Río Negro
La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier aumento tarifario pretendido por EdERSA
Además solicita la intervención del Estado en la distribuidora privada.

La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia pública convocada por el EPRE ante la pretensión de EdERSA de que se actualicen sus costos operativos. Para ello se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos últimos años se tramitaron en el organismo de control por irregularidades en la prestación del servicio que presta EdERSA, entre los cuales se citaron: falta de inversiones, cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas mínimas, falta de reparación y/o cambio de postes de línea, subas y bajas diarias de tensión eléctrica como lo que sufrieron localidades como Chichinales y Valle Azul, incumplimientos por ejecución de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión, cortes en el suministro del servicio eléctrico que han afectado regiones enteras como la zona andina en julio de 2017 o el Alto Valle en febrero de 2018, cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de Concesión, errores en la facturación, entre otros.
Se consideraron además las sanciones económicas aplicadas por el EPRE a la distribuidora en reiteradas oportunidades como por ejemplo la multa de algo más de $55.000.000 por incumplimientos en la calidad del servicio entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 que afectó a más de 1700 vecinos de Allen y 5440 de Villa Regina.
«Quedó demostrado que la distribuidora no cumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un servicio eficiente. Téngase en cuenta que EdERSA no sólo debe orientar sus acciones a la correcta prestación del servicio, sino a mejorar continuamente la calidad del mismo a través de inversiones, obrando diligentemente. Esto es así porque el contrato de concesión con EdERSA determina en su artículo 25, que una de las obligaciones de la distribuidora, es adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno debiendo, a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento, efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad de servicio», manifestó al respecto la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati.
«Un aspecto no menos importante que se tuvo en cuenta fue que la concesionaria ha incumplido sus obligaciones con la proveedora de electricidad mayorista CAMMESA, situación que la acreedora ha calificado como ‘distribuidor moroso crónico’, en tanto su calidad de agente prestador del servicio público de distribución con deudas vencidas e impagas acumulada por montos equivalentes o superiores a dos facturaciones mensuales y que resulta en un pasivo de $2.874.860.877,30. Esta situación genera el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de abastecimiento de energía en la provincia, en tanto la Resolución emitida por la ex Secretaría de Energía N° 124/2002, imparte la disminución mensual de energía eléctrica por parte de la concesionaria en un 10% en relación a su consumo histórico, hasta tanto se regularice la deuda con CAMMESA, sin perjuicio de las medidas adicionales que la Sociedad Anónima acreedora pudiera adoptar», añadió.
«A todo lo anterior se agrega la negativa sistemática de EdERSA a brindar la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales al Ente Regulador EPRE obstaculizando su función de organismo fiscalizador del servicio público lo que derivó en un pedido de Intervención judicial por parte del Estado Provincial en la medida que la sustentabilidad del sistema de distribución eléctrica se encuentra en grave riesgo no sólo en la disminución del servicio sino de suspensión del mismo», consideró Santagati.
«Se trata de la principal empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de la provincia que no realizó las inversiones en infraestructura ni de mantenimiento, que no cumplió con el proveedor mayorista Cammesa con quien acumula una deuda de $2.874.860.877,30; que se ha negado sistemáticamente a facilitar el acceso a la información obstaculizando el desempeño del Ente Regulador provincial y que ahora pretende autorización para aumentar sus tarifas. Se infiere entonces que estamos frente a una empresa que se dedicó a acumular el monto de la facturación mensual generando para sí extraordinarias ganancias», agregó.
Frente a este escenario, la defensora del Pueblo rechazó la pretensión de aplicar cualquier aumento tarifario en la medida ya que no existen motivos que justifiquen su pretensión. Por el contrario, expresó su preocupación por el futuro del servicio público de distribución de energía eléctrica en la provincia que hoy está a cargo de EdERSA, adhirió al pedido de intervención solicitado por el Estado provincial, y espera el informe que realice el interventor veedor y lo que disponga el juez a cargo de la referida causa.
Política
Weretilneck reunió a su gabinete para definir la transferencia de las rutas 22 y 151 a la Provincia
Desde Vialidad Rionegrina advirtieron que ambas rutas presentan un importante deterioro debido al tránsito pesado y la falta de obras.

El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso en su intención de asumir el control de las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una mesa de trabajo integrada por funcionarios de distintas áreas con el objetivo de definir los aspectos legales, técnicos y financieros que formarán parte de la propuesta que será presentada al Gobierno Nacional.
La reunión se desarrolló en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y contó con la participación de representantes de Hacienda, Vialidad Rionegrina, la Fiscalía de Estado y la Legislatura provincial.
La iniciativa contempla la transferencia de ambas rutas desde la órbita nacional hacia la Provincia. Se trata de corredores estratégicos para la actividad económica regional, el transporte de cargas y la conexión con Neuquén.
El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que el trabajo conjunto permitirá establecer las condiciones bajo las cuales Río Negro asumiría la responsabilidad de mejorar y mantener los trazados, actualmente afectados por el deterioro y la paralización de obras. “Son obras paralizadas hace tiempo y que con el tránsito pesado generan que su estado sea malo. Vamos a trabajar para buscar el financiamiento y hacer los proyectos con las licitaciones correspondientes” afirmó Grün.
La Ruta Nacional N° 22 comprende el tramo entre Río Colorado y Cipolletti, mientras que la Ruta Nacional N° 151 se extiende desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Según indicaron desde el Gobierno, la intención es gestionar financiamiento propio para impulsar los proyectos y licitaciones necesarias.
Participaron del encuentro los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Hacienda, Gabriel Sánchez; el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López.
Política
Con inteligencia artificial y lectura de patentes, Río Negro fortalece la seguridad en los accesos
La iniciativa permite monitorear ingresos a localidades y rutas las 24 horas, con alertas automáticas para el 911.

El Gobierno de Río Negro presentó este lunes (15/06) en Sierra Grande la etapa final del Anillo Digital de Seguridad Provincial, un sistema tecnológico que incorpora cámaras inteligentes con reconocimiento automático de patentes e inteligencia artificial para fortalecer la prevención y el control en rutas y accesos estratégicos.
La actividad fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck junto a la intendenta Roxana Fernández y autoridades provinciales, quienes destacaron la importancia de contar con herramientas tecnológicas que permitan optimizar el trabajo de las fuerzas de seguridad en una región que atraviesa un importante proceso de crecimiento productivo, energético y logístico.
El sistema funciona mediante cámaras LPR (License Plate Recognition), capaces de leer patentes en tiempo real, incluso con vehículos en movimiento. La información obtenida se cruza automáticamente con bases de datos de vehículos robados, con pedidos de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales. Cuando se detecta alguna coincidencia, el sistema genera alertas inmediatas al 911 RN Emergencias para coordinar intervenciones policiales.
«Estamos tomando decisiones para que Río Negro esté mejor preparada, con más tecnología, más control y más presencia del Estado. Sierra Grande es una ciudad estratégica para la provincia y debe estar integrada a las herramientas que nos permiten cuidar mejor a nuestra gente», sostuvo Weretilneck.
El mandatario destacó además que la seguridad forma parte de una planificación integral para acompañar el desarrollo de la Región Atlántica, donde avanzan importantes proyectos vinculados a la producción, la logística, la energía y la actividad portuaria.
Por su parte, la intendenta Roxana Fernández remarcó que «todo lo que viene necesita planificación, orden y un Estado que acompañe», al tiempo que valoró la incorporación de herramientas que permitan mejorar el control de accesos y la coordinación entre organismos.
Tras la presentación, las autoridades recorrieron el punto donde fueron instaladas las nuevas cámaras sobre la Ruta Nacional N° 3, en el límite con Chubut, a la altura del Paralelo 42, donde verificaron el funcionamiento operativo y la conexión con los centros de monitoreo provinciales.
Durante la jornada también se entregó un aporte de $19,5 millones destinado a la ampliación de la red cloacal del barrio La Loma y calle Giachino, una obra que beneficiará a 21 familias. Además, vecinos de la localidad recibieron escrituras gestionadas a través del IPPV y el Colegio de Escribanos de Río Negro.
Política
Compre Local: Más de $5.807 millones en la economía rionegrina en 2026
El 34% corresponde a compras realizadas en Ingeniero Jacobacci, donde se desarrolla Calcatreu, el proyecto minero de oro y plata impulsado por Patagonia Gold a 60 kilómetros de la localidad.

El Programa Compre Local del Gobierno de Río Negro ya generó en 2026 más de $5.807 millones en operaciones con proveedores, pymes y trabajadores rionegrinos. Desde su puesta en marcha en 2025, la herramienta acumula más de $20.000 millones y se afirma como una decisión estratégica para garantizar que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo y oportunidades para las comunidades.
De lo registrado durante este año, el 34% corresponde a compras realizadas en Ingeniero Jacobacci, donde se desarrolla Calcatreu, el proyecto minero de oro y plata impulsado por Patagonia Gold a 60 kilómetros de la localidad. El 66% restante corresponde a operaciones realizadas en el resto de la provincia.
Esta iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 5805, sancionada en 2025 por impulso del Gobernador Alberto Weretilneck en defensa de las pymes rionegrinas. La norma otorga prioridad a proveedores y trabajadores locales en las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras, con el objetivo de que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo, más desarrollo y más oportunidades.

La ley cumple uno de los principales pilares de la política del Gobierno Provincial: acompañar las inversiones privadas, ordenar su impacto y asegurar que el crecimiento se traduzca en más empleo y desarrollo para las comunidades rionegrinas.
Empleo rionegrino
Además del movimiento generado en proveedores locales, la Provincia también monitorea el impacto de estas inversiones en la contratación de mano de obra rionegrina.
Según los datos recabados, durante el último relevamiento la contratación de trabajadores rionegrinos representó más de $213 millones en Ingeniero Jacobacci, mientras que en el resto de la provincia superó los $143 millones. Para junio, se estima que los sueldos netos vinculados a la contratación de mano de obra local alcancen los $551 millones, consolidando un flujo de ingresos que queda directamente en las familias rionegrinas.

En este sentido, durante la última Mesa de Trabajo realizada en Ingeniero Jacobacci, la Secretaría de Trabajo destacó la importancia de que las empresas contratistas cumplan con los criterios de contratación local establecidos por la normativa vigente, promoviendo el desarrollo de proveedores y la generación de oportunidades laborales en la región.
«De esta manera, Río Negro consolida una política concreta: acompañar las inversiones, ordenar su impacto y garantizar que el desarrollo productivo se traduzca en más trabajo, más proveedores locales y más oportunidades para las comunidades rionegrinas», destacaron desde el Gobierno.








