Judiciales
Podría pasar de 3 a 10 años de prisión por herir con una tijera a su pareja
El agresor se encuentra detenido. Fue declarado culpable y próximamente se conocerá la pena.
El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Gastón Martín y Oscar Gatti declaró culpable, por unanimidad, al hombre acusado de herir gravemente a su pareja con una tijera la noche del 3 de enero pasado en Roca.
Así, declararon a Jorge Alberto Quiroz autor del delito de “lesiones graves doblemente agravadas, por ser pareja y por haber sido cometidas en un marco de violencia de género”. El imputado permanece detenido con prisión preventiva.
En una próxima audiencia se realizará el juicio de cesura para definir el monto de la pena que deberá cumplir el acusado. De acuerdo con el delito por el que fue condenado, la escala penal posible va de 3 a 10 años de prisión.
Al dar a conocer el veredicto este mediodía, el juez Sánchez Freytes explicó que no se aplicó la figura de “tentativa de femicidio” que reclamaban la Fiscalía y la parte querellante, por haber quedado “dudas” en cuanto a la verdadera intención de Quiroz de provocar la muerte de la joven.
Según la ley penal, para que exista un intento de homicidio el autor debe tener la intención de matar pero debe verse forzado a detener su ataque “por razones ajenas a su voluntad”. En cambio, si detiene su agresión voluntariamente, se acredita su intención de “causar daño” pero no su decisión de matar.
Fundamentos
Entre los fundamentos del veredicto -que se conocerán completos luego del juicio de cesura- el Tribunal señaló: “La tentativa de femicidio que reclaman los acusadores se desecha por el beneficio de la duda (…) Nos llama poderosamente la atención, y no es un dato menor, que el Ministerio Público Fiscal y la querella, cuando materializaron sus acusaciones en la audiencia de control de acusación, no consignaron cuáles fueron las ‘causas ajenas a la voluntad del imputado’ como para no poder consumar la acción criminal (…) Esa omisión es corregida recién en sus alegatos de apertura (en el juicio oral), cuando dicen que la causa ajena de referencia se da por la intervención repentina del padre del imputado”.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la víctima fue “deficientemente interrogada sobre este aspecto específico por parte de los acusadores”, por lo que no pudieron salvarse las contradicciones entre los testimonios escuchados ni las dudas surgidas en los juzgadores. Sobre este punto, cabe recordar que el nuevo sistema procesal penal prohíbe a los jueces interrogar a los testigos, por lo que deben dictar sus veredictos en función de las respuestas que obtengan en el juicio la fiscalía, la querella y la defensa. También es importante señalar que el “beneficio de la duda” es una garantía procesal que protege a todos los habitantes del país, que surge de la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Para los jueces “no quedó claro” si el hombre desistió de continuar el ataque inmediatamente después del primer puntazo o si pretendía continuar la agresión y se lo impidió su padre.
Consideró así el Tribunal que quedaron sin respuesta “importantes preguntas”, señalando como ejemplos: “¿El imputado quiso verdaderamente darle muerte a la ofendida? (…) ¿qué pasó con la tijera después del puntazo? (…) ¿en qué instante el imputado le pide perdón? ¿en qué instante concreto aparece el padre? ¿pudo materialmente el imputado asestarle otro puntazo inmediatamente después del primero?”.
En otro punto de la fundamentación los jueces señalaron que, según los dictámenes médicos, la herida causada por el acusado no puso en peligro cierto la vida de la mujer. El carácter de “grave” de las lesiones se configuró por haberla incapacitado para trabajar durante más de un mes, tal como establece el artículo 90 del Código Penal.
Judiciales
Denunció ruidos molestos y filtraciones, pero le tapaba la entrada de la casa con el auto: Lograron un acuerdo en mediación
Tuvo que intervenir la Justicia para solucionar un problema entre vecinos.
Una mujer de Allen presentó una denuncia contravencional en la Comisaría por ruidos molestos. La denuncia contra la vecina fue remitida al Juzgado de Faltas de esa ciudad. La situación generó disturbios públicos, y el juez solicitó que recurrieran a una mediación para resolver el conflicto.
Con el propósito de mantener la armonía vecinal, las partes expusieron sus posturas sobre la convivencia. Aparecieron nuevos reclamos relacionados con el uso de la vía pública y problemas edilicios. En la mediación se establecieron compromisos que ambas partes deberán cumplir.
La mujer que pidió la mediación se comprometió a no estacionar los vehículos frente al domicilio de su vecina. Indicó que utilizará otros espacios cercanos. La incomodidad ocurre cuando los vehículos bloquean la entrada del domicilio.
Por su parte, la otra vecina se comprometió a revisar el tanque de agua para evitar filtraciones hacia el techo contiguo. Las familias viven en un complejo de viviendas donde los pilares son compartidos, lo que provoca que ambas casas sufran desperfectos.
Finalmente, las partes acordaron mantener un diálogo fluido y respetuoso sin recurrir a la intervención de terceros.
El Código Contravencional de Río Negro establece que, cuando la acción contravencional es de instancia privada, la víctima debe acudir a los mecanismos de mediación. Luego, como lo indica la misma normativa, el acuerdo fue documentado y homologado por el Juzgado de Paz.
Judiciales
Condenaron a 8 años de prisión a un empresario acusado de violar a la hija de su amigo
El hombre ejercía una fuerte influencia sobre la víctima a través de creencias espirituales y prácticas esotéricas.
Un empresario de Cipolletti, Néstor ‘Yiyo’ Bergallo, recibió una condena de 8 años de prisión, tras haber sido declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal. Los hechos juzgados tuvieron como contexto una relación marcada por la desigualdad, en la que el acusado ejercía una fuerte influencia sobre la víctima a través de creencias espirituales y prácticas esotéricas.
Durante el juicio, se examinó el vínculo entre el acusado y la persona denunciante, quien lo conocía desde su infancia. Según el testimonio principal, el acusado desempeñó un rol central en la vida familiar, con acceso cotidiano al hogar y un vínculo de confianza con los padres de la denunciante. En ese contexto, se presentaba como guía espiritual y promovía prácticas vinculadas a la masonería, la purificación del aura y rituales esotéricos.
De acuerdo con la acusación fiscal, Bergallo utilizó esas creencias para sostener conductas abusivas durante un período prolongado. Se lo responsabilizó por un hecho ocurrido en un sector periférico de la ciudad, donde habría tenido acceso carnal sin que la víctima pudiera ejercer su consentimiento de forma libre, debido al estado de sometimiento emocional generado a lo largo de los años.
La víctima describió con detalle las dinámicas que caracterizaron el vínculo con el acusado, la progresiva invasión de sus espacios personales, y las consecuencias que esas vivencias generaron en su vida cotidiana.
Durante el juicio también prestaron declaración familiares, amistades y profesionales de distintas disciplinas. Se incorporaron estudios periciales, informes escolares y testimonios que dieron cuenta de la estructura de influencia que el acusado mantenía en el entorno de la denunciante.
La defensa negó los cargos y sostuvo que existió una relación afectiva y consentida entre personas adultas. Aportó testimonios del entorno del acusado que buscaron desacreditar el relato de la denunciante y cuestionaron la validez de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía.
El tribunal – integrado por la jueza Alejandra Berenguer y los jueces Guillermo Merlo y Julio Sueldo – evaluó los elementos probatorios y valoró la asimetría en la relación, el contexto de vulnerabilidad y el uso de mecanismos simbólicos que, según se argumentó, condicionaron el consentimiento.
El fallo desestimó el pedido de la defensa para que la pena se cumpla bajo modalidad domiciliaria. La condena quedó fijada en 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, conforme a lo dispuesto en la sentencia que se firmó hoy (23/06). La modalidad de ejecución será determinada por el juez correspondiente.
Judiciales
Imputaron a un adolescente por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche de Roca
Deberá quedar internado en los dispositivos existentes para su edad.
Ayer (19/06) la Fiscalía formuló cargos a un menor de edad punible como co-autor en el legajo que investiga el hecho ocurrido el lunes pasado (16/06) a la madrugada donde un joven terminó gravemente herido luego de ser atacado brutalmente a la salida de un boliche, en calles Avenida Roca y Tras Arroyos. Asimismo, tras el pedido fiscal, la jueza de Garantías interviniente resolvió que el imputado cumpla con la medida cautelar de internación en los dispositivos existentes para su edad.
Los hechos que deberá afrontar este nuevo imputado son los mismos por los que se les formularon cargos a las otras tres personas el martes pasado (17/06) y que se encuentran cumpliendo prisión preventiva.
En este caso se agregaron como evidencia el resultado del allanamiento concretado en el marco de este legajo, detalles de la detención del menor, como también las pesquisas realizadas para dar con él.
En relación a la fundamentación del pedido de medida cautelar para el imputado, la fiscal del caso expresó que «se trata de un hecho de extrema gravedad, conforme a lo que se ha descripto en esta audiencia y en la anterior, sumado a las tareas de investigación que se siguen concretando, es que podemos afirmar que el menor imputado participó del mismo».
«A criterio de esta Fiscalía se encuentra presente como peligro procesal, el posible entorpecimiento a la investigación, además no debemos olvidar el comportamiento del imputado en este legajo que intentó evadir el accionar de la Justicia», argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal.
«Hemos traído a esta audiencia al personal de SENAF que indicó las condiciones de sus dispositivos diseñados para este tipo de circunstancias», mencionó la fiscal.
La defensora penal pública que asiste al imputado se opuso a la medida cautelar teniendo presente que su asistido no podrá modificar el contenido de cámaras de seguridad, prueba que resta por analizar, tampoco la historia clínica de la víctima, y «para esta parte no se observa el riesgo procesal mencionado por la Fiscalía».
«Solicitamos que no se le dicte la cautelar, y proponemos otras medidas alternativas, como un Régimen de Libertad Asistida», remarcó la defensora.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente en la audiencia resolvió hacer lugar al pedido fiscal y quedó imputado por ser co-autor de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de co-autores según los Artículos 42, 45 y 80 inc 6 del Código Penal.
Cabe destacar que las restricciones y detalles de la internación del menor imputado en un dispositivo para menores en conflicto con la Ley Penal se mantienen en el ámbito de la audiencia teniendo presente la edad del imputado y las leyes y tratados que lo amparan por ser menor de edad.
Asimismo, al inicio de esta audiencia y teniendo presente el Artículo 73 inc 1 y 74 del Código Procesal Penal, como también la Acordada del STJ 47/2021 y los lineamientos vertidos por Unicef respecto de las audiencias donde haya involucrados menores víctimas, la Jueza determinó que la misma fuera de acceso restrictivo a los medios de comunicación, tanto en resguardo de los derechos de la víctima como de la integridad psico-física de su familia. «La información será vertida por las Áreas de Comunicación instituciones, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura», recordó la magistrada.
