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Río Negro

Ordenaron al gobierno provincial que garantice el acceso a la educación a toda la comunidad de paraje Río Chico Abajo

El Ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, en el marco de una acción de amparo, garantizar el acceso a la educación de todas las personas que habitan el paraje Río Chico Abajo y otorgó a esa cartera un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la falta de acceso de esa comunidad a los ámbitos de educación formal obligatoria.

El fallo, que lleva el voto inicial del juez Sergio Barotto y la adhesión de los demás vocales del STJ, ordena al Ministerio “garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos/as” y exige que la planificación requerida precise “acciones, plazos y nómina de funcionarios responsables” de cumplir la manda judicial.

La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el Juzgado N° 11 de El Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la Escuela N° 331, dispuesto en 2017 por el Consejo Provincial de Educación.

El juez Barotto propuso revocar aquella sentencia y dictar una de mayor alcance, por considerar “evidente que las consecuencias de las decisiones administrativas indicadas impactaron al conjunto de pobladores del Paraje (…) que tenían interés en el mantenimiento del servicio educativo”.

Puntualizó que durante la tramitación del expediente, además del reclamo inicial por la situación de dos alumnas, se advirtió el perjuicio a otros niños y niñas del paraje y al grupo de jóvenes y adultos que también se vieron afectados por el cierre de la Escuela Nº 35, que funcionaba como Anexo nocturno de la Escuela N° 331. Esa preocupación fue reflejada incluso por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci y por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que reclamó el derecho a la educación intercultural bilingüe respecto de los integrantes de la Comunidad Mapuche Peñi de Río Chico. Además el Sr. Guillermo Pinchulef, Lonko de la mencionada Comunidad, se incorporó a la causa en carácter de colaborador (Amicus Curiae) representado también por la Defensa Pública.

El alcance comunitario de la problemática, finalmente, fue certificado mediante un informe de situación que realizó el Departamento de Servicio Social del Ministerio Público, a requerimiento del STJ.

Durante el proceso surgieron desde Educación algunas propuestas alternativas que no prosperaron, como asignar una vivienda para tres familias en la localidad donde funciona la escuela más cercana o trasladar a los niños y niñasa la Escuela Hogar Mamuel Choique, distante a 80 km del paraje.

Afectación de derechos y garantías

Se señaló en la decisión judicial adoptada que “la fijación de políticas educativas, así como la planificación, organización y administración del sistema educativo son, por imperio constitucional, privativas del Consejo Provincial de Educación”, por lo que no corresponde, “en principio, la intromisión del Poder Judicial” en esas decisiones. Sin embargo, se explicó que el Poder Judicial tiene el deber de dar curso a la acción de amparo “cuando tales obrares afectan negativamente derechos y garantías fundamentales de niños, niñas, adolescentes o inclusive de personas adultas en proceso de escolarización, reconocidos en las Constituciones o en leyes superiores”.

“Concretamente, no es atribución judicial valorar la eficacia o la eficiencia de tal tipo de política institucional (…) pero sí incumbe al Poder Judicial determinar -en el caso concreto- si concurre una alteración de los referidos derechos y garantías”, indicó el fallo.

Por ello, se precisó que “no corresponderá indicar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial cómo debe garantizar los derechos constitucionales educativos del grupo poblacional afectado por sus obrares legítimos, pero sí corresponderá ordenar a esa dependencia que deberá garantizar el acceso a un servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”.

La decisión a la postre adoptada por el STJ se apoyó, entre otras normas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en la Constitución de la Provincia de Río Negro, que define a la cultura y la educación como “derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado” y en la ley provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que dispone la obligación estatal de asegurarles con «absoluta prioridad» el efectivo goce del derecho a la educación.

“Una solución que se imponga desde esta instancia solo será justa y cumplirá cabalmente con la normativa constitucional y reglamentaria detallada antes, si contempla los intereses educativos de todos los pobladores del Paraje Río Chico Abajo, sean estos niños, niñas, adolescentes o adultos/as”, concluyó el juez votante en primer término.

Deberes de los adultos

En otro tramo del fallo, el juez Barotto recalcó el “deber de colaboración” que corresponde en este caso a las familias de los niños y niñas y a la población afectada.

“La Constitución Provincial no solamente enumera los derechos de los que gozan los habitantes de esta Provincia sino que también dispone una serie de deberes para las mismas personas. (…) En el caso, el deber social de la hora es actuar de manera tal que cada habitante del Paraje Río Chico Abajo haga de sí todo lo que se encuentre a su alcance para que su propia persona y la de sus vecinos puedan tener el mayor y mejor grado de educación; y mucho más fuerte es dicho deber social en el caso de los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona”, indicó.

La resolución

En primer lugar el fallo rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado e hizo lugar a la apelación de la Defensa Pública de Menores e Incapaces.

Como consecuencia dispuso “ordenar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del Paraje Río Chico Abajo”, imponiendo el plazo de 15 días para la presentación de una planificación acorde.

También ordenó al Ministerio que en un plazo de 48 horas formalice una propuesta de solución puntual para la familia de la niña que inició el amparo. Esa propuesta se notificará electrónicamente al Juez de Paz de la localidad de Río Chico para que el funcionario “en forma inmediata cite al grupo familiar de mención, a los cuales notificará fehacientemente de la propuesta referida y, en el mismo acto, les requerirá se manifiesten si aceptan o no la misma, brindado los fundamentos correspondientes en caso de no aceptación”. La sentencia prevé en este punto que la familia deberá ser informada sobre su “deber primario” de proporcionar a los menores de edad a su cargo “las condiciones de vida necesarias para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, tal como lo prevé la Ley D Nº 4.109 de Protección Integral.

Por último la sentencia ordenó al Ministerio que informe todo actuado frente a la falta de total de escolarización de otra niña de la comunidad y que indique un plan de acción para revertir esa situación.

Gremios

En paritarias, el Gobierno propuso a estatales aumentos que van de $150.000 a $210.000

La oferta fue realizada a los gremios ATE y UPCN, en el marco de la mesa de la Función Pública.

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Tras un nuevo encuentro en la Función Pública con ATE y UPCN, el Gobierno provincial hizo una nueva propuesta salarial que se compone de sumas fijas de carácter permanentes. Las mismas consisten en $100.000 con el sueldo correspondiente de abril, más $50.000 con el sueldo de mayo para las categorías 1 a 11.

En tanto, para las categorías 12 a 14, la oferta es de $120.000 con el salario de abril, más $60.000 con el sueldo de mayo y para las categorías 15 a más de 20, es de $140.000 en abril, más $70.000 en mayo.

En cuanto a los agentes comprendidos en el escalafón sanitario de la Ley 1904, se prevé un incremento de $100.000 en abril, más $50.000 en mayo para el agrupamiento tercero; de $120.000 en abril más $60.000 en mayo para el segundo; y de $140.000 más $70.000 en mayo para el primero.

Además, se ofreció $100.000 en concepto indumentaria, a pagar en dos veces por planilla complementaria a partir de abril e incrementos en el adicional por título profesional.

Desde el Estado rionegrino se destacó «la continuidad del diálogo como mecanismo para llegar a acuerdos que puedan mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la administración pública».

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Agro

Río Negro con una muy buena temporada frutícola: Se exportaron más de 40% de peras que el 2023

Rusia emerge como el principal para la oferta del Valle en esta primera parte del año.

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Las exportaciones crecieron un 31% en esta primera parte de la temporada, según el último informe elaborado por la terminal portuaria Patagonia Norte (TPPN). Los envíos al exterior de peras y manzanas de Río Negro tuvieron el mejor primer trimestre en tres años.

Esto resalta que las pomáceas concentraron más del 95% del total de la oferta exportable que partió del puerto rionegrino de San Antonio Este (SAE).

En los primeros tres meses del año, las exportaciones frutihortícolas regionales desde SAE sumaron 82.237 toneladas, con un aumento interanual del 31%. Las exportaciones de peras alcanzaron las 77.239 toneladas, un 40% más que el año anterior.

«Fue un año con una mejora notable en la calidad de frutas de pepita, veníamos de tres temporadas muy castigadas por el clima y este año tuvimos estaciones marcadas, primavera fresca y un régimen de lluvias normal. Eso ayudó muchísimo a la recuperación del volumen de exportación», destacó el secretario de Fruticultura del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Facundo Fernández.

La cosecha de peras y manzanas está finalizando en Río Negro con un balance positivo. Los datos oficiales dan cuenta de un incremento del volumen exportado y vendido en el mercado interno durante el primer trimestre del 2024.

En cuanto a los destinos de mercado, Rusia emerge como el principal para la oferta del Valle en esta primera parte del año, con exportaciones de poco más de 24.700 toneladas, un aumento del 3% en comparación con el año anterior hacia este mismo destino. El 88% de este volumen corresponde a peras.

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con poco más de 14.880 toneladas de peras registradas, representando un aumento del 30% respecto a la temporada anterior. La Patagonia envió exclusivamente peras a este destino. Italia ocupa el tercer lugar, con 13.760 toneladas de frutas, reflejando un crecimiento interanual del 24%. La mayoría de esta exportación también fue pera, alcanzando el 99%.

La temporada frutícola 2023-2024 se desarrolló sin problemas significativos, lo que condujo a una mejora en la cosecha en términos de volumen y calidad. Esto se debió a condiciones meteorológicas favorables y una temporada que no fue notablemente afectada por granizo ni heladas. «Este año tuvimos un mejor clima y más parecido a lo que tenemos en los valles y como resultado de eso no solo recuperamos un poco del volumen de exportación, sino que además llegamos a los niveles históricos de exportación este año fue de recuperación notable», agregó Fernández.

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Política

«Solo un ignorante puede querer destruir la Universidad Pública Argentina»

Desde el Frente Renovador de Río Negro apoyaron el reclamo de la comunidad universitaria y criticaron fuertemente el ajuste que propicia el Gobierno Nacional.

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El Frente Renovador Río Negro acompaña el legítimo reclamo de la comunidad universitaria y brega por «una cabal conciencia social sobre el deterioro que produce el desfinanciamiento al que están siendo sometidas».

«La decisión política del presidente Javier Milei de desfinanciar las Universidades Públicas, implica en los hechos el cierre de las mismas. Décadas de orgullo, generaciones de egresados que sirvieron al país produciendo riqueza o el reconocimiento internacional que las precede, nada parece importarle a un gobierno que prefiere comprar aviones vetustos antes que educar al soberano» indicaron desde el partido que tiene como apoderado al ex legislador Nicolás Rochás.

«No hay meritocracia alguna sin igualdad de acceso a la instrucción. Peor aún, sin la posibilidad de una educación superior, lo que se obtiene es la restricción de los cargos jerárquicos solo para las familias pudientes que invierten en la educación de sus hijos. Porque educar nunca es un gasto, siempre es una inversión. La mejor de ellas!», agregaron.

«Desfinanciar las Universidades Públicas no es una medida económica, es una decisión política clara y brutal de la Argentina para pocos que promueven», indicaron.

«No hay ahorro alguno destruyendo el motor del conocimiento argentino, por el contrario nada tiene más costo que un pueblo carente de las herramientas intelectuales para proyectar su futuro», expresaron.

Desde el Frente Renovador Distrito Río Negro, «acompañamos el legítimo reclamo de la comunidad universitaria y bregamos por una cabal conciencia social sobre el deterioro que produce el desfinanciamiento al que están siendo sometidas», concluye el documento.

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