Río Negro
Ordenaron al gobierno provincial que garantice el acceso a la educación a toda la comunidad de paraje Río Chico Abajo
El Ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta al respecto.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, en el marco de una acción de amparo, garantizar el acceso a la educación de todas las personas que habitan el paraje Río Chico Abajo y otorgó a esa cartera un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la falta de acceso de esa comunidad a los ámbitos de educación formal obligatoria.
El fallo, que lleva el voto inicial del juez Sergio Barotto y la adhesión de los demás vocales del STJ, ordena al Ministerio “garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos/as” y exige que la planificación requerida precise “acciones, plazos y nómina de funcionarios responsables” de cumplir la manda judicial.
La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el Juzgado N° 11 de El Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la Escuela N° 331, dispuesto en 2017 por el Consejo Provincial de Educación.
El juez Barotto propuso revocar aquella sentencia y dictar una de mayor alcance, por considerar “evidente que las consecuencias de las decisiones administrativas indicadas impactaron al conjunto de pobladores del Paraje (…) que tenían interés en el mantenimiento del servicio educativo”.
Puntualizó que durante la tramitación del expediente, además del reclamo inicial por la situación de dos alumnas, se advirtió el perjuicio a otros niños y niñas del paraje y al grupo de jóvenes y adultos que también se vieron afectados por el cierre de la Escuela Nº 35, que funcionaba como Anexo nocturno de la Escuela N° 331. Esa preocupación fue reflejada incluso por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci y por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que reclamó el derecho a la educación intercultural bilingüe respecto de los integrantes de la Comunidad Mapuche Peñi de Río Chico. Además el Sr. Guillermo Pinchulef, Lonko de la mencionada Comunidad, se incorporó a la causa en carácter de colaborador (Amicus Curiae) representado también por la Defensa Pública.
El alcance comunitario de la problemática, finalmente, fue certificado mediante un informe de situación que realizó el Departamento de Servicio Social del Ministerio Público, a requerimiento del STJ.
Durante el proceso surgieron desde Educación algunas propuestas alternativas que no prosperaron, como asignar una vivienda para tres familias en la localidad donde funciona la escuela más cercana o trasladar a los niños y niñasa la Escuela Hogar Mamuel Choique, distante a 80 km del paraje.
Afectación de derechos y garantías
Se señaló en la decisión judicial adoptada que “la fijación de políticas educativas, así como la planificación, organización y administración del sistema educativo son, por imperio constitucional, privativas del Consejo Provincial de Educación”, por lo que no corresponde, “en principio, la intromisión del Poder Judicial” en esas decisiones. Sin embargo, se explicó que el Poder Judicial tiene el deber de dar curso a la acción de amparo “cuando tales obrares afectan negativamente derechos y garantías fundamentales de niños, niñas, adolescentes o inclusive de personas adultas en proceso de escolarización, reconocidos en las Constituciones o en leyes superiores”.
“Concretamente, no es atribución judicial valorar la eficacia o la eficiencia de tal tipo de política institucional (…) pero sí incumbe al Poder Judicial determinar -en el caso concreto- si concurre una alteración de los referidos derechos y garantías”, indicó el fallo.
Por ello, se precisó que “no corresponderá indicar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial cómo debe garantizar los derechos constitucionales educativos del grupo poblacional afectado por sus obrares legítimos, pero sí corresponderá ordenar a esa dependencia que deberá garantizar el acceso a un servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”.
La decisión a la postre adoptada por el STJ se apoyó, entre otras normas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en la Constitución de la Provincia de Río Negro, que define a la cultura y la educación como “derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y en la ley provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que dispone la obligación estatal de asegurarles con «absoluta prioridad» el efectivo goce del derecho a la educación.
“Una solución que se imponga desde esta instancia solo será justa y cumplirá cabalmente con la normativa constitucional y reglamentaria detallada antes, si contempla los intereses educativos de todos los pobladores del Paraje Río Chico Abajo, sean estos niños, niñas, adolescentes o adultos/as”, concluyó el juez votante en primer término.
Deberes de los adultos
En otro tramo del fallo, el juez Barotto recalcó el “deber de colaboración” que corresponde en este caso a las familias de los niños y niñas y a la población afectada.
“La Constitución Provincial no solamente enumera los derechos de los que gozan los habitantes de esta Provincia sino que también dispone una serie de deberes para las mismas personas. (…) En el caso, el deber social de la hora es actuar de manera tal que cada habitante del Paraje Río Chico Abajo haga de sí todo lo que se encuentre a su alcance para que su propia persona y la de sus vecinos puedan tener el mayor y mejor grado de educación; y mucho más fuerte es dicho deber social en el caso de los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona”, indicó.
La resolución
En primer lugar el fallo rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a la apelación de la Defensa Pública de Menores e Incapaces.
Como consecuencia dispuso “ordenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”, imponiendo el plazo de 15 días para la presentación de una planificación acorde.
También ordenó al Ministerio que en un plazo de 48 horas formalice una propuesta de solución puntual para la familia de la niña que inició el amparo. Esa propuesta se notificará electrónicamente al Juez de Paz de la localidad de Río Chico para que el funcionario “en forma inmediata cite al grupo familiar de mención, a los cuales notificará fehacientemente de la propuesta referida y, en el mismo acto, les requerirá se manifiesten si aceptan o no la misma, brindado los fundamentos correspondientes en caso de no aceptación”. La sentencia prevé en este punto que la familia deberá ser informada sobre su “deber primario” de proporcionar a los menores de edad a su cargo “las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, tal como lo prevé la Ley D Nº 4.109 de Protección Integral.
Por último la sentencia ordenó al Ministerio que informe todo actuado frente a la falta de total de escolarización de otra niña de la comunidad y que indique un plan de acción para revertir esa situación.
Río Negro
En los últimos dos meses, se sumaron 91 trabajadores a los hospitales rionegrinos
Más del 50% son médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud.
El sistema público de salud de la Provincia de Río Negro incorporó en los últimos dos meses a 91 nuevos profesionales y trabajadores, según informaron desde el Ministerio de Salud.
La mayoría de los nuevos ingresos corresponden a la Ley 1904, con 56 incorporaciones de profesionales, incluyendo médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. En tanto, la Ley 1844, sumó 35 incorporaciones en diferentes áreas del sistema de salud, incluyendo choferes de ambulancia, asistencial, administrativo y servicios de apoyo.
Los nuevos ingresos se distribuyen en diferentes ciudades como General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, El Bolsón, Choele Choel, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Chichinales, Los Menucos, El Cuy, General Conesa, Comallo, Lamarque, Chimpay, Catriel y Maquinchao.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, destacó que «estamos trabajando para seguir incorporando profesionales al sistema público de salud de la Provincia, en un contexto en el cual existe un importante déficit, no solo a nivel provincial sino nacional, donde el número de profesionales formados a nivel país es menor a las necesidades de los sistemas público y privado».
De esta manera, «el sistema de salud pública de la Provincia sigue trabajando para fortalecer sus servicios y brindar atención de calidad a la comunidad», agregó.
Asimismo, continúa vigente la convocatoria lanzada a principios del año pasado, en la que se busca sumar más profesionales de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología y Clínica Médica, entre otras. Los interesados pueden postularse enviando un correo a [email protected].
«En Río Negro, la salud es una prioridad, y el Gobierno Provincial trabaja para ofrecer más recursos, mejor infraestructura y más profesionales. Esta incorporación de médicos es un paso importante en esa dirección», concluyó el ministro Thalasselis.
Río Negro
El próximo viernes, será día no laborable en Río Negro
Es por el Día del Empleado Público. La Provincia invita a los municipios rionegrinos a adherir a la medida.
A través del Decreto N° 513/2025, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró no laborable el próximo 27 de junio para la Administración Pública Provincial, en conmemoración del Día del Empleado y la Empleada Pública.
La fecha remite a la adopción del Convenio 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27 de junio de 1978, que reconocen el derecho a la negociación colectiva y regulan las relaciones laborales en el sector público.
Río Negro adhiere a esta conmemoración nacional establecida por la Ley N° 26.876 y lo hace en línea con lo dispuesto por el Decreto provincial N° 376/19, que instituyó este día no laborable de manera anual para los organismos estatales.
El decreto también invita a los municipios rionegrinos a adherir e instaurar la jornada como no laborable en sus respectivas administraciones públicas.
«La medida forma parte del reconocimiento institucional a las trabajadoras y trabajadores del Estado, fundamentales en la prestación de servicios a la comunidad en todo el territorio provincial», dice el Decreto.
En tanto, el Consejo Provincial de Educación dispuso jornada institucional y no va a haber dictado de clases.
Río Negro
Río Negro tiene su propia Ley de Puertos: Más beneficios y reglas claras
Establece un marco legal moderno para la habilitación, administración y operación de puertos marítimos, fluviales y lacustres.
Con la sanción de la nueva Ley de Puertos, Río Negro incorporó una normativa clave que regula la actividad portuaria en toda su jurisdicción, brindando previsibilidad a las inversiones y consolidando su rol estratégico en el desarrollo económico nacional.
Una herramienta estratégica para una provincia exportadora
La nueva legislación, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, establece un marco legal moderno para la habilitación, administración y operación de puertos marítimos, fluviales y lacustres. Forma parte del paquete normativo aprobado junto al Régimen de Promoción Económica e Industrial, con el objetivo de potenciar la infraestructura productiva, atraer inversiones privadas y generar empleo de calidad.
La norma posiciona al sistema portuario rionegrino como un activo clave para la logística del comercio exterior, la industria hidrocarburífera, la pesca, el turismo y el transporte de cargas.
«El desarrollo portuario no puede depender de decisiones externas. Por eso Río Negro decidió tener una ley propia, con una mirada federal y estratégica», expresó el gobernador Weretilneck. «Esta norma nos permite administrar mejor, planificar a largo plazo y atraer inversiones que generen empleo y valor agregado en nuestra provincia», amplió.
Agencias portuarias con capacidad de gestión y financiamiento
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de agencias portuarias autárquicas con capacidad operativa y financiera. Estos entes estarán habilitados para modernizar servicios, otorgar habilitaciones y concesiones, establecer tarifas y llevar adelante proyectos de inversión bajo criterios técnicos y competitivos.
La Provincia cuenta con una infraestructura portuaria valiosa cuyo uso será optimizado con las condiciones mejoradoras que establece la normativa.
La nueva ley también promueve la coordinación entre el sistema portuario y otras estructuras logísticas provinciales, como zonas francas, parques industriales y terminales de carga.
Habilitación de terminales privadas e incentivos fiscales
El marco legal contempla la posibilidad de habilitar terminales portuarias privadas que presenten planes de obras, inversión y responsabilidad social portuaria. Estas podrán acceder a concesiones por hasta 50 años, con bonificaciones específicas para aquellas que compartan infraestructura o se integren a ecosistemas logísticos.
A nivel fiscal, las empresas podrán acceder a incentivos provinciales como exenciones o reducciones temporales de cánones y tarifas si invierten en infraestructura portuaria.
Además, se crea un Fondo Portuario Provincial destinado a financiar obras, dragado y mantenimiento, que se alimentará con recursos propios y aportes de las agencias portuarias.
Una provincia conectada al mundo
La ley impulsa la radicación de inversiones en sectores estratégicos como la logística, la exportación y los servicios vinculados al comercio exterior. El sistema portuario adquiere un rol fundamental para la competitividad de la provincia, desde la salida marítima de productos por San Antonio Este hasta el desarrollo del turismo lacustre en la Región Andina.
Con este nuevo marco normativo, Río Negro da un paso decisivo para consolidar su perfil exportador, generar condiciones para el crecimiento del sector energético y productivo, y proyectarse como un nodo logístico de referencia nacional y binacional.
