La terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada alcanzó el 54% de avance y se consolida como una de las obras energéticas más importantes del país. Con más de 10.000 trabajadores directos e indirectos en actividad, el movimiento permanente en el Golfo San Matías marca un punto de inflexión para Sierra Grande y para toda la provincia.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos e inauguró las nuevas oficinas de la empresa en la ciudad, junto a su par neuquino, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín y el CEO de VMOS, Gustavo Chaab. Participaron la intendenta Roxana Fernández; el vicegobernador Pedro Pesatti, entre otras autoridades provinciales y municipales, representantes de empresas y dirigentes sindicales.

«Es fuerte. Uno no termina de emocionarse cuando ve cómo los sueños y las expectativas de miles de personas se transforman en una realidad», expresó Weretilneck, visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas. Recordó el dolor y el desarraigo que atravesó Sierra Grande y aseguró que lo que hoy se vive «no son proyectos ni papeles, son hechos concretos que empiezan a cambiar la historia».

En ese marco, el gobernador fue categórico: «Es la primera vez que la Patagonia industrializa sus recursos». Señaló que durante décadas la región fue proveedora de materia prima sin capturar el valor agregado, viendo pasar la riqueza sin que quedara plenamente en el territorio. «Hoy eso cambia. Producimos, procesamos y exportamos desde nuestro golfo, generando trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra gente», afirmó, posicionando esta etapa como un verdadero punto fundacional.

Weretilneck destacó que acompañar el ritmo de la industria implicó decisiones firmes, estabilidad fiscal y reglas claras. «Nada de esto hubiese sido posible sin liderazgo político para cambiar normas que impedían exportar energía desde este golfo. Defendimos los intereses de Río Negro y generamos las condiciones para que las inversiones lleguen», sostuvo.

El impacto ya es concreto: más del 80% de los trabajadores son rionegrinos, en cumplimiento de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador; ya se distribuyeron más de U$S 120 millones en salarios en la provincia y la actividad moviliza proveedores, transporte y servicios en toda la región. Para Weretilneck, estos números «son familias que vuelven a proyectar, jóvenes que encuentran oportunidades y una comunidad que recupera autoestima».

La nueva etapa productiva no termina en VMOS. Se suman los proyectos de GNL, con Southern Energy (SESA) y Argentina GNL, integrando a las principales compañías petroleras del mundo. Desde el Golfo San Matías, Río Negro se consolida como plataforma internacional de exportación de gas y petróleo. A partir de 2032, por Sierra Grande se exportarán entre U$S 30.000 y U$S 40.000 millones anuales, con flujo constante y sin depender del clima.

El primer gran proyecto privado de infraestructura energética

Horacio Marín sostuvo que VMOS es el primer gran proyecto privado de infraestructura energética de esta magnitud en la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina por su esquema de financiamiento y articulación empresaria. Remarcó que la decisión de invertir en Río Negro respondió a previsibilidad, reglas claras y condiciones técnicas adecuadas para exportar al mundo.

El presidente de YPF subrayó que los plazos son determinantes y que cada día cuenta. «Nuestro trabajo es hacer, y hacerlo de la manera más eficiente posible. Esta obra no puede detenerse porque cada día es clave para la Argentina», afirmó, destacando el compromiso operativo de todas las compañías involucradas.

Compromiso local y desarrollo sostenido

Por su parte, Gustavo Chaab aseguró que el proyecto alcanzó el 54% de avance físico pese a condiciones climáticas adversas y a la complejidad logística. Agradeció el esfuerzo de los trabajadores y ratificó que el objetivo es cumplir los plazos establecidos.

Chaab remarcó que la inauguración de las oficinas en Sierra Grande consolida la decisión de integrarse plenamente a la comunidad. Indicó que casi el 50% de los trabajadores ya pertenecen a la localidad y que se prioriza la contratación de proveedores y mano de obra regional, fortaleciendo el entramado productivo.

Una ciudad que vuelve a proyectarse

Roxana Fernández valoró que «muchos trabajadores que golpeaban puertas buscando empleo hoy están trabajando» y definió el avance como «más que una luz de esperanza para una ciudad que la peleó tanto».

La terminal de Punta Colorada no es solo una obra en ejecución: es un nuevo hito en la historia rionegrina. Como el desarrollo de los valles, el ferrocarril o el Plan Castello, esta etapa funda los próximos 30 o 40 años. Por primera vez, la Patagonia industrializa sus recursos desde su propio territorio. Río Negro tiene rumbo, tiene plan y tiene conducción.

Impacto provincial del proyecto VMOS

En el marco de la recorrida, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, presentó los principales indicadores de impacto del proyecto en la provincia. Más del 80% de las contrataciones corresponden a empresas locales en servicios y provisión de insumos y herramientas, y ya se superaron los U$S 200 millones en contrataciones a firmas rionegrinas.

Además, se invirtieron más de U$S 8 millones en compra de terrenos, servidumbres y tasas; se registran más de 3.600.000 horas de trabajo local y más de 500 personas ingresaron al proyecto como ayudantes, trabajadores calificados y oficiales. Datos que confirman que esta nueva etapa productiva no solo exporta energía: deja empleo, recursos y desarrollo en Río Negro.

Votada por unanimidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura «una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad». Al mismo tiempo, denunció una «crítica situación» que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores.

La declaración del Consejo de Programación y Gestión Estratégica además expresó una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazaron el desfinanciamiento como política pública.

En este sentido, el Consejo manifestó su profunda preocupación «por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad».

En este contexto, advierte con especial preocupación «el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior».

«Que esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión», agregaron.

«Que la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades», indicaron los representantes de la UNRN en el Consejo.

«Que, sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes», añadieron.

«Que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público», indicaron.

«Que el presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada restricción presupuestaria para la UNRN. Para el ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento», expresaron.

«Que esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión», explicaron.

«Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país».

«Que, en este contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público».

«Que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente».

«En virtud de lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto».

«Asimismo, reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional».

En ese marco, «expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la sostenibilidad del sistema».

«Del mismo modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil».

Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo Nacional a «asumir la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento del sistema universitario público, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene para el desarrollo del país».

La UNRN reafirma su compromiso con «la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social», concluyeron.

Aunque el divorcio se presentó con un acuerdo integral sobre alimentos y cuidado compartido, la discusión se desplazó hacia un punto inesperado: la entrega de los pasaportes de los hijos. El padre condicionó la entrega de los documentos a una prohibición judicial de salida del país ante el temor de que la madre se radicara en Chile.

El matrimonio, celebrado en España y con dos hijos menores de edad que también poseen ciudadanía española, había logrado ordenar casi todos los aspectos de la separación. En el convenio regulador fijaron la cuota alimentaria, el sistema de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación. Incluso acordaron resolver en forma privada la liquidación de bienes. Sin embargo, en una de las cláusulas que dispuso el progenitor se estableció que los pasaportes serían entregados solo si antes una jueza dictaba una medida que impidiera a los niños salir de la Argentina.

La madre objetó esa condición cuando respondió la demanda de divorcio. Sostuvo que necesitaba contar con la documentación de sus hijos y que no existía ninguna orden judicial que justificara la retención. La Defensoría de Menores también cuestionó el punto y advirtió que la cláusula afectaba el derecho de los chicos a su documentación y a su identidad.

La jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso decretó el divorcio, homologó el acuerdo en lo relativo a alimentos y cuidado, pero marcó un límite: si el padre pretendía una prohibición de salida del país, debía promover el trámite correspondiente. Mientras tanto, ordenó la entrega de los pasaportes en el plazo de tres días.

El padre apeló la decisión y sostuvo que el riesgo era concreto, ya que la madre gestionaba una autorización para radicarse en Chile. Con el recurso concedido con efecto suspensivo, la entrega quedó en pausa y el conflicto se trasladó a un nuevo expediente.

La madre inició una medida cautelar autónoma y denunció que los documentos permanecían retenidos. Señaló además que el padre trabaja en Europa con estadías prolongadas fuera del país, lo que dejaba a los niños sin documentación ante cualquier urgencia.

En ese trámite, el hombre finalmente presentó los pasaportes ante el juzgado y pidió que no fueran entregados hasta que se resolviera la prohibición de salida. Los documentos quedaron bajo resguardo judicial mientras avanzaban en paralelo el recurso en la Cámara de Apelaciones y un pedido de autorización para el eventual cambio de residencia de los chicos.

La Cámara cerró el debate principal. Señaló que ninguna cláusula acordada entre las partes puede obligar a un juez a dictar una medida cautelar y que la procedencia de una prohibición de salida depende de la evaluación judicial de sus requisitos legales. También remarcó que la documentación de los niños no puede quedar supeditada a un acuerdo condicionado a una decisión futura.

Con esos fundamentos, confirmó la orden de entrega y dejó en claro que cualquier restricción para salir del país deberá tramitarse en el expediente específico. La medida de prohibición aún no cuenta con una resolución definitiva y deberá resolverse junto con el planteo sobre el eventual cambio de radicación de los niños a Chile, que continúa en trámite.