El próximo 22 de mayo, la Legislatura de Río Negro tratará, entre otros proyectos, la Ley de Reiterancia, iniciativa que suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado y que permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. «Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.

El proyecto fue presentado por el gobernador, Alberto Weretilneck. «De esta forma, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro», agregó Gatti.

«El proyecto tiene que ver con una idea que se viene planteando hace un tiempo, buscar terminar con la ideología que todavía está vigente en muchos sectores, poderes judiciales, universidades de derecho, que tiene que ver con lo que hemos denominado el abolicionismo penal, que puso el eje a partir de considerar al delincuente una víctima de la sociedad, y revirtió los valores que tienen que ver que con la honestidad y el cumplimiento de la ley», comentó el ministro en declaraciones a Radio Noticias de Viedma.

El funcionario indicó que las normas que rigen actualmente generan «un estado de confusión por parte de la ciudadanía y de desazón en la fuerza policial. Cuando la persona, después de dos detenciones o con dos procesos, uno con elevación a juicio, esperará su sentencia detenido. Ya no podrá especular con dilatar los tiempos para seguir en libertad porque será de su interés máximo que se resuelva».

«Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo Gatti.

Con respecto al proyecto que se va a tratar el 22 de mayo, el ministro sostuvo que «se nutre de otras iniciativas presentadas anteriormente y la cuales vamos a debatir en comisiones, previo a la sesión. Todos harán su aporte en esa instancia».

Luego de que el presidente Javier Milei denunciara penalmente a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «el ataque a los periodistas es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia». La denuncia del mandatario fue radicada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

«Desde un primer momento los estatales sufrimos en carne propia los ataques del Gobierno, pero ahora decidieron escalar una posición más. Están utilizando el poder del Estado para agredir y estigmatizar a la prensa», apuntó Aguiar. Cabe recordar que el referente estatal también fue uno de los objetivos de la persecución judicial del Gobierno, siendo denunciado en septiembre del 2024 por sus declaraciones en el marco de una protesta de ATE.

En referencia a los constantes ataques discursivos que Milei ha tenido contra muchos periodistas durante su mandato, el dirigente indicó que «no podemos naturalizar los discursos violentos y tenemos que reaccionar frente a esta persecución que nos perjudica a todos como sociedad. Tenemos que seguir defendiendo que exista pluralidad y diversidad de voces. Es la única manera de poder garantizar el derecho a la información que tiene toda la comunidad».

«Las denuncias penales que se conocieron en las últimas horas vienen a completar una política de estado que se inició hace meses con el cierre de medios públicos y el uso discrecional de la pauta oficial», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Desde nuestra representación, pero además como trabajadores, no podemos callar en este momento, no podemos mostrar un silencio cómplice porque el periodismo tiene que ser la voz de aquellos que no tienen medios propios para poder ser escuchados. Es evidente el intento de disciplinar, de infundir miedo porque saben que el temor paraliza. Si hay miedo, no hay reacción. Por eso nuestra respuesta tiene que ser clara, no lo van a lograr. No nos vamos a atemorizar. Vamos a confrontar», concluyó Rodolfo Aguiar.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».

La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.

El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.

El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.

Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.