Política
Los «misterios» de la Fiesta de la Manzana y superpoderes, las críticas a Soria en la audiencia pública
Se realizó una nueva audiencia por el Presupuesto 2020.
Menos de 40 minutos duró la audiencia pública para analizar el Presupuesto 2020 que se realizó anoche (28/10) en el Concejo Deliberante de General Roca. Los gastos en la Fiesta Nacional de la Manzana, la falta de vivienda y los «superpoderes» fueron el eje de las críticas de los expositores que pasaron por el recinto.
«El presupuesto del municipio de General Roca es casi una formalidad por la cual los concejales otorgan poderes especiales al intendente (ya sea Martín Soria o su hermana María Emilia cuando asuma) para modificar cualquier partida y para sostener administraciones paralelas sin rendir cuentas», indicó el dirigente local de Juntos Somos Río Negro, Mario Mondaca, quien llegó al recinto acompañado de otros referentes de su partido, como la legisladora electa Norma Torres. También acudió el futuro integrante del Tribunal de Cuentas por el partido provincial, Jorge Benítez.
Los poderes especiales implican «que desde el Ejecutivo municipal se pueda modificar este presupuesto y va en contra mano de lo establecido por la carta orgánica municipal», y al mismo tiempo hizo referencia a una «admininistración paralela», por la cual «se hacen compensaciones que impiden analizar ingresos y egresos, reasignación y financiamiento externo», dijo Mondaca. Se basaron para hacer tales afirmaciones en la forma de administrar la Fiesta de la Manzana y en cómo se manejan recursos de Nación para ejecutar algunos planes de gobierno.
Mondaca advirtió desde el estrado que «los concejales le están dando facultades al intendente para que modifique, si así lo quisiera, en un 100% el presupuesto», y les aclaró que «están autorizando al ejecutivo para que incorpore partidas de ingresos y de gastos que cuenten con financiamiento externo sin pasar por el control del deliberante, sin preguntar de donde provienen esos fondos».
«El presupuesto elevado por Martín Soria, no cumple con algunos preceptos básicos que deben cumplir estas herramientas de planificación del gasto, como son los de unidad, universalidad y claridad, se destacó en la ponencia», agregó.
«El principio de unidad se refiere a que todas las entradas y salidas se incluyan en el presupuestario, pero ya es habitual que los financiamientos de obras provenientes de Nación no se encuentran incorporados al presupuesto municipal y, en consecuencia, siguen un tratamiento paralelo», detalló el representante de Juntos.
En cuanto al principio de universalidad, «este establece que el presupuesto debe contener los gastos y recursos públicos considerados en forma separada y por su totalidad», pero al analizarse lo que ocurre con la Fiesta de la Manzana «se omite deliberadamente la estimación de los ingresos (aportes de privados, por ejemplo) y solo se indica el aporte que la municipalidad hace. Con esta actitud no solo se oculta el verdadero gasto del evento en sí, sino que incumple con uno de los principios establecidos en la carta orgánica municipal, que es el de universalidad: todo debe estar incluido».
En el centro de los cuestionamientos estuvo la ordenanza «de fondo» N° 4860, la cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal para que, por disposición de la Secretaría de Hacienda, se puedan efectuar cambios en la asignación de diferentes partidas presupuestarias, «de acuerdo a economías generadas en el ejercicio, como asimismo la creación de partidas presupuestarias de recursos y gastos ligadas a la ejecución de nuevos proyectos con financiación externa». En este punto, Mondaca advirtió que «esto hace que desde el Ejecutivo Municipal se pueda modificar este Presupuesto y eso va en contra mano de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, con los principios presupuestarios y con los principios democráticos de la división de poderes».
Se le avisó a los concejales, que, al aprobar el presupuesto tal cual lo envió el Deliberante, lo autorizan a «incorpore partidas de ingresos y de gastos que cuenten con financiamiento externo sin pasar por el control del deliberante, y sin preguntar de donde provienen esos fondos».
Se preguntó entonces, «para qué realizamos esta audiencia pública, la discusión de proyectos, escuchar a los vecinos, proponer modificaciones, o incluir proyectos sociales, si le damos al Ejecutivo Municipal una especie de poder supremo?». Y agregó que «los concejales le están dando facultades al intendente para que modifique, si así lo quisiera, en un 100% el presupuesto, violando a sabiendas el principio de unidad que les impone la carta orgánica municipal».
Mondaca le pidió a los concejales presentes que den respuesta al proyecto de Ordenanza «creación del Concejo de Seguridad municipal», presentado a través de la banca abierta el día 3 de mayo.
«Han pasado 178 días, las sesiones del concejo deliberante deberían de ser cada 15 días, o sea que han pasado más de 10, hasta la intendenta electa lo puso entre sus propuestas de campaña en el mes de junio pasado», dijo en su reseña del trámite, y anunció que «hoy por la mañana (por ayer) presenté una nota de pronto despacho en mesa de entrada del municipio, y entonces aprovecho para comunicarles a este cuerpo de concejales que, si en el termino de 48 horas no responden, haré lo que legalmente corresponde hacer: denunciarlos por incumplimiento de deberes de funcionario público».
Pero además, durante la misma exposición, se avanzó en un tema sensible para la ciudad, como es la rendición de gastos de la Fiesta Nacional de la Manzana, porque «es el día de hoy que no tenemos información de: cuanto se gasta en la fiesta (horas extras de empleados municipales, costos de los espectáculos, etc.). Y ni siquiera de lo que genera la Fiesta. Por lo tanto, quiero solicitar a este cuerpo de concejales, la creación de una ordenanza que establezca la ejecución de un balance exclusivo de los gastos e ingresos de la Fiesta de la Manzana, y que se publique mediante un documento público que pueda estar a disposición de todos: de los vecinos, la prensa, y en especial para las empresas locales que auspician este evento, para que se informen en qué fue gastado su dinero de aporte llamado publicidad», concluyó Mondaca.
Otro de los expositores fue Juan Mansilla, referente de Unión Vecinal -el partido que lidera el concejal Mario Álvarez-, quien también hizo hincapié en los gastos destinados a la Fiesta de la Manzana pero además planteó la falta de planificación habitacional en la ciudad, con el abandono total del plan de las 231 viviendas que nunca más se reactivaron.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
