finalmente se determina la vía libre para la captura de jóvenes de los sectores populares», expresaron.

«No se vislumbra en el gobierno de Macri, ni en sus aliados, ni en la pseudo oposición responsable, encabezada por el senador Miguel Pichetto, ninguna definición respecto de una verdadera política de Seguridad Ciudadana que contemple el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, de la Ley N° 26.061, que prevé la promoción y protección de derechos de niños y jóvenes, tampoco las normativas internacionales. Y mucho más lejos todavía, un atisbo de medidas que garanticen salud, educación y acceso a la justicia para el conjunto del pueblo», agregaron.

Sostuvieron que «los funcionarios no actúan en soledad sino que están avalados por los medios hegemónicos que instalan en la agenda el miedo a la inseguridad y no tienen ningún objeción en brindarle al diputado Olmedo la mayor cantidad de salidas diarias para que siga alimentando el discurso de la mano dura, justificando el trabajo infantil, la explotación laboral y la mano dura con delincuentes comunes, mientras avala la fuga de divisas y la presencia de ‘ladrones de guante blanco’ en sillones ministeriales».

«Tan repudiable como el proyecto de la baja de edad de punibilidad, es el intento de crear una nueva Ley de Residencia, para legalizar la persecución a extranjeros provenientes de los sectores más perjudicados por el capitalismo, mientras el presidente Macri vacaciona en campos de Joe Lewis, territorio usurpado a las comunidades originarias. Evidentemente la lógica es la misma, la culpa de todo lo que está mal siempre es de los otros, nunca de las decisiones propias, ni de la definición política de subordinar a nuestro país bajo los designios del imperio, que ordena el disciplinamiento social», añadieron desde UnTER.

Es por eso que exigieron al gobierno y a los representantes de Río Negro, en la Cámara Legislativa y en el Senado, el absoluto «rechazo a este proyecto. Urge la implementación de medidas sociales y económicas que protejan la vida de nuestros niños y jóvenes, que implica la garantía de tierra, techo y trabajo para sus familias», concluyeron.