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Aseguradora deberá pagar casi medio millón de pesos a un cliente

Una Cámara Civil de Roca amplió $200.000 más de indemnización por daño moral.

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La Cámara Civil de Apelaciones de Roca amplió a $450.000 la multa que una aseguradora deberá pagar a su cliente por haber incumplido arbitrariamente la cobertura de daño total que sufrió la camioneta del hombre en un siniestro vial. La sentencia, que aplica el régimen de Defensa del Consumidor a los contratos de seguro, además amplía a $200.000 la indemnización por “daño moral” y alcanza también al conductor del vehículo que provocó el choque y a su respectiva aseguradora, luego de que todos los intervinientes en el proceso apelaran el fallo de primera instancia.

El caso remite a un choque ocurrido en la Ruta Nacional 22 el 6 de octubre de 2013, a la altura del Km 1186, al oeste de Roca. El damnificado, de ocupación constructor, circulaba por la Ruta a bordo de su Volkswagen Amarok cuando el conductor de un Citroën C3 intentó subir a esa vía desde una calle transversal y produjo la colisión.

La camioneta resultó con destrucción total, por lo que el constructor inició el reclamo contra su aseguradora, la empresa QBE Seguros La Buenos Aires, por la cobertura pactada. También demandó al conductor del Citroën y a su aseguradora, la empresa San Cristóbal, por el resto de los daños sufridos.

La sentencia de primera instancia condenó a QBE, al particular y a San Cristóbal a pagar el valor de una camioneta similar a la siniestrada, más $ 36.000 por el tiempo de “privación de uso” del rodado que sufrió el hombre, más $ 60.000 por “daño moral” y otros $ 18.500 por “lucro cesante”, todos ellos con sus correspondientes intereses. Además, impuso a QBE una multa civil (daño punitivo) de $ 200.000 a favor del cliente, valorando la repetida falta de respuesta que tuvo el hombre a sus reclamos.

Este último rubro fue el más ampliado por la Cámara, a un total de $ 450.000 más intereses, en atención a la conducta que la aseguradora mantuvo hacia su cliente desde que ocurrió el hecho.

“Permanecer impasible ante las comunicaciones del asegurado, las notificaciones judiciales y con ello, presumiblemente apostar a la extensión del proceso -han transcurrido aproximadamente cinco años y medio desde el hecho- a partir de una postura indolente -sino especulativa- con la desvalorización de la moneda de pago y la licuación de la indemnización con el transcurso del tiempo; lejos de aminorar lleva a considerar la elevación de la sanción, en tanto la reiteración comprobada de conductas y el desaprensivo accionar, contrario a la dignidad del asegurado”, sostuvo el juez Soto en su pronunciamiento.

Se valoró así que la aseguradora “discontinuó el intercambio epistolar” ante el reclamo de su cliente, “luego no concurrió a la mediación prejudicial, no contestó la demanda, quedó rebelde y cuando se presentó en el proceso para subsanarla; siguió litigando sin demostrar una postura proclive al cumplimiento de la cobertura contratada”.

Lo elevando de la multa respondió a que “limitar la reparación al pago nominal de la suma asegurada (…) sin imponer sanción punitiva alguna, sin duda alguna alentaría el incumplimiento, propiciando además la extensión de los pleitos como el presente (…) toda vez que resultaría más redituable (para las empresas) utilizar el capital retaceado al asegurado que cumplir con sus obligaciones…”, se precisó en el fallo.

La indemnización por “daño moral” también fue ampliada por la Cámara, que valoró “el desasosiego y la indignación” que generó en el hombre la calidad de respuesta obtenida de parte de todos los autores del daño.

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Cuarta condena por la violenta banda que cometía robos en Roca, Allen y Cipolletti

Dos integrantes de la asociación ilícita reconocieron su participación en los delitos investigados. Un hombre de 35 años recibió 6 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que un adolescente fue declarado responsable penalmente.

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La investigación por una asociación ilícita acusada de cometer violentos robos en viviendas de General Roca, Allen y Cipolletti sumó dos nuevas resoluciones judiciales. Dos de sus integrantes reconocieron haber cometido los delitos que se les atribuían y, de esta manera, ya son cuatro las condenas dictadas por estos hechos.

Tras el pedido conjunto de la acusación y las defensas, el Tribunal Colegiado homologó una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva para un hombre de 35 años, quien además fue declarado reincidente por segunda vez. En tanto, para el otro imputado, que tenía 16 años al momento de los hechos, se resolvió declarar su responsabilidad penal y disponer que permanezca bajo el régimen del programa de Libertad Asistida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El hombre de 35 años llegó detenido a la audiencia, luego de que la Fiscalía solicitara su prisión preventiva durante la formulación de cargos realizada el 13 de noviembre de 2025. Durante el juicio abreviado reconoció haber integrado la asociación ilícita y haber participado puntualmente en cuatro hechos.

Según describió la Fiscalía, el grupo actuaba con uno o dos vehículos que habían sido robados previamente. Sus integrantes irrumpían violentamente en las viviendas elegidas, ingresando por puertas traseras luego de escalar paredones y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y las ataban con alambres o precintos.

Posteriormente, exigían dólares y preguntaban por la ubicación de las cajas fuertes para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos, aunque no teléfonos celulares. También se llevaban los DVR, equipos donde quedan almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad.

Entre las pruebas reunidas se destacó el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar esta multiplicidad de casos y coordinada por el Ministerio Público.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del servicio de emergencias 911 y de particulares, cuyo contenido fue cotejado con testimonios, pericias y datos obtenidos de los teléfonos celulares. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General, permitió establecer la ubicación de los imputados mediante el tráfico de las antenas telefónicas y determinar los distintos lugares donde ocurrieron los hechos.

También intervinieron el Gabinete de Criminalística, que realizó levantamientos de rastros, muestras odoríficas y material genético, y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que entrevistó y asistió a las personas afectadas mediante los correspondientes análisis victimológicos.

A estas tareas se sumaron las denuncias penales, las actas policiales, los croquis, las entrevistas a vecinos que habían alertado al 911 y los resultados positivos de requisas vehiculares y allanamientos.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos apareció un equipo de comunicación con características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, que tenía acceso a 12 frecuencias policiales. Las pericias determinaron que no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.

La investigación continúa con otras ocho personas vinculadas al legajo fiscal, todas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes.

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Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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