Río Negro
La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier aumento tarifario pretendido por EdERSA
Además solicita la intervención del Estado en la distribuidora privada.
La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia pública convocada por el EPRE ante la pretensión de EdERSA de que se actualicen sus costos operativos. Para ello se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos últimos años se tramitaron en el organismo de control por irregularidades en la prestación del servicio que presta EdERSA, entre los cuales se citaron: falta de inversiones, cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas mínimas, falta de reparación y/o cambio de postes de línea, subas y bajas diarias de tensión eléctrica como lo que sufrieron localidades como Chichinales y Valle Azul, incumplimientos por ejecución de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión, cortes en el suministro del servicio eléctrico que han afectado regiones enteras como la zona andina en julio de 2017 o el Alto Valle en febrero de 2018, cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de Concesión, errores en la facturación, entre otros.
Se consideraron además las sanciones económicas aplicadas por el EPRE a la distribuidora en reiteradas oportunidades como por ejemplo la multa de algo más de $55.000.000 por incumplimientos en la calidad del servicio entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 que afectó a más de 1700 vecinos de Allen y 5440 de Villa Regina.
«Quedó demostrado que la distribuidora no cumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un servicio eficiente. Téngase en cuenta que EdERSA no sólo debe orientar sus acciones a la correcta prestación del servicio, sino a mejorar continuamente la calidad del mismo a través de inversiones, obrando diligentemente. Esto es así porque el contrato de concesión con EdERSA determina en su artículo 25, que una de las obligaciones de la distribuidora, es adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno debiendo, a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento, efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad de servicio», manifestó al respecto la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati.
«Un aspecto no menos importante que se tuvo en cuenta fue que la concesionaria ha incumplido sus obligaciones con la proveedora de electricidad mayorista CAMMESA, situación que la acreedora ha calificado como ‘distribuidor moroso crónico’, en tanto su calidad de agente prestador del servicio público de distribución con deudas vencidas e impagas acumulada por montos equivalentes o superiores a dos facturaciones mensuales y que resulta en un pasivo de $2.874.860.877,30. Esta situación genera el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de abastecimiento de energía en la provincia, en tanto la Resolución emitida por la ex Secretaría de Energía N° 124/2002, imparte la disminución mensual de energía eléctrica por parte de la concesionaria en un 10% en relación a su consumo histórico, hasta tanto se regularice la deuda con CAMMESA, sin perjuicio de las medidas adicionales que la Sociedad Anónima acreedora pudiera adoptar», añadió.
«A todo lo anterior se agrega la negativa sistemática de EdERSA a brindar la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales al Ente Regulador EPRE obstaculizando su función de organismo fiscalizador del servicio público lo que derivó en un pedido de Intervención judicial por parte del Estado Provincial en la medida que la sustentabilidad del sistema de distribución eléctrica se encuentra en grave riesgo no sólo en la disminución del servicio sino de suspensión del mismo», consideró Santagati.
«Se trata de la principal empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de la provincia que no realizó las inversiones en infraestructura ni de mantenimiento, que no cumplió con el proveedor mayorista Cammesa con quien acumula una deuda de $2.874.860.877,30; que se ha negado sistemáticamente a facilitar el acceso a la información obstaculizando el desempeño del Ente Regulador provincial y que ahora pretende autorización para aumentar sus tarifas. Se infiere entonces que estamos frente a una empresa que se dedicó a acumular el monto de la facturación mensual generando para sí extraordinarias ganancias», agregó.
Frente a este escenario, la defensora del Pueblo rechazó la pretensión de aplicar cualquier aumento tarifario en la medida ya que no existen motivos que justifiquen su pretensión. Por el contrario, expresó su preocupación por el futuro del servicio público de distribución de energía eléctrica en la provincia que hoy está a cargo de EdERSA, adhirió al pedido de intervención solicitado por el Estado provincial, y espera el informe que realice el interventor veedor y lo que disponga el juez a cargo de la referida causa.
Gremios
Nueva propuesta salarial aumenta el piso para docentes de Río Negro: La negociación pasó a cuarto intermedio
El Gobierno de Río Negro presentó, en una nueva reunión paritaria con UnTER, una propuesta salarial que contempla puntos solicitados por el gremio docente, destacando incrementos significativos y un nuevo piso salarial para el maestro de grado inicial de $796.080.
Asimismo, se comunicó que los salarios del mes de julio se liquidarán con este nuevo piso salarial y las correcciones presentadas, que constan en el acta paritaria. «De esta manera, el gobierno continúa con su firme compromiso con el diálogo y el consenso para resolver las diferencias», destacaron desde el Ministerio de Educación.
Durante el encuentro desde la cartera educativa expresaron que «en un contexto de previsibilidad de pagos a la totalidad de los trabajadores estatales, el gobierno garantiza el cobro de salarios anunciando nuevamente el cronograma de pagos para la primera semana de agosto».
Asimismo, resaltaron que «la pérdida de dos masas salariales en lo que va del año, producto de la baja en la recaudación de ingresos, exige un mayor esfuerzo y previsibilidad para cubrir todos los servicios que brinda el estado provincial para todos/as los rionegrinos y garantizar los servicios básicos en nuestras escuelas como el comedor, desayuno, merienda, transporte, insumos y mantenimiento».
«La construcción de las pautas salariales en el ámbito paritario permitió avanzar en la consolidación de las demandas y compromisos asumidos en cuanto al avance en la calidad del salario. Este proceso planificado y previsible de pago permitió el pase definitivo de los $ 90.000 al básico cuya aplicación repercute en las sumas bonificables y remunerativas como los son la zona, ubicación antigüedad y dedicación exclusiva entre otros conceptos. En ese marco, el aumento de un 234 % del básico permite un impacto en la totalidad de los cargos del escalafón», agregaron.
De esta manera, en función de la metodología aplicada en paritarias anteriores el gobierno ofreció un nuevo piso salarial para el maestro inicial de pesos $796.080 y su aplicación proporcional a más de 17.000 cargos del escalafón. Los aumentos por la aplicación de un nuevo piso salarial docente, más la incorporación de $ 30.000 al básico, rondan desde junio a julio en un promedio del 15%, alcanzando a la totalidad de los docentes, superando los índices inflacionarios acumulados y los informados por el Indec.
Del encuentro, que se desarrolló en la Secretaría de Trabajo, participaron por Educación, la ministra, Patricia Campos, los vocales gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la secretaria general del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda; y la directora general de Educación, Romina Faccio. Por el gremio UnTER, estuvieron la secretaria general, Silvana Inostroza; el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; secretaria Gremial y de Organización, Maria Castañeda; y el vocal, Marcelo Nervi, entre otros.
El gremio UnTER sigue exigiendo una mejora salarial urgente, por lo que la paritaria pasó a un nuevo cuarto intermedio para el martes 13 de agosto, a las 11.00 horas.
Policiales
Aumento salarial para Policías y Penitenciarios
También alcanza al sector de retirados y pensionados.
El gobernador Alberto Weretilneck, estableció, a través de un decreto, un aumento salarial destinado a personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario provincial.
Esta medida también alcanza al sector de retirados y pensionados, tanto de Policía como del Servicio Penitenciario rionegrino, que cuenten con el alta previsional otorgado por el ANSES.
De acuerdo al decreto refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, el incremento salarial para el régimen de la Policía implica, a partir del 1 de julio, el aumento del valor del punto policial a $1916,59 y que los importes del concepto salarial denominado «suma remunerativa policial» quedarán fijadas conforme la escala jerárquica, cargos, agrupamientos y montos detallados en el decreto.
Además, el régimen del Servicio Penitenciario tendrá el mismo incremento en el punto penitenciario mientras que los importes del concepto salarial denominado «suma renumerativa» también quedan fijados conforme escala jerárquica, cargos, agrupamientos y montos detallados.
Río Negro
A través del IPPV, la Provincia reactivará la construcción de viviendas: 15 son de Roca
El total previsto en todo Río Negro es de 206 casas.
Río Negro readecuará los convenios firmados con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de los programas provinciales «Habitar» y «Casa Propia», para poder darle continuidad a la construcción de 206 viviendas en distintas localidades de la provincia.
El IPPV será el organismo encargado de renegociar las obras y acordar los nuevos plazos de ejecución, para garantizar que más familias tengan su hogar.
Se trata de 176 viviendas del programa Habitar Río Negro y 30 del programa provincial Casa Propia, además de distintos mejoramientos y obras de infraestructura.
De Habitar son 20 casas en Arroyo Ventana, 10 en Sierra Colorada, 4 en Rincón Treneta, 3 en Belisle, 5 en Cervantes, 6 en Ñorquinco, 6 en Villa Regina, 8 en El Bolsón, 19 en Luis Beltrán, 6 en Campo Grande, 6 en Viedma, 12 en Los Menucos, 9 en Dina Huapi, 12 en Comallo, 6 en Prahuaniyeu, 1 en Balsa Las Perlas, 10 en Valcheta, 3 en Colan Conhue, 15 en General Roca, 4 en El Caín, 6 en Cipolletti y 5 en Valle Azul.
Con respecto al programa provincial Casa Propia, son 10 viviendas en Darwin, 6 en Ramos Mexía, 8 en Río Colorado y 6 en Sierra Colorada.
A partir de la sanción de la Ley 5.688 en 2023, a través de la que se declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial, el IPPV puso en evaluación las distintas obras y debió repensar mecanismos que puedan darle continuidad a las mismas.
Es por ello que, mediante decreto, el gobernador Alberto Weretilneck determinó readecuar los convenios y seguir adelante con los trabajos.
