Judiciales
Reconocieron que cometieron un crimen y ahora podrían pasar hasta más de 10 años en prisión
Es por el homicidio de Jonathan Colipi.
Ayer (21/06) a la mañana, las seis personas implicadas en la muerte de Jonathan Colipi, ocurrida en febrero pasado, aceptaron su responsabilidad de acuerdo a la participación de cada uno en el hecho, y la calificación legal correspondiente.
Ello en el marco de un procedimiento de juicio abreviado parcial, tal lo acordado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa particular y la defensa penal oficial, y celebrado frente al juez de Garantías Maximiliano Camarda.
Luego de ello, se realizó la audiencia de cesura con los jueces Fernando Sánchez Freytes, Alejandro Pellizón y Gastón Martín, y de esta manera los involucradas deberán cumplir penas que van desde los 10 años y 8 meses de prisión efectiva.
El fiscal del caso Luciano Garrido reformuló el hecho, el mismo “ocurrió el 3 de febrero de 2019 aproximadamente a las 6 de la mañana, en la calle Colibrí al 1000. En esa vivienda se encontraban durmiendo Jonathan Colipi y su novia, y arribaron a la casa J.M.B, W.M.C, V.M y G.F.V con intención de amenazar. Los imputados J.M.B y W.M.C portaban armas de fuego sin autorización legal para hacerlo, una tipo escopeta calibre 12 recortada y otra pistola color negro”.
“Mientras G.F.V. esperó en la vereda y cortó la luz de la casa, los otros tres ingresaron al patio trasero, realizaron al menos cuatro disparos intimidatorios, que causaron temor a las víctimas. Luego W.M.C forzó la puerta a patadas y los tres entraron a la vivienda. Allí se encontraron con Jonathan Colipi y le preguntaron por su padre, mientras lo amenazaban con dispararle a la joven que estaba con él”.
“El joven les respondió que su progenitor estaba internado en el Hospital local. Siguieron golpeándolo y a través de las amenazas sacaron a la víctima de su casa. J.M.B efectuó dos disparos con la intención de dar muerte a Colipi, causándole su fallecimiento instantáneo, destruyéndole ambas aurículas del corazón”, describió Garrido.
“Tras esto, los cuatro se dieron a la fuga y escondieron el arma y cartuchos en una campera. G.F.V., N.A.V. y J.N.C. tomaron esos elementos, que luego fueron secuestrados por la prevención policial”.
Calificación legal y penas
Es así que J.M.B reconoció el hecho y la calificación legal, y fue declarado responsable penal de los delitos de “homicidio simple agravado por el uso de arma, portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio, todo en concurso real”. El hombre fue condenado a la pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva.
Por su parte, W.M.C fue condenado por el delito de “portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio y coacción agravada, todo en concurso real”. Y aceptó la pena única de 5 años y 5 meses de prisión efectiva.
G.F.V. reconoció su participación en el hecho y fue declarada responsable del delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado en concurso real”. Correspondiéndole en este caso la pena de 3 años de prisión en suspenso más reglas de conducta como fijar y mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes, entre otras. Todo ello bajo apercibimiento de que se revoque la condicionalidad de la pena.
Cabe mencionar que el defensor penal oficial Oscar Mutchinick pidió al Tribunal de Juicio el cese de la medida cautelar que pesa sobre la mujer “en razón de que se ha solicitado una pena en suspenso”.
V.M expresó que fue la autora de las “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio”, y aceptó la pena de 3 años de prisión en suspenso, con las mismas reglas de conducta mencionadas arriba, y cuyo incumplimiento operaría para hacer efectiva la condena en prisión.
Su defensor público penal Miguel Salomón pidió “su inmediata libertad, por dos motivos: la pena es en suspenso pero además porque mi asistida cursa un embarazo de 4 meses”.
J.N.C. reconoció ser la autora del “encubrimiento agravado” del arma homicida y fue condenada a la pena de 1 año de prisión en suspenso. El abogado particular solicitó también el cese de la medida cautelar.
Finalmente, N.A.V. fue declarado responsable del delito de “encubrimiento agravado” y aceptó la pena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva, ya que pesa sobre él una declaración de reincidencia.
Así las cosas, el Tribunal de Juicio integrado por Fernando Sánchez Freytes, Alejandro Pellizón y Gastón Martín resolvieron por unanimidad disponer la libertad de las tres mujeres tal cual lo solicitado por la defensa pública y particular.
La sentencia se conocerá el próximo viernes 28 de junio a las 10:00 de la mañana.
Judiciales
Perdió una carga de ladrillos en la Ruta 22 y provocó el siniestro vial de una familia: Condenan a los responsables del camión
El conductor del rodado menor perdió el control y salió hacia la banquina. Los ocupantes del auto sufrieron heridas de consideración.
Una familia circulaba en auto por la Ruta Nacional N° 22, desde Neuquén hasta La Plata. El hombre, jubilado, conducía el vehículo, y su esposa lo acompañaba en el asiento delantero. Una hija y sus nietas viajaban en el asiento trasero.
A la altura de Allen, se acercaron a un camión Mercedes Benz que transportaba ladrillos en su acoplado, sin compuerta. En el momento en que ambos vehículos coincidieron en la marcha, el material comenzó a caer de forma abrupta. Los ladrillos quedaron esparcidos a lo largo y ancho de la ruta, y una nube de polvo impidió la visibilidad.
La familia perdió el control del auto y salió hacia la banquina. Media hora después, fueron trasladados a centros de salud de Allen y Cipolletti. Como consecuencia sufrieron politraumatismos, fracturas y lesiones graves. El vehículo resultó con destrucción total.
A raíz de las secuelas, el conductor y todas las mujeres recurrieron al Poder Judicial. Presentaron una demanda por daños y perjuicios. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la presentación y condenó al conductor, al titular registral del camión y a la aseguradora a indemnizar a todos los integrantes de la familia.
En su defensa, el hombre que conducía el Mercedes Benz atribuyó la caída de la carga al mal estado de la ruta. Argumentó que había tomado precauciones, como la colocación de balizas y el uso de luces. También responsabilizó al conductor del auto por manejar de forma imprudente y a exceso de velocidad.
Las actas policiales confirmaron que la carga estaba esparcida sobre la calzada y las banquinas. La pericia accidentológica concluyó que el accidente fue inevitable para el vehículo menor, debido a la escasa visibilidad y a la abrupta obstrucción total de la ruta.
Las pericias médicas y psicológicas determinaron severas incapacidades físicas y psíquicas en las mujeres, así como cuadros de estrés postraumático.
La jueza consideró acreditada la responsabilidad objetiva de los demandados por el riesgo creado por la cosa, es decir, la carga de ladrillos transportada en condiciones inadecuadas. La falta de compuerta en el camión fue un factor determinante.
Las indemnizaciones otorgadas incluyeron la incapacidad física y psíquica, el daño extrapatrimonial, los gastos médicos, los traslados y los tratamientos. Además, se reconoció la privación de uso del auto.
Judiciales
Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.
Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
Judiciales
Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones
Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
