Río Negro
Ordenaron al gobierno provincial que garantice el acceso a la educación a toda la comunidad de paraje Río Chico Abajo
El Ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta al respecto.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, en el marco de una acción de amparo, garantizar el acceso a la educación de todas las personas que habitan el paraje Río Chico Abajo y otorgó a esa cartera un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la falta de acceso de esa comunidad a los ámbitos de educación formal obligatoria.
El fallo, que lleva el voto inicial del juez Sergio Barotto y la adhesión de los demás vocales del STJ, ordena al Ministerio “garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos/as” y exige que la planificación requerida precise “acciones, plazos y nómina de funcionarios responsables” de cumplir la manda judicial.
La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el Juzgado N° 11 de El Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la Escuela N° 331, dispuesto en 2017 por el Consejo Provincial de Educación.
El juez Barotto propuso revocar aquella sentencia y dictar una de mayor alcance, por considerar “evidente que las consecuencias de las decisiones administrativas indicadas impactaron al conjunto de pobladores del Paraje (…) que tenían interés en el mantenimiento del servicio educativo”.
Puntualizó que durante la tramitación del expediente, además del reclamo inicial por la situación de dos alumnas, se advirtió el perjuicio a otros niños y niñas del paraje y al grupo de jóvenes y adultos que también se vieron afectados por el cierre de la Escuela Nº 35, que funcionaba como Anexo nocturno de la Escuela N° 331. Esa preocupación fue reflejada incluso por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci y por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que reclamó el derecho a la educación intercultural bilingüe respecto de los integrantes de la Comunidad Mapuche Peñi de Río Chico. Además el Sr. Guillermo Pinchulef, Lonko de la mencionada Comunidad, se incorporó a la causa en carácter de colaborador (Amicus Curiae) representado también por la Defensa Pública.
El alcance comunitario de la problemática, finalmente, fue certificado mediante un informe de situación que realizó el Departamento de Servicio Social del Ministerio Público, a requerimiento del STJ.
Durante el proceso surgieron desde Educación algunas propuestas alternativas que no prosperaron, como asignar una vivienda para tres familias en la localidad donde funciona la escuela más cercana o trasladar a los niños y niñasa la Escuela Hogar Mamuel Choique, distante a 80 km del paraje.
Afectación de derechos y garantías
Se señaló en la decisión judicial adoptada que “la fijación de políticas educativas, así como la planificación, organización y administración del sistema educativo son, por imperio constitucional, privativas del Consejo Provincial de Educación”, por lo que no corresponde, “en principio, la intromisión del Poder Judicial” en esas decisiones. Sin embargo, se explicó que el Poder Judicial tiene el deber de dar curso a la acción de amparo “cuando tales obrares afectan negativamente derechos y garantías fundamentales de niños, niñas, adolescentes o inclusive de personas adultas en proceso de escolarización, reconocidos en las Constituciones o en leyes superiores”.
“Concretamente, no es atribución judicial valorar la eficacia o la eficiencia de tal tipo de política institucional (…) pero sí incumbe al Poder Judicial determinar -en el caso concreto- si concurre una alteración de los referidos derechos y garantías”, indicó el fallo.
Por ello, se precisó que “no corresponderá indicar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial cómo debe garantizar los derechos constitucionales educativos del grupo poblacional afectado por sus obrares legítimos, pero sí corresponderá ordenar a esa dependencia que deberá garantizar el acceso a un servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”.
La decisión a la postre adoptada por el STJ se apoyó, entre otras normas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en la Constitución de la Provincia de Río Negro, que define a la cultura y la educación como “derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y en la ley provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que dispone la obligación estatal de asegurarles con «absoluta prioridad» el efectivo goce del derecho a la educación.
“Una solución que se imponga desde esta instancia solo será justa y cumplirá cabalmente con la normativa constitucional y reglamentaria detallada antes, si contempla los intereses educativos de todos los pobladores del Paraje Río Chico Abajo, sean estos niños, niñas, adolescentes o adultos/as”, concluyó el juez votante en primer término.
Deberes de los adultos
En otro tramo del fallo, el juez Barotto recalcó el “deber de colaboración” que corresponde en este caso a las familias de los niños y niñas y a la población afectada.
“La Constitución Provincial no solamente enumera los derechos de los que gozan los habitantes de esta Provincia sino que también dispone una serie de deberes para las mismas personas. (…) En el caso, el deber social de la hora es actuar de manera tal que cada habitante del Paraje Río Chico Abajo haga de sí todo lo que se encuentre a su alcance para que su propia persona y la de sus vecinos puedan tener el mayor y mejor grado de educación; y mucho más fuerte es dicho deber social en el caso de los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona”, indicó.
La resolución
En primer lugar el fallo rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a la apelación de la Defensa Pública de Menores e Incapaces.
Como consecuencia dispuso “ordenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”, imponiendo el plazo de 15 días para la presentación de una planificación acorde.
También ordenó al Ministerio que en un plazo de 48 horas formalice una propuesta de solución puntual para la familia de la niña que inició el amparo. Esa propuesta se notificará electrónicamente al Juez de Paz de la localidad de Río Chico para que el funcionario “en forma inmediata cite al grupo familiar de mención, a los cuales notificará fehacientemente de la propuesta referida y, en el mismo acto, les requerirá se manifiesten si aceptan o no la misma, brindado los fundamentos correspondientes en caso de no aceptación”. La sentencia prevé en este punto que la familia deberá ser informada sobre su “deber primario” de proporcionar a los menores de edad a su cargo “las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, tal como lo prevé la Ley D Nº 4.109 de Protección Integral.
Por último la sentencia ordenó al Ministerio que informe todo actuado frente a la falta de total de escolarización de otra niña de la comunidad y que indique un plan de acción para revertir esa situación.
Política
Weretilneck: «Estamos fundando un nuevo sistema de transporte en el Alto Valle»
El gobernador aseguró que el servicio tendrá como prioridades la puntualidad, la calidad de los coches y la seguridad de los pasajeros. La primera licitación, por $1.781 millones, tendrá apertura de ofertas el próximo 24 de noviembre.
El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que la recuperación del Tren Patagónico del Valle permitirá establecer un nuevo sistema de transporte para el Alto Valle, con la calidad del servicio como prioridad. El mandatario destacó que «el objetivo será garantizar puntualidad, buenos coches y condiciones seguras para que los pasajeros puedan subir y bajar de las formacione»s.
«El Tren del Valle ya es una realidad», afirmó Weretilneck este miércoles (04/11), durante una visita a las oficinas centrales del Tren Patagónico, donde repasó el estado del proceso de recuperación del servicio ferroviario.
En ese marco, confirmó que el próximo 24 de noviembre se abrirán las ofertas de la primera licitación, que contempla una inversión de $1.781 millones. En esta instancia se conocerán las empresas interesadas en ejecutar obras para ampliar y modificar cinco estaciones y construir un nuevo acceso en Cipolletti.
Los trabajos incluirán la construcción de sitios de acceso, descenso y espera de pasajeros en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca. Además, se sumará un nuevo acceso en cercanías de la Facultad de Medicina de Cipolletti.
«Fundamentalmente estamos fundando un nuevo sistema de transporte en el Alto Valle», sostuvo el gobernador, quien consideró que la recuperación del tren representará una mejora concreta para miles de personas que diariamente se trasladan entre las distintas ciudades de la región. «Río Negro tiene rumbo y tiene futuro», concluyó.
Río Negro
Río Negro comenzó las reparaciones urgentes sobre la Ruta Nacional N° 151
Los equipos de Vialidad Rionegrina iniciaron las tareas en el kilómetro 109, cerca de Catriel.
El Gobierno de Río Negro comenzó hoy (04/11) los primeros trabajos más urgentes de reparación sobre la Ruta Nacional N° 151, en cercanías de Catriel, luego de asumir la semana pasada la responsabilidad sobre esta vía y la Ruta Nacional N° 22. El gobernador Alberto Weretilneck destacó el carácter histórico de esta decisión, que implica para la Provincia hacerse cargo de un desafío que originalmente corresponde al Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la seguridad de quienes transitan por estas rutas.
Los equipos de Vialidad Rionegrina comenzaron esta mañana las tareas de reparación en la zona del kilómetro 109 de la Ruta Nacional N° 151, uno de los sectores que presenta mayores dificultades para la circulación.
Weretilneck explicó que «se trata de los primeros trabajos en los tramos más complicados de la Ruta 151, para tratar de garantizar la seguridad de quienes transitan por el lugar. No se trata de las obras mayores, sino de ir solucionando en esta primera etapa lo más urgente».
En este marco, el Gobernador destacó la trascendencia de la decisión provincial de asumir el mantenimiento de estas rutas nacionales. «Estamos dando un paso histórico para Río Negro. Por primera vez, la Provincia se hace cargo de intervenir en dos rutas nacionales fundamentales para nuestra gente y nuestra producción. Es una responsabilidad enorme, pero también una decisión que tomamos porque no podemos seguir esperando mientras miles de rionegrinos ponen en riesgo su seguridad todos los días», sostuvo.
Asimismo, remarcó que «hacernos cargo de estas rutas es un desafío muy importante, que requiere recursos, planificación y mucho trabajo. Sabemos que no vamos a solucionar años de deterioro de un día para el otro, pero tenemos la decisión de empezar, de avanzar y de dar respuestas concretas. Hoy estamos demostrando esa decisión con máquinas y trabajadores en la ruta».
Más de $10.700 millones para recuperar las rutas
El gobernador recordó que mañana, jueves 5 de noviembre, se conocerán las ofertas de las empresas que participan del proceso de contratación directa de cuatro obras por más de $10.718 millones, destinadas a recuperar sectores deteriorados de las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151.
La apertura de ofertas se realizará en Viedma, en el marco de la Emergencia Vial declarada por la Provincia. Las intervenciones tendrán un plazo de ejecución de 120 días y permitirán avanzar con trabajos de mayor envergadura sobre los sectores más comprometidos de ambas rutas.
Mientras se completa ese proceso, el Gobierno Provincial decidió comenzar con las reparaciones más urgentes utilizando recursos propios de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
Equipos provinciales trabajando en la Ruta 151
Las primeras intervenciones se concentran en el kilómetro 109, en cercanías de Catriel, donde se realizan tareas de reparación con asfalto producido en la planta que Vialidad Rionegrina posee en Allen.
El operativo incluye una motoniveladora para el acondicionamiento de banquinas, dos camiones volcadores con material asfáltico en caliente, un camión regador de asfalto y un rodillo neumático. Tanto el traslado de los equipos como la ejecución de los trabajos están a cargo de personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
Para garantizar la seguridad durante las tareas, se articuló un operativo conjunto con la Policía para regular el tránsito en la zona. Además, se gestionaron ante la Municipalidad de Cipolletti los permisos necesarios para la circulación del carretón encargado del traslado de la maquinaria. El operativo contempla también un despliegue de señalización preventiva a cargo del personal vial.
Desde el Gobierno Provincial se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal y la señalización instalada, y prever eventuales demoras mientras se desarrollan los trabajos.
Política
Río Negro fijó un tope del 33% para los descuentos financieros sobre los salarios estatales
La medida alcanza a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo provincial y busca evitar situaciones de sobreendeudamiento. Durante enero de 2027 regirá un tope transitorio del 50%, que luego se reducirá progresivamente.
El Gobierno de Río Negro estableció un nuevo límite para los descuentos por préstamos y otras obligaciones financieras sobre los salarios de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. A través de un decreto, el gobernador Alberto Weretilneck fijó un tope definitivo del 33% del haber neto, cuya aplicación comenzará en enero de 2027 y se implementará de manera gradual.
La medida alcanza a todos los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo provincial, independientemente de su régimen laboral, y busca evitar que los compromisos financieros comprometan una parte excesiva de los ingresos mensuales de los empleados públicos.
El decreto establece que los descuentos voluntarios por préstamos y otras obligaciones financieras no podrán superar, en conjunto, el 33% del salario neto. Para evitar dificultades a quienes ya tienen deudas asumidas, se dispuso un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2026, durante el cual continuará vigente el esquema actual.
A partir de los haberes de enero de 2027 comenzará a regir un límite transitorio máximo del 50%. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda determinará los mecanismos y plazos para reducirlo progresivamente hasta alcanzar el tope definitivo del 33%.
«Este decreto nos permite ordenar un sistema que estaba generando muchos problemas y afectaciones en los agentes públicos de nuestra provincia», explicó Weretilneck. El mandatario señaló que la intención es establecer reglas claras que protejan los salarios y eviten situaciones de sobreendeudamiento.
Entre las medidas complementarias, el Gobierno buscará celebrar convenios con bancos, financieras, mutuales y otras entidades que operan mediante códigos de descuento, con el objetivo de facilitar la refinanciación de las deudas en condiciones favorables. Además, Weretilneck anunció que se intentará establecer límites a las tasas de interés de los futuros créditos.
El decreto también contempla la puesta en marcha de un nuevo sistema de autorización para este tipo de préstamos, que permitirá incorporar controles preventivos sobre las operaciones y los descuentos aplicados a los salarios.
Por otra parte, se instruyó al Ministerio de Hacienda a implementar programas de educación financiera y un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento para los agentes públicos que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.
Quedarán excluidos del nuevo límite los aportes jubilatorios, las cuotas sindicales, las contribuciones a obras sociales, los seguros y las retenciones judiciales, que continuarán sujetos a sus propias normas.
Con esta decisión, el Gobierno provincial recupera una herramienta de protección salarial que había sido suspendida en 2020. «Con esta medida, estamos cuidando y defendiendo los ingresos de los agentes públicos de nuestra provincia. Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro», concluyó el gobernador.
