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Política

El Plan Argentina contra el Hambre distribuirá más de 100 millones de pesos en Río Negro

Se entregarán más de 20.000 tarjetas en todo el territorio provincial.

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Luego de la reunión mantenida este jueves (6/02) con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la presidenta del bloque de legisladores rionegrinos del Frente de Todos, María Eugenia Martini, confirmó que el gobierno nacional entregará más de 20.000 tarjetas AlimentAR en Río Negro, por un total de 100.764.000 millones de pesos. En Bariloche se entregarán 2.700 tarjetas.

Arroyo recibió a intendentes, junto a los senadores nacionales Martín Doñate y Silvina García Larraburu, el diputado nacional Martín Soria, y los legisladores Alejandro Marinao y Martini.

El encuentro giró en torno a la próxima distribución de tarjetas de compra alimentaria del Plan Argentina contra el Hambre, para la adquisición de productos de la canasta básica que, según trascendió, comenzaría en marzo en la provincia, una vez que la gobernadora Arabela Carreras firme con el Ministerio los convenios para su instrumentación.

Según confirmó Martini al término de la reunión, Río Negro recibirá 20.291 tarjetas que significan en total 100.764.000 millones de pesos.

“Es un aporte urgente del gobierno nacional, para un país en emergencia alimentaria, donde al cabo de cuatro años el 40% de los argentinos es pobre”, indicó Martini. “Río Negro no es ajena a esta realidad nacional, y en consecuencia las medidas que se tomen deben comenzar por atender a nuestros sectores más vulnerados, porque está claro que quien padece hambre ya no puede esperar ni un instante más”, agregó.

En tal sentido, la legisladora barilochense adelantó que en esta instancia las tarjetas alimentarias que recibirá la provincia alcanzarán a 34.012 niños menores de 6 años; 701 hijos discapacitados, y 1092 mujeres embarazadas, de acuerdo al relevamiento provincial descrito por el ministro Arroyo durante la reunión.

“Puntualmente en el caso de Bariloche, se entregarán 2.766 tarjetas, por 13 millones y medio de pesos”, confirmó Martini.

Bariloche es el municipio más poblado de la provincia y en consecuencia es también el que recibirá el mayor aporte. En diciembre el Concejo Municipal declaró por unanimidad la Emergencia Alimentaria en la ciudad, poniendo en evidencia la desigualdad social y la urgencia de implementar programas de auxilio alimentario. Se estima que más de 10.000 niños sufren hambre en la localidad.

Para Viedma se anunció que serán distribuidas 1.824 tarjetas, por un monto global de 9.158.000 pesos.

“Está claro que es un plan de emergencia, para frenar la caída, como lo expresa el ministro Arroyo. Lo primero es reparar esta situación de angustia”, concluyó María Eugenia Martini, “pero además lograr que la gente recupere la dignidad, pueda ir abandonando los comedores comunitarios y volver a su casa, a la mesa familiar. El círculo virtuoso de este Plan se completa porque revierte la política de concentración de la riqueza que implementó el macrismo. Es una política claramente redistributiva, un primer paso para poner a girar nuevamente las ruedas de la economía”.

Política

Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro

En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

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En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.

Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.

«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.

Los motivos de las sanciones

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.

Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.

Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.

«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra

Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.

La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).

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Policiales

Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca

Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.

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Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.

La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.

Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».

Un modelo de gestión coordinada

Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.

Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».

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Policiales

Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y entrega indumentaria a Policía

Demandó una inversión de casi $350.000.000.

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El Gobierno de Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) destinados al personal de la Policía provincial, con una inversión de $349.800.000. La compra permitirá equipar a nuevos aspirantes y avanzar con el proceso de actualización del material de protección de la fuerza.

En paralelo, la Provincia comenzará en los próximos días con la entrega de nueva indumentaria para todo el personal policial, adquirida mediante licitación pública con una inversión superior a los $2.100 millones, llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de continuar fortaleciendo a la Policía de Río Negro con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo acordes a la tarea que desarrollan diariamente. «Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia», expresó el mandatario.

La indumentaria fue adquirida mediante licitación pública, con una inversión de $2.101 millones, y forma parte del plan de actualización y renovación del equipamiento policial.

La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de camisas administrativas, pantalones, chaquetillas sociales, camperas, calzado, chombas operativas y prendas específicas para distintas áreas de la fuerza.

Entre los principales elementos adquiridos se destacan:

  • 6.300 camisas celestes de manga larga
  • 2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas
  • 2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos
  • 9.000 tricotas de lana
  • 5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas
  • 400 pares de borceguíes tácticos
  • 400 pares de zapatillas deportivas
  • 400 camperas oficiales
  • Camperas Goretex y chaquetas tácticas
  • Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales

Asimismo, el Gobierno Provincial avanzó con la compra de neumáticos para la totalidad de la flota del sistema de seguridad, que incluye a la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y Protección Civil.

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