Gremios
La Legislatura aprobó la creación de un Fondo de Viviendas para los afiliados de ATE
Se establecerá la creación de un fondo con recursos estatales para adquirir tierras, construir, refaccionar o ampliar viviendas.
La Legislatura de Río Negro sancionó hoy (02/08) el proyecto de ley que crea un Programa Provincial y un Fondo Específico de Financiamiento para el mejoramiento de la situación habitacional del personal público rionegrino perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El legislador Alfredo Martín (JSRN), miembro informante por el oficialismo, fundamentó que la ley permitirá a ATE “establecer un sistema que posibilite la adquisición de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas a sus afiliados”, como también, “la realización de obras de la infraestructura necesaria para dotar de servicios básicos a aquellos que no los tengan”.
Martin destacó que “con esta iniciativa se crea a su vez un Consejo Asesor, que será el órgano que coordinará, conjuntamente con la Autoridad de Aplicación, el diseño del Programa Provincial, así como el control del mismo”.
Detalló también que el Consejo Asesor estará integrado por dos representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dos representantes de A.T.E. y un representante del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (I.P.P.V.). “En este Consejo habrá igualdad plena para lograr las políticas habitacionales que favorezcan a los trabajadores”, aseguró.
En este sentido, la legisladora Soraya Yahuar (UCR) respaldó la iniciativa que “va en concordancia con la Constitución Nacional que establece que los ciudadanos tienen como derecho esencial el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte, Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular) adelantó su voto favorable y expresó la necesidad del trabajo conjunto entre Municipio y Provincia, a la vez que destacó que “es bienvenido este fondo, las viviendas para los trabajadores y las refacciones”.
Asimismo, Maria Maldonado (FpV) acompañó el proyecto que “viene a contribuir con una carencia importante en nuestro país”.
El legislador Raúl Martínez señaló que “si bien la vivienda constituye un bien social y no podemos no estar de acuerdo”, esto se podría haber resuelto con un acuerdo y programas, entre organizaciones civiles, sindicatos y organismos del Estado, ya que “son muchas las familias que necesitan de las políticas del Estado por el gravísimo problema que estamos viviendo frente a la falta de viviendas”.
El legislador Facundo López (JSRN), aclaró que los programas del Estado, en cuanto a viviendas, están y seguirán implementándose a través del IPPV y su financiamiento.
Por otro lado, Sergio Rivero manifestó que “estamos en deuda con la población en materia de viviendas” y agregó que “si bien no es una solución definitiva, valoro esta herramienta que es un mecanismo más para aportar soluciones a muchos trabajadores del Estado”.
El legislador Alejandro Palmieri (JSRN) reflexionó que esta ley es un pequeño aporte a una política de Estado vigente en materia de viviendas, a su vez que repasó el presupuesto ejecutado por el IPPV y concluyó en que “ojalá otros gobiernos copien este tipo de herramientas que buscan jerarquizar al empleado público, ya que la paritaria es sólo un eslabón de la relación entre empleado y empleador”.
Los recursos provenientes del Tesoro Provincial que asigne la Provincia a través del Fondo Específico, no podrán ser inferiores al equivalente del 0.5 por ciento de la masa salarial correspondiente a la totalidad de agentes dependientes de Poder Ejecutivo Provincial que se encuentran afiliados a A.T.E, durante la vigencia del Fondo Específico.
Finalmente, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada por unanimidad, en presencia del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y una importante cantidad de afiliados.
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
