Judiciales
El lunes inician la segunda etapa de tareas de remediación en estación de servicios abandonada de Roca
Por su parte, en julio comenzarán las labores de remoción de los elementos contaminantes.
Hoy (21/06) se llevó a cabo una reunión en el ámbito judicial y se acordó que el lunes próximo (24/06) comenzará la segunda etapa de remediación de la abandonada estación de servicios Rhasa de General Roca, con tareas de limpieza. Asimismo, el 1 de julio se iniciarán las labores de remoción de los elementos contaminantes.
Participaron de la reunión la jueza Andrea de la Iglesia, representantes de la Municipalidad de General Roca, de la empresa demandada Pego S.A., de la Provincia de Río Negro (DPA y Secretaría de Ambiente) y el Fiscal Andrés Nelly del Ministerio Público Fiscal.
Según quedó establecido en el acta se “consensuó que el lunes 24 de junio la demandada comenzará con la limpieza del predio”. Esto incluye “retiro de escombros, basura y tanques superficiales”.
Asimismo, la empresa anunció que el 1 de julio comenzaría con los trabajos de remediación en el lugar, en la medida que antes sean autorizados por la Provincia de Río Negro los contratos con las empresas para la disposición final de los elementos contaminantes. La empresa deberá presentar estos contratos de manera urgente.
“A los fines de agilizar tales pasos las partes se comprometen a mantener un canal abierto de comunicación”, dice el acta. Finalmente, se reiteró la necesidad de mantener la seguridad en el sector, por lo que se dispuso como parte de las medidas de seguridad la contratación de policía adicional pro parte de la empresa, en principio hasta el 1 de julio cuando se inicien las tareas de remediación.
Para las labores iniciales de limpieza, que implica la remoción de objetos no contaminantes, se acordó también adonde deberá llevar la empresa cada elemento.
Amparo ambiental
La empresa Pego S.A. deberá ejecutar la segunda etapa del plan remediación y recomposición ambiental, en cumplimiento de la sentencia firme del amparo colectivo por la contaminación que generó la operación irregular de la estación de servicios Rhasa, ubicada en la esquina de avenida Roca y Alsina de General Roca.
La primera etapa del plan de acción consistió principalmente en la toma de muestras de suelo, agua y residuos de los tanques ubicados en el predio. Esta segunda instancia avanzará en la extracción y disposición de residuos contaminados y de los tanques de combustible que se encuentran bajo tierra en el predio, así como surtidores, cañerías y conexiones.
El amparo tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Roca, a cargo de la jueza Andrea de la Iglesia, bajo la carátula «Municipalidad de General Roca c/ Pego S.A. s/ Amparo» (Exp. 40233), cuyo seguimiento puede realizarse libremente desde la página web del Poder Judicial.
Tarea conjunta
La empresa condenada Pego S.A. ejecutará las tareas mediante empresas contratadas y siguiendo un plan operacional consensuado con los organismos pertinentes del Ministerio de Energía de la Nación, la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de General Roca, a los cuales la jueza asignó participación activa en el proceso. Toda la ejecución se realizará, además, de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, contando con un plan de contingencias previamente detallado y bajo la auditoría de expertos de la Universidad Nacional del Comahue (Departamento de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería), designados por la jueza para participar como auxiliares en el proceso.
Para esta nueva etapa resulta fundamental, entre otros múltiples aspectos, trabajar sobre un mapa actualizado de los servicios públicos que pasan por el lugar (agua y cloacas, gas, electricidad, etc) y contar un cronograma e itinerario del transporte de los residuos que se extraigan.
Si bien la condena recayó sobre la empresa Pego S.A., las particularidades del caso hicieron necesaria la intervención complementaria del Estado nacional, provincial y municipal tanto en la tramitación del amparo ambiental como en esta instancia de ejecución de la sentencia.
El cumplimiento del fallo se alcanzará cuando, finalizadas las sucesivas etapas del plan, se obtenga una certificación de libre pasivo ambiental del inmueble y su zona de influencia, en pleno centro de Roca.
Previsiones de la sentencia
El fallo que condenó a Pego S.A. en febrero de 2017 previó que al momento de iniciar la remediación “deberán extremarse por demás las medidas, actividades, métodos y/o prevención de contingencias (…) a los fines de evitar y/o prevenir efectos nocivos, peligros aún mayores, ante el comportamiento químico que puedan generar los agentes contaminantes en oportunidad de realizarse tales tareas”.
También estableció la sentencia que “la responsabilidad y compromiso desde el inicio hasta la culminación del Plan de remediación y de gestión de los residuos (…) deberá ser colectiva, abarcativa, coordinada, de promoción, de información y fortalecimiento por parte de la demandada -específicamente- y de los distintos estamentos estatales -Nación, Provincia y Municipio-”. Estos últimos “deberán intervenir en forma complementaria con la demandada (…) según sus facultades, obligaciones y a los fines de intervengan en forma activa en este proceso de recomposición del daño ambiental”.
Judiciales
IPROSS denunció por estafas a un prestador y dos afiliados
Uno de los implicados es un establecimiento de salud mental de Roca, que informaba a la obra social que atendían a 43 afiliados cuando solo eran 5.
La titular del IPROSS, Marcela Ávila, presentó ante la justicia tres denuncias penales por defraudaciones realizadas contra la obra social de los rionegrinos. Las denuncias fueron radicadas personalmente al Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma.
En los tres casos, las maniobras fraudulentas fueron detectadas luego de rigurosas auditorías llevadas adelante desde el inicio de la gestión. En dos de ellos, los pagos por parte de la obra social se concretaron hasta el mes de febrero pasado, por supuestos servicios facturados.
En uno de los casos un establecimiento de salud mental de General Roca, informaba al IPROSS que 43 personas afiliadas a la obra social estaban recibiendo prestaciones, como pacientes psiquiátricos, en esa institución. Fruto de la investigación realizada, el IPROSS, comprobó que solamente se efectuaba el tratamiento de 5 afiliados. La mayoría de los afiliados cuya internación se facturaba nunca ingresaron al establecimiento.
En otro de los casos, una enfermera, que actualmente vive en Mendoza, facturaba al IPROSS por el cuidado de una menor, hija de una afiliada con domicilio en El Bolsón. Los hechos se habrían realizado entre octubre de 2022 y marzo del presente año.
La última denuncia, fue realizada por los hechos ocurridos presuntamente entre mayo de 2022 (primera factura) y marzo de 2024, vinculados a la presentación de facturas falsas, recibo de haberes falsos y falsificación de firmas de profesionales médicos, cometidos presumiblemente por un afiliado de Cinco Saltos.
Los hechos descritos revelan una serie de acciones fraudulentas dirigidas a obtener un beneficio indebido a expensas de la obra social provincial. Provisionalmente, podrían constituir elementos característicos del delito de fraude agravado, dado que fueron perpetrados contra la administración (artículo 174 inciso 5 del Código Penal). Además, para llevar a cabo estos actos fraudulentos, los acusados incurrieron en falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal) al falsificar diversos documentos, como planillas de solicitud de reintegros y de asistencia diaria de la niña, declaraciones juradas de domicilio, datos de contacto, entre otros (artículo 292 del Código Penal).
Judiciales
Declararon culpable al periodista Emiliano Gatti
El periodista podría afrontar una pena de cumplimiento efectiva de más de 4 años de prisión.
Un Tribunal de Juicio de Roca declaró hoy (04/06) la responsabilidad penal del periodista Emiliano Gatti, de 53 años, por los delitos de «tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil». Por tratarse de 50 videos descargados en momentos distintos y puestos a disposición de otros usuarios de la plataforma E-Mule, el Tribunal definió que se trata de 50 hechos de facilitación independientes, lo que jurídicamente se conoce como concurso real de delitos. En tanto que la tenencia y la facilitación integran entre sí un concurso ideal de delitos, todos los cuales están agravados porque las víctimas que aparecen en las imágenes son menores de 13 años de edad.
La próxima instancia del juicio será la cesura, para definir el monto de la pena que se deberá imponer al conductor de televisión, poseedor de las imágenes.
El juicio se desarrolló la segunda quincena de mayo, en un total de seis audiencias. Hoy se conoció el veredicto de culpabilidad que hizo lugar a dos de los tres delitos sostenidos por las partes acusadoras. No se declaró la culpabilidad por el delito de «tenencia con fines inequívocos de distribución». El juez Luciano Garrido dio a conocer el fallo y anticipó los fundamentos. Los argumentos de la condena se desarrollarán íntegramente más adelante, con la sentencia definitiva de la cesura.
El Tribunal estuvo integrado por el juez Garrido, el juez Emilio Stadler y la jueza Verónica Rodríguez, quienes fallaron por unanimidad. La acusación estuvo a cargo de la fiscal jefa Graciela Echegaray y por la querellante Gabriela Prokopiw, por la asociación civil “Madres que rompen el silencio”. La defensa del imputado fue de los defensores particulares Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.
Fundamentos
Entre sus fundamentos el Tribunal anticipó hoy que «los hechos de la acusación se encuentran certeramente acreditados, más allá de toda duda razonable. Destacamos que en este caso resulta contundente y decisiva la prueba científica y técnica que se ha producido en el juicio», se agregó.
Los jueces señalaron la gravedad de los delitos acreditados, al afirmar que la simple tenencia de ese tipo de videos «favorece el crecimiento de este mercado, dado que la demanda de material incentiva la comisión de más abusos».
El veredicto reseñó que la investigación comenzó en el área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en agosto de 2022. Ese equipo realizó una pesquisa en las plataformas ICACCOPS y CPS para detectar usuarios que compartieron material de abuso sexual infantil entre junio de 2021 y agosto de 2022.
De esa búsqueda se identificaron 92 usuarios en Argentina, cinco de ellos en Río Negro, a los cuales se les asignó un número de objetivo. El objetivo F66 se asignó al imputado y se determinó que el 2 de febrero de 2022 se produjo desde su computadora la primera descarga. La última fue el 12 de abril del mismo año. Esa información llegó a la provincia a través de la Red 24/7, que se dedica a la persecución de casos de distribución de material de abuso infantil, y así se activó el protocolo de investigación local, que finalizó con el allanamiento del 15 de noviembre de 2022 en la vivienda del acusado.
El Tribunal evaluó que el imputado dijo en el juicio que no tenía conocimiento de la existencia de esos videos que estaban en su computadora, en un disco rígido en desuso, en un disco externo y en un pen drive. Sobre este último, que contenía únicamente la carpeta con los 50 videos, el imputado dijo que no le pertenecía.
Las pericias demostraron que los videos fueron abiertos y visualizados en la PC desde el mes de agosto de 2022 hasta unos pocos días antes del allanamiento. En ese lapso la vivienda estuvo vigilada por los investigadores, quienes confirmaron que el imputado fue la única persona que ingresó al domicilio por esos días. «Esto da por tierra lo sostenido por el imputado y su defensa técnica en cuanto a que no conocía la existencia de los videos», concluyó el Tribunal.
Finalmente el Tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad que había presentado la defensa. Esa parte sostuvo que el mecanismo de identificación de usuarios de la red viola derechos fundamentales de la Constitución Nacional, como la intimidad. También cuestionó la legalidad del allanamiento y la constitucionalidad de los delitos de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
Según el veredicto, la pesquisa se realizó en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas para la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes, no se violaron garantías constitucionales ni se obtuvieron datos sensibles del imputado en forma ilegal.
Judiciales
Abonan recompensa a testigo clave cuyo aporte permitió resolver dos homicidios en Roca
El aporte de esa persona fue determinante en el caso de Javier Videla y permitió, además, esclarecer el homicidio de Claudia Alejandra Casmuz.
Un Tribunal de Roca reconoció el pago de la recompensa al testigo que aportó información clave para resolver los homicidios de Javier Videla y Claudia Casmuz. Cuando el caso del trabajador judicial estaba en investigación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ofreció una retribución monetaria a cambio de datos certeros.
En mayo de 2022, un tribunal de juicio de Roca homologó el acuerdo parcial de juicio abreviado que presentaron la Fiscalía, la querella y la defensa en el marco de la investigación del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. Los tres jueces declararon culpable al imputado Gregorio Antonio Colicheo por los delitos de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal» (víctima Javier Alejandro Videla) y «portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real con abuso de armas». En la audiencia de cesura, el Tribunal le aplicó 24 años de prisión por esos hechos.
En noviembre de ese mismo año, un jurado popular declaró a Gregorio Antonio Colicheo culpable de los delitos de «homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y con alevosía, y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real». La víctima fue la joven Claudia Alejandra Casmuz. A raíz de aquel veredicto, un juez técnico fijó la pena de prisión perpetua.
Este 3 de junio, los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizzón y Fernando Sánchez Freytes, que intervinieron en el caso de Javier Videla, resolvieron otorgar la recompensa al testigo que demostró una colaboración decisiva en la investigación. El aporte de esa persona fue determinante en el caso de Javier Videla y permitió, además, esclarecer el homicidio de Claudia Alejandra Casmuz.
El Tribunal coincidió de manera unánime en que el testigo cumplió con las condiciones establecidas para recibir la recompensa, reconociendo así su responsabilidad ciudadana y compromiso social al aportar información valiosa que ayudó a esclarecer un hecho violento que conmovió a la comunidad. Por razones de seguridad, no se consigna aquí el nombre del testigo, los detalles de su aporte ni el monto del dinero.
