Río Negro
Piden la intervención de EDERSA para que no traslade a los rionegrinos la deuda de $3.000 millones
Aseguran que la distribuidora de energía eléctrica quiere pagar sus deudas incrementando aún más el costo de la tarifa.

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el gremio UATRE e intendentes de varias localidades de la provincia (entre ellos Martín Soria de Roca), emitieron un documento donde exigen al gobierno provincial, la Justicia y al Ente Regulador de la Energía (EPRE) la intervención de la empresa distribuidora de energía eléctrica, EdERSA.
«El pueblo rionegrino está a punto de ser víctima de un nuevo atropello por parte de la empresa distribuidora de la energía eléctrica en la provincia de Río Negro, gravísima situación que sólo se concretará si prospera su intento de trasladar a los usuarios la deuda por más de 3.000 millones de pesos que mantiene con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.)», dice parte del comunicado enviado a la prensa.
«Para evitar ese avasallamiento se requiere la cancelación de las obligaciones contraídas por el inescrupuloso manejo de grupo inversor sin que sean incorporadas como costo en las tarifas que abonan todos los rionegrinos y, además, sin que las mismas sean incrementadas hasta tanto no se haya producido la liquidación de las deudas antes mencionadas. Por otra parte, se solicita el llamado a licitación pública internacional, tal como fija el contrato de concesión, cumplidos los cinco años de gestión del actual grupo inversor».
«Las desventuras en el sistema eléctrico provincial se iniciaron en 1996, tras la privatización el ente regulador permitió absorber la deuda de los accionistas, dejando endeudada a una empresa distribuidora que estaba totalmente saneada. En el año 2014 fuimos nuevamente victimas de manejos inescrupulosos, cuando el grupo Neuss absorbió el 100% del paquete accionario sin llamado a Audiencia Pública Internacional, tal como marca el contrato de concesión», agregan en el documento.
«Los incrementos constantes del Valor Agregado de distribución desde el ingreso de este grupo inversor, pasaron de 192 millones de pesos en el año 2014 a 1.300 millones en el año 2019 (más de un 577% de aumento), queriendo ahora incrementarlo nuevamente y trasladar las deudas del distribuidor a los usuarios. La deuda que EdERSA mantiene con CAMMESA ya supera los 3.000 millones de pesos, monto superior a las garantías que tiene el grupo inversor», añadieron.
«Cabe señalar que la misma se origina en el no pago, desde agosto del 2014, de la energía suministrada por CAMMESA para su distribución, incumpliendo todos los acuerdos y planes de pagos propuestos, poniendo al límite de cortes e interrupciones al suministro que abastece a todos los usuarios».
Explican en este sentido que «para conocimiento de la sociedad, por la energía vendida EdERSA debería realizar pass trhough, o sea cobrar el mismo precio del Mercado Eléctrico Mayorista a los usuarios, es decir trasladar su justa incidencia, pero nada de eso sucede, ya que cobra precios muy superiores a los fijados por el Agosto | 2019 mercado eléctrico, incumpliendo con lo que fija la legislación vigente. Nada de todo esto se podría producir sin la anuencia del Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Gobierno provincial. EdERSA fue en estos últimos años un negocio financiero, en lugar de ser un negocio de distribución».
«Es pertinente aclarar que cuando el usuario pagaba su factura también estaba abonando el cargo correspondiente a CAMMESA, es decir que EDERSA cobró al usuario pero no pagó a CAMMESA, y hoy pretende que los rionegrinos volvamos a pagar lo que ya habíamos abonado».
«Con nuestro reclamo a las autoridades, cumplimos además con la necesidad de poner en conocimiento de toda la población la situación dramática que estamos viviendo los usuarios del servicio de electricidad de Río Negro, donde una empresa monopólica, sin control por parte del Ente Regulador, avasalla los derechos de la sociedad en su conjunto, impidiéndole ser competitiva, abrir nuevos puestos de trabajo y brindar seguridad jurídica para que nuevas inversiones se emplacen en nuestra provincia».
«Reclamamos incansablemente a nuestros funcionarios públicos que no le den la espalda a una sociedad que pretende reglas de juego claras; especialmente solicitamos la inmediata intervención del Sr. Procurador General de la provincia para que instruya a los fiscales a su cargo sobre la inmediata investigación de estas irregularidades en las cuales no solo participan empresarios sino también funcionarios públicos encargados de controlar el fiel cumplimiento del contrato de concesión y las normas legales vigentes, además de la apertura inmediata y difusión de la auditoría realizada oportunamente a la firma EdERSA. De nuestra parte, bregamos por el cumplimiento de la Ley y por una tarifa de energía justa y razonable, con la calidad en el servicio que los rionegrinos nos merecemos», concluye el documento que lleva la firma de la FEERN, Federación de Productores, Consorcio de Riego, UATRE y el intendente roquense Soria.
Río Negro
En 2026, Río Negro bajará las boletas de luz y gas
Se calcula que podrían impactar hasta en un 60% en el precio final del consumidor.

En 2026, Río Negro reducirá un 60% la carga impositiva en las boletas de luz y gas, impactando directamente en una baja de los servicios para hogares, comercios, pymes, industrias, productores y entidades. Además, se fijará un tope del 25% en la actualización de los impuestos Inmobiliario y Automotor, garantizando que se mantengan por debajo de la inflación.
Así lo dispone la nueva Ley Impositiva impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y sancionada por unanimidad en la Legislatura de Río Negro. «Tomamos decisiones responsables, con reglas claras y previsibles, para aliviar el impacto de los impuestos en los servicios esenciales y acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo en Río Negro», indicó.
Además, la norma establece que quienes desarrollan actividades económicas continuarán tributando bajo las mismas condiciones que en 2025, sin aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos. Esto permite sostener el esquema vigente y dar previsibilidad a la producción, el comercio y los servicios en toda la provincia.
Reducciones y topes
La nueva Ley Impositiva reduce la alícuota del 2,5% al 1% de la carga provincial incluida en los servicios de energía eléctrica y gas. Al tratarse de un impuesto que se calcula según el consumo y se traslada al usuario final, la baja se reflejará de manera directa en el monto a pagar en cada factura.
En el caso de los impuestos Automotor e Inmobiliario, la actualización tendrá un tope del 25% respecto del impuesto anual determinado para 2025, ubicándose por debajo de la inflación. Además, los contribuyentes que mantengan sus impuestos al día accederán a bonificaciones por buen cumplimiento, con un 5% de descuento en las cuotas mensuales y un 10% adicional para quienes adhieran al débito automático en cuenta bancaria.
Los contribuyentes también podrán optar por el pago anticipado. El Pago Anual 2026 mantiene un 20% de descuento para quienes no registren deuda o la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de abonar el total en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Patagonia, entre otros medios de pago. De esta forma, quienes elijan esta opción evitan las actualizaciones mensuales y reducen el monto final del impuesto.
«Con estas medidas, todos los contribuyentes rionegrinos tendrán menos carga en servicios esenciales, topes en la actualización de los impuestos y beneficios concretos para quienes cumplen. Queremos cuidar el bolsillo de las familias, las pymes y la industria rionegrina», concluyó Weretilneck.
Judiciales
Ordenan al abuelo paterno pagar una cuota alimentaria tras 16 años de cuidado casi exclusivo de la mamá
La cuota fue fijada en el 20% de los haberes jubilatorios del abuelo paterno.

Durante más de 16 años una mujer se hizo cargo en forma exclusiva de la crianza, el cuidado cotidiano y el sostenimiento económico de su hijo, sin acompañamiento efectivo por parte del progenitor. Esa situación fue central en una sentencia que fijó una cuota alimentaria a cargo del abuelo paterno, ante el incumplimiento reiterado del padre del ahora adolescente.
En el expediente se acreditó que el joven quedó al cuidado de su madre desde que tenía poco más de un año de vida. A lo largo de ese extenso período, el vínculo con el progenitor fue esporádico y los aportes económicos resultaron inexistentes o insuficientes, lo que obligó a la mujer a recurrir en reiteradas oportunidades al Poder Judicial para garantizar el sustento de su hijo.
El fallo remarcó que el progenitor no cumplió con las cuotas alimentarias fijadas en causas anteriores ni con los alimentos provisorios establecidos en este proceso, pese a haber asumido compromisos de pago en audiencia judicial. Incluso, al momento de dictarse la sentencia, no se registraban movimientos en la cuenta judicial abierta para el depósito de los alimentos.
Frente a ese incumplimiento persistente, el juzgado analizó el reclamo dirigido al abuelo paterno, quien había sido demandado en forma conjunta. Al resolver, la jueza sostuvo que «los primeros obligados son los progenitores, pero frente a su incumplimiento por imposibilidad o dificultad, o bien ante la demostración de la insuficiencia de la cuota percibida, se acude a los ascendientes», con fundamento en el principio de solidaridad familiar y en el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
La sentencia puso especial énfasis en la situación de la madre, quien afrontó sola la crianza durante más de una década y media, incluso atravesando condiciones de vulnerabilidad personal y económica. En ese sentido, se señaló que «recae toda la carga emocional, psicológica y económica en los sobreesfuerzos de la madre», y que esa realidad no podía ser desatendida al momento de resolver el caso.
Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores e Incapaces, que dictaminó sobre la necesidad de garantizar el derecho alimentario del adolescente. Si bien propuso que la obligación recayera en primer término sobre el progenitor, el Tribunal valoró que «no se ha acreditado cumplimiento alguno de la prestación alimentaria», lo que tornó procedente habilitar la obligación subsidiaria del abuelo paterno.
Con base en la prueba producida, el fallo fijó una cuota alimentaria a cargo del abuelo paterno equivalente al 20 % de sus haberes jubilatorios, con retención directa del beneficio previsional. La jueza aclaró que la obligación «se dicta en carácter subsidiario del progenitor», y que se mantendrá vigente mientras el principal obligado continúe incumpliendo con su deber alimentario.
Además, se ordenó practicar la liquidación de los alimentos adeudados desde la instancia de mediación previa, se dejaron sin efecto los alimentos provisorios y se recordó que la madre podrá continuar las acciones judiciales necesarias para reclamar al progenitor las sumas impagas.
Río Negro
En estas fiestas, la pirotecnia de estruendo está prohibida en todo Río Negro
Esta medida está establecida por la Ley N° 5.761, aprobada por la Legislatura provincial el año pasado.

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de la Provincia de Río Negro recordó que se encuentra vigente la política de Pirotecnia Cero, que prohíbe el uso de pirotecnia de estruendo en todo el territorio provincial.
Esta medida está establecida por la Ley N° 5.761 y tiene como objetivo proteger a la comunidad, cuidar el ambiente y resguardar la salud y el bienestar de los animales, que se ven especialmente afectados por los ruidos intensos.
«Desde el Gobierno Provincial se promueve una forma de celebración más responsable y consciente, evitando los efectos negativos que genera la pirotecnia sonora, como lesiones, incendios, contaminación sonora y situaciones de estrés en personas y animales», destacaron.
En este contexto, se llevó a cabo una reunión estratégica y operativa de control, de la que participaron el director General de Prevención, Seguridad y Orden Público, Milton Almendra; el subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Casas; y la jefa Regional I, Gladys Dell, con el fin de coordinar acciones y reforzar los controles durante las fiestas.









