Gremios
La Legislatura aprobó la creación de un Fondo de Viviendas para los afiliados de ATE
Se establecerá la creación de un fondo con recursos estatales para adquirir tierras, construir, refaccionar o ampliar viviendas.
La Legislatura de Río Negro sancionó hoy (02/08) el proyecto de ley que crea un Programa Provincial y un Fondo Específico de Financiamiento para el mejoramiento de la situación habitacional del personal público rionegrino perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El legislador Alfredo Martín (JSRN), miembro informante por el oficialismo, fundamentó que la ley permitirá a ATE “establecer un sistema que posibilite la adquisición de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas a sus afiliados”, como también, “la realización de obras de la infraestructura necesaria para dotar de servicios básicos a aquellos que no los tengan”.
Martin destacó que “con esta iniciativa se crea a su vez un Consejo Asesor, que será el órgano que coordinará, conjuntamente con la Autoridad de Aplicación, el diseño del Programa Provincial, así como el control del mismo”.
Detalló también que el Consejo Asesor estará integrado por dos representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dos representantes de A.T.E. y un representante del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (I.P.P.V.). “En este Consejo habrá igualdad plena para lograr las políticas habitacionales que favorezcan a los trabajadores”, aseguró.
En este sentido, la legisladora Soraya Yahuar (UCR) respaldó la iniciativa que “va en concordancia con la Constitución Nacional que establece que los ciudadanos tienen como derecho esencial el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte, Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular) adelantó su voto favorable y expresó la necesidad del trabajo conjunto entre Municipio y Provincia, a la vez que destacó que “es bienvenido este fondo, las viviendas para los trabajadores y las refacciones”.
Asimismo, Maria Maldonado (FpV) acompañó el proyecto que “viene a contribuir con una carencia importante en nuestro país”.
El legislador Raúl Martínez señaló que “si bien la vivienda constituye un bien social y no podemos no estar de acuerdo”, esto se podría haber resuelto con un acuerdo y programas, entre organizaciones civiles, sindicatos y organismos del Estado, ya que “son muchas las familias que necesitan de las políticas del Estado por el gravísimo problema que estamos viviendo frente a la falta de viviendas”.
El legislador Facundo López (JSRN), aclaró que los programas del Estado, en cuanto a viviendas, están y seguirán implementándose a través del IPPV y su financiamiento.
Por otro lado, Sergio Rivero manifestó que “estamos en deuda con la población en materia de viviendas” y agregó que “si bien no es una solución definitiva, valoro esta herramienta que es un mecanismo más para aportar soluciones a muchos trabajadores del Estado”.
El legislador Alejandro Palmieri (JSRN) reflexionó que esta ley es un pequeño aporte a una política de Estado vigente en materia de viviendas, a su vez que repasó el presupuesto ejecutado por el IPPV y concluyó en que “ojalá otros gobiernos copien este tipo de herramientas que buscan jerarquizar al empleado público, ya que la paritaria es sólo un eslabón de la relación entre empleado y empleador”.
Los recursos provenientes del Tesoro Provincial que asigne la Provincia a través del Fondo Específico, no podrán ser inferiores al equivalente del 0.5 por ciento de la masa salarial correspondiente a la totalidad de agentes dependientes de Poder Ejecutivo Provincial que se encuentran afiliados a A.T.E, durante la vigencia del Fondo Específico.
Finalmente, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada por unanimidad, en presencia del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y una importante cantidad de afiliados.
Gremios
ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.
En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».
«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.
El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.
Gremios
Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores
El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.
El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.
Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».
Gremios
Ante la amenaza de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, ATE evalúa adelantar el Paro Nacional
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes», indicó Aguiar.
Luego de que el Gobierno diera a conocer un nuevo plan de recorte para intentar despedir al 10% de la planta la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado informó que evalúa adelantar la medida de fuerza, definida en primera instancia para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso nacional.
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente agregó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%».
«A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La medida de fuerza había sido definida en el Confederal del sindicato realizado el pasado jueves (27/11), con la participación de las 24 provincias y las 191 seccionales de ATE en todo el país. Pero ante el intento del Ejecutivo de llevar a cabo una nueva ola de despidos, el sindicato convocará a sus instancias orgánicas para adelantar el paro.
La información que dio a conocer el Gobierno es de reducir en un 10% la planta de trabajadores, que representaría aproximadamente 28.000 despidos.
Las cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los cuales aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
