Judiciales
Inspeccionaron las cárceles de Roca y Cipolletti
Ahora será tiempo de elaborar un informe para analizar que medidas se tomarán al respecto sobre el estado de las mismas.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, junto a un equipo de agentes judiciales y del gobierno provincial inspeccionó las cárceles de Cipolletti y Roca. La actividad se enmarcó en la manda constitucional para la supervisión del funcionamiento y estado de los establecimientos carcelarios en la provincia.
Se realizó idéntica recorrida hace dos semanas en Bariloche y próximamente se hará en el penal de Viedma. Con todo lo informado, observado y registrado se elaborará un informe general.
La comitiva judicial se completó con el titular de la Secretaría Penal del STJ, Wenceslao Arizcuren; la relatora del organismo, Romina Bruno; la Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, Beatriz Mosqueira. En Cipolletti participaron el juez de Ejecución Lucas Lizzi y el secretario de ese organismo, Francisco Jara. En tanto que en Roca se sumaron el juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos y la secretaria del juzgado, Jessica González.
Junto a los funcionarios y funcionarias judiciales estuvieron la Secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Betiana Minor, y el Director General del Servicio Penitenciario, Hugo Cecchini. En cada recorrida los acompañaron los Directores y Jefes de Área Interna de las respectivas unidades.
En Cipolletti las autoridades judiciales mantuvieron una reunión general y solicitaron información sobre la cantidad de personas alojadas, cuántos varones y mujeres se encuentran en el establecimiento, si existen dentro de su población personas trans, personas con algún tipo de discapacidad o con especiales requerimientos de salud, entre otras cuestiones. Además, se requirió el detalle de las personas que se encuentran detenidas por sentencia firme y por prisión preventiva.
Luego las autoridades se entrevistaron con las mujeres privadas de la libertad, con los hombres detenidos que estaban en el sector de carpintería y con los del sector de autodisciplina. También visitaron la cocina del penal, entre otras dependencias.
Asimismo, se tomaron entrevistas a los equipos médicos, psicológicos, trabajadores sociales, enfermeros y docentes que cumplen funciones en el establecimiento cipoleño.
En tanto que en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de Roca la recorrida comenzó por el aula de trabajo psicosocial y biblioteca, donde se llevan adelante talleres y proyectos relacionados principalmente con el arte y la expresión; siguió por el sector cocina, el área de atención médica y la sala de monitoreo.
Luego el grupo mantuvo una extensa entrevista con el coordinador educativo de la unidad y finalizó en el pabellón femenino, donde actualmente hay 14 mujeres privadas de la libertad. A lo largo del recorrido se fueron registrando datos sobre cantidad de internos, situaciones procesales, distribución de la población carcelaria por género y por tipo de delito, las condiciones tratamentales actuales y las condiciones generales de detención.
Judiciales
Conflicto entre adolescentes en una escuela: Medida del Juzgado de Paz acentúa responsabilidad de los adultos
Ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas».
Un conflicto entre dos adolescentes que compartían escuela requirió la intervención del Juzgado de Paz de Sierra Grande, que ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas». Además, se dispuso que la totalidad de las familias «deberán abstenerse de mantener comunicación personal, telefónica o por redes sociales, así como a familiares o amigos».
La prohibición del Juzgado de Paz incluye a las redes sociales Facebook, Instragram, Twiter. Ordenó que también deben abstenerse de efectuar comentarios o publicaciones referidas a esta situación y a los adolescentes involucrados.
El fallo pone el acento en la responsabilidad de los adultos. Así, ordenó también que «los responsables parentales o referentes de los adolescentes involucrados arbitren las medidas necesarias para que se mantenga una distancia determinada razonablemente, de cualquier lugar en el que se encuentren circunstancialmente las partes afectados. Si ello ocurriera de forma casual deben retirarse o alejarse del lugar».
Finalmente, dio intervención a la dirección del establecimiento escolar para que dispongan las medidas de pacificación necesarias, «evitar la discriminación, fomentar la paz y la convivencia» y «promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes para prevenir e intervenir en situaciones de violencia».
La presentación la realizó el padre uno de los adolescentes contra la mamá del otro joven. Sin embargo, tras analizar el caso, las responsabilidades recayeron sobre ambas familias.
En la audiencia privada llevada a cabo entre las partes, los adultos reconocieron los hechos y afirmaron que el tema ya había sido abordado en el ámbito escolar, donde habían llegado a algunos acuerdos.
Judiciales
Pidió la supresión del apellido de un hombre que la reconoció pero nunca ejerció la paternidad ni tenía lazo sanguíneo
El fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Una joven logró suprimir del DNI el apellido que una ex pareja de su mamá, que la había reconocido a los 5 años a pesar de no ser su padre biológico ni haber ejercido las obligaciones que implica la paternidad. Un fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Cuando nació, fue inscripta con el apellido materno. Sin embargo, cinco años después la pareja de su madre decidió reconocerla legalmente como hija, pese a no ser su padre biológico. La intención de los adultos era asumir responsabilidades parentales y otorgarle cobertura social.
La pareja se separó rápidamente y el hombre nunca más asumió las responsabilidades parentales. La niña transcurrió su infancia y su adolescencia con su madre como única referencia.
Cuando fue a renovar su documento, a los 18 años, se sorprendió de llevar el apellido de un hombre al que nunca reconoció como su papá.
En su demanda, explicó que el uso del apellido del varón que la reconoció le provocó diversas complicaciones. Entre ellas, mencionó la imposibilidad de acceder a ayudas sociales por inconsistencias en los registros de la ANSES y problemas con su cobertura médica en IPROSS.
Los registros oficiales la identifican con el apellido materno, mientras que su DNI refleja otro, dificultándole la adquisición de la medicación necesaria para tratar una enfermedad crónica.
La jueza multifueros de San Antonio destacó que la situación encuadra en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite la supresión de un apellido cuando afecta la personalidad de la persona interesada y cause un agravio moral. «Estaríamos frente al supuesto de supresión del apellido paterno por causar un agravio moral y lesionar el equilibrio psicoemocional de la actora», sostuvo en su fallo.
La decisión judicial se apoyó, además, en una pericia psicológica elaborada por el Cuerpo de Investigación Forense. Concluyó que la joven manifiesta una fuerte identificación con su apellido materno y un rechazo al apellido impuesto.
El expediente reflejó también que la utilización del apellido paterno afectó su vida cotidiana en distintos aspectos: desde la validación de logros académicos y artísticos alcanzados con el apellido materno, hasta problemas para acceder a derechos derivados de su Certificado Único de Discapacidad.
Considerando todas estas pruebas, la magistrada ordenó suprimir el apellido del hombre que no era su padre biológico ni ejerció su paternidad. De esta manera, volvió a tener solo el apellido de la mamá, como cuando nació.
Judiciales
Menos divorcios en Río Negro: La cifra bajó en casi 300 procesos de un año a otro
El 2023 había registrado el número de divorcios más alto en al menos una década.
Después de un 2023 con cifras récord, los divorcios en Río Negro mostraron una baja en 2024. Durante el último año se iniciaron 1.240 causas por disolución del matrimonio en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia.
El año anterior se habían dictado 1.529 sentencias de divorcio, el número más alto en al menos una década. En 2022 se habían registrado 1.204, y en 2021, un total de 1.333. En 2020, marcado por las restricciones de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En los años previos, las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.386 en 2019, 1.426 en 2018, 1.395 en 2017 y 1.400 en 2016. En 2015 y 2014, los divorcios fueron 903 y 1.078 respectivamente.
Los trámites se concentran en 16 organismos distribuidos en distintas ciudades. En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio Oeste un juzgado Multifueros, en Roca otras tres unidades, además de organismos en Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.
La disolución del vínculo matrimonial está contemplada en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio puede ser solicitado por uno o por ambos integrantes del matrimonio y debe ser declarado judicialmente.
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
