Río Negro
Impulsan crear un área para inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo
La diputada Soria asegura que la regulación del vínculo entre quienes alquilan y los locatarios es mínima.
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó un proyecto de Ley para incorporar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo un área específica para los inquilinos, y a su vez crear una Oficina Nacional de acciones concretas con participación de los sectores involucrados.
La iniciativa fue impulsada por la Unión de Inquilinos de Río Negro y la Federación Nacional de Inquilinos, con el objetivo de poner en agenda el problema habitacional que existe en función de los alquileres de viviendas.
La regulación del vínculo entre inquilinos y locatarios es mínima. Ante la falta de controles y grandes excesos en esta relación contractual donde hay una parte débil y otra parte poderosa, es el Estado quien debe intervenir, a fin de equiparar las fuerzas y que los inquilinos puedan alquilar de manera justa.
Los datos estadísticos en la provincia de Río Negro son preocupantes: el 21% de las familias alquila, el 40,5% del salario se destina al alquiler, el 97% cree que no se realizan controles sobre las inmobiliarias, y el 87% está preocupado por los precios y aumentos. Los inquilinos afrontan aumentos en los contratos que van del 35% al 65%, servicios cada vez más caros, combustibles en alza, alimentos y ropa cada vez más caros, lo que hace insostenible para cualquier familia vivir dignamente.
El año pasado, la Ley Nacional de Alquileres que también apuntaba a resguardar a los inquilinos frente a los excesos a los que muchas veces son sometidos, contaba con media sanción del Senado pero finalmente no obtuvo aprobación definitiva dejando sin respuesta a millones de inquilinos en todo el país.
El área de Inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo tendrá entre sus funciones prestar asesoramiento legal; promover la participación del Estado en la protección de los derechos del inquilino; ofrecer una instancia de conciliación; recibir denuncias; crear y organizar un registro de inquilinos y propietarios de inmuebles que deberá ser actualizado anualmente.
Complementariamente, la Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos podrá -a partir de datos arrojados por el registro de inquilinos y las necesidades insatisfechas de los inquilinos- elaborar proyectos de ley para ser presentados por el Defensor del Pueblo ante del Congreso de la Nación, así como diseñar e implementar campañas de difusión sobre los derechos de los inquilinos y las herramientas que brinda la ley.
«El constante aumento de los precios de los alquileres y la creciente demanda de requisitos para acceder a este servicio, entre otros impedimentos, condicionan el acceso a la tierra y a la vivienda, ya que la mayoría de los inquilinos no alquila porque quiere, sino porque lo necesita. Es por ello que el Estado no puede desentenderse de esta realidad y debe dar respuestas urgentes», manifestó Soria al respecto.
Política
Echarren: «La Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta”
Se ha convertido en una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.
Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».
«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.
Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.
El Gobierno de Río Negro abona esta semana el primer medio aguinaldo del año para todas y todos los trabajadores estatales.
El cronograma de pago comienza hoy martes (8/07), con el depósito para trabajadoras y trabajadores de Salud, incluidas guardias y horas extras, Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.
El miércoles (9/07) se completará el pago para docentes y porteros, personal comprendido en la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó que, «a pesar de los tiempos difíciles, hacemos un gran esfuerzo financiero para cumplir con el pago del aguinaldo, sin dejar de garantizar la prestación de los servicios esenciales. Es una muestra concreta del compromiso con nuestros trabajadores y con cada familia rionegrina».
Política
Ruta Nacional N° 151: «Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial»
La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial.
El gobernador Alberto Weretilneck advirtió que el estado calamitoso de la Ruta Nacional N° 151, «es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país». Aseguró que la presentación judicial colectiva impulsada por la Provincia, junto a intendentes e instituciones, busca que la Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.
La acción de amparo colectivo, presentada el 5 de julio ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.
El objetivo es que la Justicia exija a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.
«Agotamos todas las instancias de reclamo sin recibir respuesta alguna. Este Gobernador, los Intendentes y los medios locales llevamos años denunciando el abandono de la Ruta 151 y la única herramienta que nos queda es la Justicia», subrayó Weretilneck en diálogo con Canal 10. El juez federal ya aceptó la demanda y dio once días a Vialidad Nacional para responder sobre el estado de la ruta y las acciones previstas, iniciando la tramitación formal del expediente.
La demanda detalla que el pésimo estado de la Ruta Nacional N° 151 obstaculiza servicios esenciales: en lo que va del año, más de 576 traslados sanitarios dependen de este tramo, mientras que más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas utilizan diariamente la ruta para acceder a la educación. Además, impacta directamente en actividades estratégicas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
«Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas», denunció el gobernador.
Entendió que las provincias «no generamos inflación ni deuda externa, pero somos quienes sostenemos la producción y la vida del país. Es hora de que la Nación cumpla con sus obligaciones».
La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: recursos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse al mantenimiento de rutas, son desviados sistemáticamente, agravando la situación.
