Judiciales
Consejo de la Magistratura: Nuevo reglamento para procesos más ágiles y transparentes
Conocé los principales cambios en esta nota.
El Consejo de la Magistratura, organismo constitucional que designa, sanciona y destituye a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Río Negro, dictó su nuevo reglamento general de funcionamiento para adaptarse al uso de nuevas tecnologías y optimizar sus procesos disciplinarios y de concursos.
El nuevo reglamento establece precisiones para la aplicación de la Ley del Consejo de la Magistratura (Ley K N°2434) e incorpora novedades en materia de concursos, funcionamiento interno del organismo y procesos de investigación y sanción de jueces y funcionarios judiciales.
La reglamentación que se utilizaba hasta ahora había sido dictada en 2008. Ante la necesidad de actualizarla, se elaboró un proyecto que durante los últimos meses fue puesto a consideración de cada uno de los consejeros de las cuatro Circunscripciones Judiciales de la provincia y que fue debatido, consensuado y aprobado por unanimidad.
El Consejo, según establece la Constitución Rionegrina, está integrado por quien preside el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, un representante por los jueces, tres legisladores y tres representantes de los abogados de la Circunscripción donde sesione.
Los principales cambios
- Sesiones virtuales: para sumar una herramienta tecnológica que viene dando buenos resultados en el ámbito judicial, ahora el Consejo “podrá sesionar de manera presencial o virtual”. La participación a través de videoconferencia podrá ser de todos o algunos de los consejeros, pero no podrá utilizarse en las sesiones de designación de funcionarios y magistrados ni en el desarrollo de juicios orales (juri o juicio político).
- Nuevo cargo: en 2018 el Consejo trató 78 expedientes disciplinarios en 30 sesiones realizadas en toda la provincia y realizó otras 16 reuniones por entrevistas de concursos. En el año 2010 hubo sólo 13 reuniones, sumando disciplinarias y por concursos. El crecimiento sostenido de la actividad del Consejo en los últimos años se refleja en el nuevo Reglamento con la incorporación de una Secretaría Letrada cuya función será asistir a la Secretaría del Consejo y colaborar con los consejeros (abogados, legisladores o funcionarios) que sean designados como sumariantes en los procesos de investigación disciplinarios.
- Concursos más ágiles: el nuevo reglamento definió abonar una compensación económica a los integrantes del Jurado Examinador (salvo a quienes sean funcionarios y magistrados del Poder Judicial rionegrino), para jerarquizar y agilizar esa labor imprescindible del proceso. Estableció además una forma más práctica de elaborar los listados de expertos que son convocados a integrar las Comisiones Evaluadoras y los Jurados Examinadores para los concursos.
- Publicidad: a tono con la Ley provincial N°5273, el reglamento previó que todo lo relativo a los concursos se publique en el Boletín Oficial de Río Negro y se refuerce su difusión a través del sitio web del Poder Judicial, del área de Comunicación del Poder Judicial, de los Colegios de Abogados, la Legislatura y cualquier otro organismo o institución de interés.
- Inscripciones más cerca: se dispuso que las postulaciones para concursos también se admitirán en las Gerencias Administrativas del Poder Judicial de Roca, Bariloche y Cipolletti.
- Exámenes con bibliografía: tal como ocurre en el fuero Federal y en otras altas instancias de evaluación académica, el nuevo reglamento autorizó la consulta de material bibliográfico durante los exámenes de oposición. Cada postulante podrá llevar consigo el material que estime necesario, el cual podrá ser supervisado previamente por el personal del Consejo.
- Parámetros de calificación: se estableció que todos los postulantes que cumplan con los requisitos constitucionales o legales de antigüedad de título o función judicial serán calificados con una base de 10 puntos por antecedentes, el mínimo exigido por la Ley para poder continuar en concurso. Los restantes 10 puntos posibles por antecedentes se distribuyen por la especialidad del postulante en la vacante a cubrir, publicaciones jurídicas, ejercicio de la docencia y estudios afines de posgrado o doctorado afines.
- Examen psicofísico: es una instancia obligatoria del concurso que, a partir del nuevo reglamento, se realizará sólo a quienes hayan concurrido a rendir el examen de oposición, con el objetivo de optimizar los recursos.
- Entrevista personal: en esta instancia definitoria del concurso, donde se analiza el perfil del postulante para el cargo, se incorporaron nuevos parámetros a valorar por parte de los consejeros. “Podrá merituarse el perfil (…) a la luz de los nuevos modelos de administración de justicia”, dice el reglamento.
- Procesos disciplinarios: se regularon aspectos procesales del sumario que antes se regía por el Reglamento Judicial. Además se explicitó que los consejeros que hubieran participado en cualquier instancia previa no podrán intervenir en el juicio político.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
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Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
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Inició el juicio por el homicidio de Luciano García
Con la declaración de alrededor de 30 testigos, el proceso judicial se extenderá hasta el viernes 29 de agosto.
En la mañana de ayer martes (19/08), las partes, Fiscalía, querella y defensa particular expusieron sus alegatos y de esta manera inició el juicio por el homicidio de Luciano García, ocurrido en mayo del año pasado.
Luego de repasar las convenciones probatorias fue el turno de los testigos. De esta manera, declararon familiares y amigos de la víctima, testigos que escucharon y/o vieron el hecho y que llamaron al 911. También lo hizo personal policial que intervino en el lugar donde estaba el cuerpo del joven fallecido.
Cabe mencionar que, según el control de acusación que dio inicio a este debate, se espera que durante las siete jornadas restantes presten declaración alrededor de 30 testigos.
El hecho que se está juzgando ocurrió el 6 de mayo de 2024, alrededor de las 22.10 horas cuando el imputado de 23 años se movilizaba junto a un adolescente no punible en una moto. Según la teoría de esta Fiscalía, perseguían la víctima y a quien conducía que iban en otra moto, y le dieron muerte a Luciano García luego de dispararle varias veces.
La calificación legal por la que la Fiscalía y la querella ya adelantaron que solicitaran la responsabilidad penal del imputado es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, abuso de armas agravado por la intervención de un menor de 18 años, y portación de arma de fuego civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real, según los Artículos 45, 55, 79, 41 bis, 41 quater, 104, 189 bis inciso 2, 3er párrafo del Código Penal.
El imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde la formulación de cargos ocurrida dos días después del hecho.
Las jornadas continuarán en los Tribunales roquenses este miércoles (20/08), mañana jueves (21/08), viernes (22/08) y desde el martes próximo hasta el viernes 29 de agosto.
