Río Negro
La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier aumento tarifario pretendido por EdERSA
Además solicita la intervención del Estado en la distribuidora privada.
La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia pública convocada por el EPRE ante la pretensión de EdERSA de que se actualicen sus costos operativos. Para ello se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos últimos años se tramitaron en el organismo de control por irregularidades en la prestación del servicio que presta EdERSA, entre los cuales se citaron: falta de inversiones, cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas mínimas, falta de reparación y/o cambio de postes de línea, subas y bajas diarias de tensión eléctrica como lo que sufrieron localidades como Chichinales y Valle Azul, incumplimientos por ejecución de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión, cortes en el suministro del servicio eléctrico que han afectado regiones enteras como la zona andina en julio de 2017 o el Alto Valle en febrero de 2018, cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de Concesión, errores en la facturación, entre otros.
Se consideraron además las sanciones económicas aplicadas por el EPRE a la distribuidora en reiteradas oportunidades como por ejemplo la multa de algo más de $55.000.000 por incumplimientos en la calidad del servicio entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 que afectó a más de 1700 vecinos de Allen y 5440 de Villa Regina.
«Quedó demostrado que la distribuidora no cumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un servicio eficiente. Téngase en cuenta que EdERSA no sólo debe orientar sus acciones a la correcta prestación del servicio, sino a mejorar continuamente la calidad del mismo a través de inversiones, obrando diligentemente. Esto es así porque el contrato de concesión con EdERSA determina en su artículo 25, que una de las obligaciones de la distribuidora, es adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno debiendo, a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento, efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad de servicio», manifestó al respecto la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati.
«Un aspecto no menos importante que se tuvo en cuenta fue que la concesionaria ha incumplido sus obligaciones con la proveedora de electricidad mayorista CAMMESA, situación que la acreedora ha calificado como ‘distribuidor moroso crónico’, en tanto su calidad de agente prestador del servicio público de distribución con deudas vencidas e impagas acumulada por montos equivalentes o superiores a dos facturaciones mensuales y que resulta en un pasivo de $2.874.860.877,30. Esta situación genera el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de abastecimiento de energía en la provincia, en tanto la Resolución emitida por la ex Secretaría de Energía N° 124/2002, imparte la disminución mensual de energía eléctrica por parte de la concesionaria en un 10% en relación a su consumo histórico, hasta tanto se regularice la deuda con CAMMESA, sin perjuicio de las medidas adicionales que la Sociedad Anónima acreedora pudiera adoptar», añadió.
«A todo lo anterior se agrega la negativa sistemática de EdERSA a brindar la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales al Ente Regulador EPRE obstaculizando su función de organismo fiscalizador del servicio público lo que derivó en un pedido de Intervención judicial por parte del Estado Provincial en la medida que la sustentabilidad del sistema de distribución eléctrica se encuentra en grave riesgo no sólo en la disminución del servicio sino de suspensión del mismo», consideró Santagati.
«Se trata de la principal empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de la provincia que no realizó las inversiones en infraestructura ni de mantenimiento, que no cumplió con el proveedor mayorista Cammesa con quien acumula una deuda de $2.874.860.877,30; que se ha negado sistemáticamente a facilitar el acceso a la información obstaculizando el desempeño del Ente Regulador provincial y que ahora pretende autorización para aumentar sus tarifas. Se infiere entonces que estamos frente a una empresa que se dedicó a acumular el monto de la facturación mensual generando para sí extraordinarias ganancias», agregó.
Frente a este escenario, la defensora del Pueblo rechazó la pretensión de aplicar cualquier aumento tarifario en la medida ya que no existen motivos que justifiquen su pretensión. Por el contrario, expresó su preocupación por el futuro del servicio público de distribución de energía eléctrica en la provincia que hoy está a cargo de EdERSA, adhirió al pedido de intervención solicitado por el Estado provincial, y espera el informe que realice el interventor veedor y lo que disponga el juez a cargo de la referida causa.
Río Negro
En Río Negro quienes provoquen siniestros viales deberán reintegrar los gastos médicos
Es para los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.
En la sesión de este jueves (30/04), los legisladores rionegrinos sancionaron la norma que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los gastos de atención médica, en los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.
El proyecto obtuvo sanción en primera vuelta en sesión extraordinaria en diciembre del 2025. Presentado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, obtuvo 24 votos positivos y 17 negativos en segunda vuelta.
La medida también alcanza a conductas graves como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo o la conducción sin licencia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y se prevé la ejecución judicial en caso de incumplimiento, además de la realización obligatoria de capacitaciones en seguridad vial.
En la misma sesión, se aprobó la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, que tendrá como objetivo monitorear y gestionar el arbolado con especies autóctonas. Entre sus funciones se incluyen el censo y mapeo periódico, la evaluación sanitaria y la promoción de la reforestación. La iniciativa contempla la participación de organismos públicos, académicos y de la sociedad civil.
Ambas leyes deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Judiciales
Casi 400 personas ya participaron como jurados populares en Río Negro
Desde 2019, se realizaron 23 debates en distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
Desde la implementación del juicio por jurados en marzo de 2019, un total de 368 ciudadanos y ciudadanas participaron como jurados titulares y suplentes en Río Negro. En ese período se realizaron 23 debates en distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
La participación se distribuyó en juicios por delitos graves, con Tribunales integrados por 16 personas, 12 titulares y cuatro suplentes. En esos procesos fueron juzgadas 28 personas imputadas y se dictaron 27 veredictos de culpabilidad y uno de no culpabilidad. La mayoría de las decisiones condenatorias, 24 en total, se alcanzó por unanimidad.
La Cuarta Circunscripción, con asiento en Cipolletti, concentró la mayor cantidad de juicios por jurados con 8 debates. Le siguieron la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, y la Tercera, en Bariloche, con 6 procesos cada una. La Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, registró 3.
Los delitos juzgados correspondieron principalmente a hechos graves contra las personas. Del total relevado, 10 fueron homicidios y 8 femicidios. También se registraron 3 casos de tortura seguida de muerte, 3 de abuso sexual y otros 4 delitos de gravedad. El promedio de duración de cada debate fue de 4,65 días.
La participación en un jurado popular constituye una carga pública. La organización de cada juicio está a cargo de las Oficinas Judiciales, que coordinan la logística, el transporte, el alojamiento y la seguridad de testigos y jurados.
Para asegurar la continuidad del sistema, el Poder Judicial conformó para el bienio 2024-2025 una lista de 4.400 posibles convocados, integrada por 2.200 mujeres y 2.200 varones. Además, ya se realizó un nuevo sorteo para los años 2026 y 2027, del que surgieron 3.600 personas, 1.800 mujeres y 1.800 varones. Las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción serán las encargadas de contactar a las personas sorteadas, remitirles la comunicación oficial y el formulario de declaración jurada, y brindarles los canales para responder por correo o de manera digital. Esa información permitirá realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales para integrar un jurado popular.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Capacitación en escuelas del Alto Valle
En paralelo, el Poder Judicial desarrolla instancias de formación destinadas a estudiantes del nivel secundario en el Alto Valle, con actividades en escuelas de Cipolletti, Roca y Villa Regina. La propuesta forma parte del Programa de Prácticas de Extensión Construyendo Ciudadanía, impulsado por la Escuela de Capacitación Judicial en el marco del convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia.
El programa tiene como objetivo acercar a jóvenes de los últimos años al sistema de juicios por jurados, fortalecer el pensamiento crítico y promover la participación ciudadana en el sistema judicial. Está a cargo de un grupo de juezas de garantías, en coordinación con funcionarios del Ministerio Público y de la Defensa.
Las y los estudiantes participan de distintas instancias de formación a cargo de funcionarias y funcionarios judiciales. Se desarrollan clases introductorias, entrenamientos por rol y un taller final preparatorio.
A esto se suma la transmisión en vivo de los juicios por jurados a cargo de la Dirección General de Comunicación Judicial. Esta herramienta amplía el acceso público al sistema y se consolida como una fuente de consulta y análisis para estudiantes y la comunidad educativa.
Política
Río Negro lanzó capacitación para promover el buen trato a personas mayores
Nueva iniciativa que apunta a fortalecer la atención de adultos mayores.
El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a una nueva capacitación orientada a fortalecer el trato digno y respetuoso hacia las personas mayores, especialmente en instituciones de cuidado.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y la presidenta del IPAP, Juana Benítez.
La propuesta, titulada Promoción del buen trato hacia las personas mayores en instituciones de cuidado, se enmarca en la implementación de la Ley Provincial N° 5798 y forma parte de una estrategia integral que articula distintas áreas del Estado, a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
La capacitación será de caracter obligatoria y está dirigida principalmente a personal de residencias de larga estadía, tanto públicas como privadas, y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá su alcance en todo el territorio provincial.
La capacitación comenzará de forma virtual el día 15 de junio, y ya se encuentra abierta para inscripción a través del siguiente enlace https://ipap.rionegro.gov.ar/programa/702/adultos-mayores?n=OTQyOzkxNDsxMjEw.
Durante la presentación, las autoridades destacaron la relevancia de esta política pública orientada a mejorar la calidad de atención de un sector prioritario. En ese sentido, el Secretario Henríquez señaló que «en cumplimiento de la ley 5798 ya empezamos la reglamentación de la ley, y hoy en esta primera instancia, que es la presentación de la inscripción para las capacitaciones». Además, subrayó que «se busca, se trabaja fuertemente para poder justamente un mejor trato hacia los adultos mayores».
Por su parte, la presidenta del IPAP, Juana Benítez, celebró la puesta en marcha de la iniciativa y convocó a la participación. «Hoy abrimos una capacitación para adultos mayores que ya está habilitada en nuestra página del IPAP, donde hemos articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Políticas Públicas de Adultos Mayores y Función Pública». Asimismo, destacó que «esta capacitación es tan importante, ya que vamos a fomentar el trato digno y respetuoso de los adultos mayores», agregó.
Benítez también remarcó el carácter inclusivo de la propuesta. «Esta es modalidad virtual, dirigida a todo el personal de las residencias de la provincia y también al público privado», indicó.
En la misma línea, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, remarcó que la capacitación será obligatoria para agentes del sector público e invitó al sector privado a adherirse.
A su turno, el Ministro Juan Pablo Muena enmarcó la iniciativa dentro de una política pública más amplia. «Esto está enmarcado dentro de una política pública que lleva adelante el gobernador Alberto Weretilneck, en donde a través de esta ley tenemos que llevar adelante estas capacitaciones para el cuidado de nuestros adultos mayores». Además, destacó que la modalidad virtual permitirá que cada participante realice el curso según su disponibilidad.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que impulsa el Gobierno provincial para garantizar derechos, promover el respeto y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo Río Negro.
