Judiciales
Río Negro presentó un amparo por una nueva falla que dejó sin servicio a Planicie Banderita
Esto motivó un alto nivel de turbiedad en el servicio de agua potable.
El gobierno de Río Negro presentó un recurso de amparo ante una nueva falla que dejó fuera de servicio a la central hidroeléctrica Planicie Banderita. Esta situación pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable y el sistema de riego en el Alto Valle.
El incidente (el cuarto en los últimos ocho años), se produjo el pasado 10 de septiembre y aún no se tienen certezas por parte del concesionario (ORAZUL) de cuándo volverá a ponerse en servicio.
“Esta situación genera graves consecuencias en el servicio de agua potable en varias localidades y afecta a cientos de familias, porque el servicio se interrumpe varias veces ante la disminución de la capacidad de potabilización”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.
Señaló además que esta situación “afecta seriamente y pone en peligro nuestra producción frutihortícola del Alto Valle, porque también se genera una merma del caudal para riego a niveles inferiores a los necesarios”.
“Realizamos esta acción preventiva en la Justicia ante la pasividad y la negativa de la Secretaría de Energía de la Nación a buscar un solución de fondo a esta problemática que lleva años, y que afecta seriamente a nuestras familias y nuestra producción”, sentenció Weretilneck.
La Provincia ha realizado importantes esfuerzos para racionalizar los usos del agua y, por lo tanto, reservar en los embalses todo el excedente estacional para garantizar un adecuado programa de erogaciones. Ante esta falla, se imposibilita sacar los volúmenes de agua del embalse.
Planteada esta situación, se está conduciendo el caudal necesario por el tramo de río Neuquén entre Portezuelo Grande y el compensador El Chañar provocando que el agua llegue con una turbiedad excesiva (diez veces mayor) dificultando los procesos de potabilización de agua para consumo humano.
Esto afecta el abastecimiento de Campo Grande, Cinco Saltos, Fernandez Oro, Allen y sectores de General Roca y Cipolletti, donde la prestadora Aguas Rionegrinas tiene serias dificultades para cumplir con su obligación, con costos adicionales por mayor consumo de energía, insumos químicos y obras de contingencia, llegando incluso a tener que suspender el proceso de potabilización dado la elevada turbiedad.
Además, esta situación en caso de prolongarse en el tiempo, pone en serio riesgo a la producción de todo el Alto Valle de la provincia, al disminuir en época de estiaje (diciembre y enero) el caudal del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande a valores inferiores a los requeridos para todos los usos y además de ello, a la negativa del Estado Nacional de sacar el agua embalsada en el complejo Cerros Colorados.
El titular del DPA, Fernando Curetti, explicó que se pidió “una profunda investigación para determinar si hubo o no negligencia del concesionario ante el evento de falla”.
También se exigió que se realicen de forma urgente las pruebas monitoreadas de las turbinas, para determinar su funcionamiento, para erogar de inmediato el caudal en cantidad y calidad necesaria para garantizar todos los usos en función a lo que requieran las jurisdicciones.
Del mismo modo, se solicitó que se prevean fondos para asumir los mayores costos de potabilización en las plantas que toman directamente desde el río Neuquén y las que toman del sistema de riego y se han visto afectadas por la turbiedad.
“Hacemos al Estado Nacional responsable civil y penalmente por los daños y consecuencias económicas, humanas y ambientales que se ocasionen a partir de este inconveniente”, explicó Curetti.
Judiciales
Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
Judiciales
Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
Judiciales
Ya son 12 los acusados por integrar una organización dedicada a violentos robos en el Alto Valle
La causa ya cuenta con doce personas imputadas por una organización que habría cometido catorce hechos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
El equipo fiscal que investiga una asociación ilícita acusada de cometer una serie de robos en Río Negro y Neuquén formuló cargos contra un nuevo integrante de la organización, por lo que ya son 12 las personas imputadas en la causa.
Durante la audiencia, y tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las principales evidencias surge de la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los imputados. A ello se suman informes de las empresas de telefonía móvil y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.
Según indicó la representante fiscal, de esa pericia surgieron comunicaciones entre el nuevo imputado y otros integrantes de la organización durante la jornada de uno de los hechos investigados, además de registros que lo ubicarían en uno de los lugares donde se cometieron los delitos.
De acuerdo con la acusación, la banda actuaba con un mismo modus operandi: realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos, llegaba en uno o dos vehículos previamente robados, ingresaba por la parte trasera de las viviendas tras escalar muros y techos, reducía a las víctimas mediante armas de fuego y luego las ataba con alambres o precintos. Posteriormente exigían dinero en dólares, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares, además de llevarse los DVR de las cámaras de seguridad.
El nuevo imputado habría participado en varios de los hechos atribuidos a la asociación ilícita y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas.
La investigación comprende 14 hechos atribuidos a la organización: 11 ocurridos en General Roca, 2 en Cipolletti y 1 en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Actualmente, 6 de los imputados permanecen con prisión preventiva en esta causa, 2 cumplen esa medida en otro expediente, 2 llevan tobillera electrónica y otros 2 están sujetos a medidas cautelares para garantizar el proceso. En el caso del último acusado, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de Neuquén, ciudad donde fijó domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa, al tiempo que siguen las impugnaciones presentadas por algunas defensas y avanzan otras medidas probatorias, entre ellas reconocimientos de personas. Para lograr la detención del último imputado se realizaron diversas tareas de campo encabezadas por la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro junto al Departamento de Delitos Patrimoniales y Leyes Especiales y la División de Evadidos y Recapturas de la Policía de Neuquén.
