Río Negro
Plenaria ratificó el proyecto del pase a planta de estatales
Este miércoles se definirá en la primera sesión del año de la Legislatura.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda ratificaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que unos 2.800 empleados públicos temporarios pasarán a la planta permanente en el ámbito de la Administración Pública Provincial.
La iniciativa, que ya había recibido ayer (11/03) el dictamen favorable de la comisión de Asuntos Sociales, contó con la presencia de representantes del gremio ATE y el apoyo de UPCN mediante una nota que fue incorporada al expediente.
Para respaldar sus postulados y responder consultas de los legisladores presentes en la plenaria, asistió la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping. Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Alejandro Palmieri, celebró la oportunidad del tratamiento del proyecto y, entre otros conceptos, expresó la importancia de llevar tranquilidad a los trabajadores provinciales “en el marco de la difícil situación que vive el país” al brindarles la estabilidad laboral que implica esta decisión del gobierno provincial.
Seguidamente el plenario dio dictamen favorable a dos resoluciones vinculadas con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes mediante las cuales se aprueba el Estatuto del Trabajador de esa casa de estudios universitarios de la Provincia que, según el texto normativo “establece el régimen de ingreso a la planta permanente de dicha institución”.
En tanto autoridades del IUPA historizaron sobre la entidad y expresaron su satisfacción por la ratificación legislativa de la norma. Integrantes del gremio que agrupa a sus docentes, presentes en la reunión, aseguraron que la ratificación de las resoluciones “no garantiza el pase a planta” y que sólo se trata “de un enunciado legal que no se corresponde con los hechos ni con la realidad” y que “no cuenta con el aval gremial”.
También en esta circunstancia intervino Palmieri para sostener que la ley en tratamiento le asigna al IUPA “autonomía funcional y autarquía financiera” así como que ese centro universitario, “con sus 635 empleados, es el sexto empleador de la Provincia”. Defendió el pase a planta de sus empleados tal como es el caso del proyecto tratado en primer término que otorga estabilidad laboral a los agentes de la administración provincial.
Posteriormente recibieron sendos dictámenes favorables la aprobación de un convenio entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la Fundación Cultural Patagonia.
También se aprobó una modificación al régimen actual de las Comisiones de Fomento para actualizarla tras 48 años de vigencia.
Presente para esta instancia, el secretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Martín Mena, aseguró que con esta ley “se pasa a un nuevo tipo de organización más horizontal” y expresó su deseo de que en ese sentido se avance en el futuro reemplazo de las comisiones de Fomento por municipios.
Asistieron a este tramo de la reunión representantes de la comisión de Fomento de Naupa Huen (departamento de El Cuy) quienes manifestaron no haber tenido la oportunidad de participar en esta modificatoria y pidieron que el expediente fuera retenido en comisiones hasta que pudieran presentar su propuesta junto con la de otros parajes que tampoco intervinieron en su confección.
No obstante el proyecto fue tratado y aprobado tal como fue remitido por el Ejecutivo, el cual cuenta con el aval de 30 comisiones de Fomento de la Provincia según se aseguró durante su tratamiento.
Además, la comisión le dio dictamen favorable a dos proyectos de ley que promueven la declaración de monumentos históricos.
Por un lado, la iniciativa de los legisladores Williams y Yauhar que promueve que se declare monumento histórico provincial a la Comisaria de la ciudad de Los Menucos, construida en el año 1937 por el Ingeniero Adalberto Torcuato Pagano, quien fuera gobernador de la provincia en el periodo 1932-1943.
Por otro lado, se dio dictamen favorable a la iniciativa de la legisladora Morales, que declara monumento histórico provincial, a la casa construida sobre la margen sur del arroyo Salado, rodeada por las calles Florencio Sánchez, Uruguay y Brasil, que sobrevivió al paso de los años, y actualmente es la sede del Museo Histórico Felipe Bonoli.
Por último, la comisión dio dictamen favorable al proyecto de ley de la autoria de la legisladora Yahuar, que instituye en la Provincia de Río Negro, el 15 de julio de cada año como el “Día de las habilidades de la Juventud”, con motivo de resaltar la importancia de la capacitación y educación de los jóvenes para lograr insertarse en el mercado laboral.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
