La situación de riesgo que atraviesan una mujer de Roca, su hija y su bebé por nacer dieron lugar a una fuerte tarea de articulación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (SENAF), el Hospital Francisco López Lima, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, el Consejo Provincial de la Mujer y el área de Promoción Social de la Municipalidad de General Roca.

La audiencia entre los referentes de todos los organismos que intervienen en la problemática se realizó el pasado jueves en el Juzgado de Familia N° 16, convocada por la jueza Andrea Tormena, y contó con la coordinación avalada por el Superior Tribunal de Justicia de la Oficina de Género del Poder Judicial, a cargo de Beatriz Mosqueira.

En total fueron 14 profesionales de 8 organismos Judiciales, del Ejecutivo Provincial y del Ejecutivo Municipal quienes participaron de la reunión, a tono con la urgencia verificada en el caso y en cumplimiento de la obligación del Estado, como un todo, de materializar el Derecho Humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Esta articulación de acciones entre los distintos organismos se debe a que las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad graves y urgentes no pueden ni deben brindarse exclusivamente desde el Poder Judicial sino que deben surgir de un trabajo coordinado e interdisciplinario en el que cada institución integrante de esa red asuma y cumpla sus responsabilidades funcionales.

La complejidad y gravedad de la situación familiar se refleja en un expediente principal por violencia familiar (Ley 3040) iniciado en 2016, en cuyo marco la jueza convocó a los respectivos defensores oficiales de la mujer y del hombre denunciados y a los referentes de los organismos que vienen interviniendo desde distintos ángulos en la situación. El objetivo de la audiencia fue consolidar una mesa de trabajo y articulación para replantear el abordaje brindado hasta ahora y unificar la intervención, haciéndola más eficiente y dinámica, bajo la dirección de la jueza.

Entre las conclusiones de la audiencia se requirió trato prioritario del Cuerpo de Investigación Forense para actualizar las evaluaciones correspondientes tanto respecto de los adultos involucrados como de los niños. También se solicitó a la secretaría de Seguridad de la provincia un lugar excepcional para que el hombre denunciado ingrese al grupo de tratamiento para agresores, y se definieron las nuevas estrategias de intervención mediante acuerdos operativos entre los organismos.

Para mantener un canal de comunicación inmediato con el juzgado, se creó un grupo de correo electrónico del que participan todos los referentes, con el compromiso de volcar allí cada novedad referida a sus intervenciones. Además, se acordó mantener reuniones personales de manera mensual para analizar los progresos e incorporar a nuevos actores al próximo encuentro, como el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados y el Ministerio Público Fiscal, atento las derivaciones penales que también tiene el caso.