Río Negro
La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier aumento tarifario pretendido por EdERSA
Además solicita la intervención del Estado en la distribuidora privada.
La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia pública convocada por el EPRE ante la pretensión de EdERSA de que se actualicen sus costos operativos. Para ello se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos últimos años se tramitaron en el organismo de control por irregularidades en la prestación del servicio que presta EdERSA, entre los cuales se citaron: falta de inversiones, cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas mínimas, falta de reparación y/o cambio de postes de línea, subas y bajas diarias de tensión eléctrica como lo que sufrieron localidades como Chichinales y Valle Azul, incumplimientos por ejecución de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión, cortes en el suministro del servicio eléctrico que han afectado regiones enteras como la zona andina en julio de 2017 o el Alto Valle en febrero de 2018, cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de Concesión, errores en la facturación, entre otros.
Se consideraron además las sanciones económicas aplicadas por el EPRE a la distribuidora en reiteradas oportunidades como por ejemplo la multa de algo más de $55.000.000 por incumplimientos en la calidad del servicio entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 que afectó a más de 1700 vecinos de Allen y 5440 de Villa Regina.
«Quedó demostrado que la distribuidora no cumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un servicio eficiente. Téngase en cuenta que EdERSA no sólo debe orientar sus acciones a la correcta prestación del servicio, sino a mejorar continuamente la calidad del mismo a través de inversiones, obrando diligentemente. Esto es así porque el contrato de concesión con EdERSA determina en su artículo 25, que una de las obligaciones de la distribuidora, es adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno debiendo, a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento, efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad de servicio», manifestó al respecto la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati.
«Un aspecto no menos importante que se tuvo en cuenta fue que la concesionaria ha incumplido sus obligaciones con la proveedora de electricidad mayorista CAMMESA, situación que la acreedora ha calificado como ‘distribuidor moroso crónico’, en tanto su calidad de agente prestador del servicio público de distribución con deudas vencidas e impagas acumulada por montos equivalentes o superiores a dos facturaciones mensuales y que resulta en un pasivo de $2.874.860.877,30. Esta situación genera el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de abastecimiento de energía en la provincia, en tanto la Resolución emitida por la ex Secretaría de Energía N° 124/2002, imparte la disminución mensual de energía eléctrica por parte de la concesionaria en un 10% en relación a su consumo histórico, hasta tanto se regularice la deuda con CAMMESA, sin perjuicio de las medidas adicionales que la Sociedad Anónima acreedora pudiera adoptar», añadió.
«A todo lo anterior se agrega la negativa sistemática de EdERSA a brindar la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales al Ente Regulador EPRE obstaculizando su función de organismo fiscalizador del servicio público lo que derivó en un pedido de Intervención judicial por parte del Estado Provincial en la medida que la sustentabilidad del sistema de distribución eléctrica se encuentra en grave riesgo no sólo en la disminución del servicio sino de suspensión del mismo», consideró Santagati.
«Se trata de la principal empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de la provincia que no realizó las inversiones en infraestructura ni de mantenimiento, que no cumplió con el proveedor mayorista Cammesa con quien acumula una deuda de $2.874.860.877,30; que se ha negado sistemáticamente a facilitar el acceso a la información obstaculizando el desempeño del Ente Regulador provincial y que ahora pretende autorización para aumentar sus tarifas. Se infiere entonces que estamos frente a una empresa que se dedicó a acumular el monto de la facturación mensual generando para sí extraordinarias ganancias», agregó.
Frente a este escenario, la defensora del Pueblo rechazó la pretensión de aplicar cualquier aumento tarifario en la medida ya que no existen motivos que justifiquen su pretensión. Por el contrario, expresó su preocupación por el futuro del servicio público de distribución de energía eléctrica en la provincia que hoy está a cargo de EdERSA, adhirió al pedido de intervención solicitado por el Estado provincial, y espera el informe que realice el interventor veedor y lo que disponga el juez a cargo de la referida causa.
Judiciales
A través de un fallo judicial, un niño podrá viajar a Chile con su abuela para participar de un torneo de fútbol
La Justicia requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti resolvió autorizar el viaje de un niño de 12 años a la República de Chile para participar en un torneo de fútbol infantojuvenil. La solicitud fue presentada por su madre, quien requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
El fallo, dictado por el Juzgado de Familia N° 7, permitirá que el niño viaje acompañado de su abuela materna entre el 20 y el 31 de enero de 2025. Durante ese período, el menor participará en el evento deportivo en la ciudad de Angol y se alojará en un albergue local. Según la presentación judicial, esta actividad busca promover el desarrollo recreativo del niño y no incluye un cambio de residencia permanente.
En su resolución, el tribunal enfatizó el principio del interés superior del niño, previsto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la legislación nacional vigente. Citó, además, disposiciones del Código Civil y Comercial que requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores para la salida del país, salvo en casos excepcionales.
El fallo destacó que el progenitor del niño no ha mantenido contacto con él durante los últimos diez años y que su paradero es desconocido. Esta conducta, que fue calificada como abandono, no puede ser motivo para menoscabar los derechos del menor. Por ello, el juzgado decidió suplir el consentimiento paterno y autorizar la salida del país, en resguardo del interés superior del niño.
También se tomaron en cuenta pruebas testimoniales y el dictamen favorable de la Defensora de Menores, quien subrayó la importancia de priorizar el bienestar del niño. El fallo resaltó el derecho del menor al esparcimiento y la recreación, cuestión que se materializa en la participación de actividades deportivas.
La jueza dispuso que esta autorización no habilita una radicación definitiva en el extranjero. La mamá del niño, impulsó la acción judicial a través de abogados particulares con la suficiente antelación para poder coordinar la logística del viaje.
Río Negro
Realizarán una sesión extraordinaria en la Legislatura para prorrogar concesiones hidrocarburíferas
Los legisladores tratarán el Proyecto de Ley sobre Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas de tres empresas.
El Poder Ejecutivo de Río Negro elevó este viernes a la Legislatura provincial el Decreto de Convocatoria a Sesiones Extraordinarias para el 27 de diciembre, para tratar el Proyecto de Ley sobre Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas con las empresas Quintana E&P Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA y Gas Storage and Midstream Services.
La sesión dará inicio a las 8, en la continuidad de los procesos de prórroga de distintas concesiones de áreas hidrocarburíferas en el territorio provincial.
La convocatoria a sesión extraordinaria se enmarca en el Artículo 135° de la Constitución Provincial, habida cuenta que la Legislatura de Río Negro se encuentra fuera de su período de sesiones ordinarias.
El acuerdo de prórroga cumple con los requisitos planteados por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Energía, los que se centran en lograr una inversión permanente y sostenida de las actividades que se desarrollan en el marco de la protección y conservación del ambiente; avanzando en el fortalecimiento del sector de manera sustentable, con una planificación estratégica que ponga en valor los recursos de la provincia.
Gremios
ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
