Gremios
UnTER también rechazó la baja de imputabilidad para menores de 16 años
El gremio docente se mostró en contra del polémico proyecto que anunció la ministra Patricia Bullrich.
El gremio docente UnTER repudió duramente la modificación del Régimen Penal Juvenil, anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que implica la baja en la edad de imputabilidad para menores de 16 años para delitos de carácter grave como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
«Es evidente que la estrategia del gobierno nacional es instalar en la agenda, la problemática de la inseguridad, tomando como rehenes a jóvenes de los sectores más perjudicados por una crisis, que provocaron las medidas neoliberales impuestas por el macrismo», denunciaron a través de un comunicado de prensa desde el sindicato que conduce Patricia Cetera.
En este sentido, explicaron que la ministra Bullrich confirmó la presentación del proyecto para las sesiones legislativas extraordinarias. «Medida sostenida junto al ministro de Justicia Germán Garavano, con el único objetivo de volver a poner en debate una falacia, mientras el contexto social y económico se encuentra atravesado por nuevos despidos, tarifazos, restricciones a la seguridad social que determinó que el 48% de los niños se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en Argentina».
Denunciaron desde UnTER que el gobierno busca instalar la «Tolerancia Cero y la implementación de un régimen socioeducativo estricto, fiel a la Teoría Giuliani para imponer el orden social. No se puede negar la coherencia de Bullrich y Garavano, primero se premia a la policía por el gatillo fácil, luego se legitima esta práctica y finalmente se determina la vía libre para la captura de jóvenes de los sectores populares», expresaron.
«No se vislumbra en el gobierno de Macri, ni en sus aliados, ni en la pseudo oposición responsable, encabezada por el senador Miguel Pichetto, ninguna definición respecto de una verdadera política de Seguridad Ciudadana que contemple el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, de la Ley N° 26.061, que prevé la promoción y protección de derechos de niños y jóvenes, tampoco las normativas internacionales. Y mucho más lejos todavía, un atisbo de medidas que garanticen salud, educación y acceso a la justicia para el conjunto del pueblo», agregaron.
Sostuvieron que «los funcionarios no actúan en soledad sino que están avalados por los medios hegemónicos que instalan en la agenda el miedo a la inseguridad y no tienen ningún objeción en brindarle al diputado Olmedo la mayor cantidad de salidas diarias para que siga alimentando el discurso de la mano dura, justificando el trabajo infantil, la explotación laboral y la mano dura con delincuentes comunes, mientras avala la fuga de divisas y la presencia de ‘ladrones de guante blanco’ en sillones ministeriales».
«Tan repudiable como el proyecto de la baja de edad de punibilidad, es el intento de crear una nueva Ley de Residencia, para legalizar la persecución a extranjeros provenientes de los sectores más perjudicados por el capitalismo, mientras el presidente Macri vacaciona en campos de Joe Lewis, territorio usurpado a las comunidades originarias. Evidentemente la lógica es la misma, la culpa de todo lo que está mal siempre es de los otros, nunca de las decisiones propias, ni de la definición política de subordinar a nuestro país bajo los designios del imperio, que ordena el disciplinamiento social», añadieron desde UnTER.
Es por eso que exigieron al gobierno y a los representantes de Río Negro, en la Cámara Legislativa y en el Senado, el absoluto «rechazo a este proyecto. Urge la implementación de medidas sociales y económicas que protejan la vida de nuestros niños y jóvenes, que implica la garantía de tierra, techo y trabajo para sus familias», concluyeron.
Gremios
ATE definió paro de 24 horas y movilización al Congreso el miércoles 11 de septiembre
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el próximo miércoles (11/09) para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta «contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes».
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.
«Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes», agregó el dirigente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 13 horas frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.
Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.
Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.
Gremios
ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
Gremios
Se cayó el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial y UnTER suspendió el paro
Labor Parlamentaria de la Legislatura no incluyó la iniciativa del PRO en la orden de la sesión de mañana.
El plenario de secretarios generales de la UnTER definió dejar en suspenso el paro de 24 horas, convocado para mañana jueves (5/09), en función de haber logrado frenar el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial, que iba a realizarse en la próxima sesión de la Legislatura provincial.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario definió además declarar el estado de alerta y movilización permanente, y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se defina avanzar con el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por los legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.
El plenario fue convocado de manera inmediata apenas se confirmó la definición de Labor Parlamentaria de no incluir el proyecto en el temario de la sesión de mañana. “Reiteramos que el real objetivo que persigue esta iniciativa no apunta a mejorar la educación pública, sino a cercenar el derecho de huelga y el ejercicio de la protesta a los trabajadores, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, indicaron desde UnTER.
“La iniciativa finge defender el derecho de niños y adolescentes a educarse, y establece guardias mínimas obligatorias los días de paro que no aseguran de ninguna manera el dictado de clases. Sólo garantiza la apertura de las escuelas y las convierte en meras guarderías”, agregaron.
“Denunciamos que ni el proyecto ni los legisladores que lo avalan se ocupan del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparentan preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y escuelas en condiciones”, concluyeron desde UnTER.
