Río Negro
Las obras del recambio cloacal llegaron al 50% de su ejecución
Son cinco los distintos puntos en los que cuatro firmas privadas trabajan en la ciudad.
Se realizan a buen ritmo las obras de mejoramiento del sistema cloacal en General Roca. Con el inicio del reemplazo cloacal en calle Gadano, son cinco los distintos puntos en los que cuatro firmas privadas trabajan en la ciudad. Del total se ejecutó en cinco meses la mitad de las obras previstas.
Las obras más importantes, no solo por su envergadura y complejidad en los trabajos, son las que desarrollan la empresa Rimsol, en el reemplazo de la cañería cloacal en calle Viedma entre Jujuy y República del Líbano; y la que realiza la empresa Arideros, sobre calle Jujuy entre Los Álamos y Colombia.
La obra de calle Viedma, muy esperada por los vecinos de barrios Los Olmos, contempla en una primera etapa el recambio de la vieja cañería actual en tramo comprendido entre las calles Jujuy a Resistencia. Desde la firma indicaron que “el próximo lunes comenzaremos a colocar la cañería por el método de entubamiento, desde la calle Ushuaia a Santa Rosa. Esta semana trabajamos en la fusión de los caños”. Finalizados estos trabajos, iniciarán por el segundo tramo de la obra.
Por su parte, el recambio del principal ducto cloacal de la ciudad, en calle Jujuy avanza a paso firme. En este sector ya fue colocado el cañor cloacal en tramo comprendido entre Los Álamos y calle Güemes. Esta zona es de una gran complejidad ya que en la intersección con calle Güemes se encuentra con tres acueductos, por lo que se deberá continuar con mayor cautela.
El ducto cloacal de calle Jujuy, es una de las colectoras más importantes de la ciudad ya que transitan por él la mitad de los líquidos cloacales de la ciudad; luego llegan a la principal Estación Elevadora, ubicada sobre Ruta 22 para luego ser impulsados a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. La cañería colocada hasta el momento reemplaza al viejo asbesto cemento por cañería PVC de diámetro 630 mm.
En el barrio Alta Barda, hacia el oeste de la ciudad, la empresa privada Lupica está finalizando con los trabajos de recambio del colector de ingreso a la Estación Elevadora. La importancia de esta obra radica en que por esta cañería pasan el afluente de los líquidos cloacales de los barrios El Porvenir, Belgrano, parte de los ubicados al sur del canal principal, J.J.Gómez y Alta Barda, para luego ser impulsados a la Planta de Tratamiento, ubicada sobre la barda norte.
Por último, comenzó una nueva obra del recambio de 90 mts de cañería en calle Gadano, entre Fleming y Gelonch a cargo de la empresa CSH SRL. La misma empresa se encuentra en el tramo final de la obra de reemplazó del ducto cloacal en la calle Rodhe entre Córdoba y La Pampa; la nueva cañería ya fue colocada por lo que estiman comenzar con el hormigón la semana entrante. Luego operarios de la firma se trasladaran a la calle Isidro Lobo entre Córdoba y Mendoza para continuar en ese tramo.
Vale recordar que del plan de las 12 obras que mejoraran el funcionamiento del sistema cloacal en Roca, están finalizadas el recambio cloacal de calle 9 de Julio entre España y Santa Cruz, el tramo en calle Maipú entre 25 de Mayo e Irigoyen, el tramo en calle Neuquén entre Artigas y Alsina, el tramo de calle Gelonch entre Fleming y Mendoza y el tramo de Rochdale entre Santa Rosa y Usuahia.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
