Gremios
Baéz podría ir a juicio por los incidentes protagonizados en el Municipio de Roca
Por esta causa, el dirigente sindical estuvo detenido dos semanas.
Esta mañana (17/02) el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual, presentaron la prueba con la que cuentan para avanzar con la acusación por los hechos ocurridos en el Municipio de General Roca en octubre pasado, donde el principal involucrado es el secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez.
En la audiencia de control de acusación realizada esta mañana, la acusación fiscal explicó que el hecho que se le imputa a Báez fue el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el sujeto junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.
“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.
“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.
“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, agregaron.
La Fiscalía aclaró que “todo lo descrito, además de los relatos de los involucrados, se encuentra registrado en una videofilmación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.
La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real» (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).
La defensora particular solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo la suma de $10.000 como reparación económica. Sin embargo la Fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza de Garantías interviniente María Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.
Luego de ello, Romero enunció la prueba entre ellos, filmaciones del día de los hechos de las cámaras de seguridad, enumeró a los testigos y a algunos empleados policiales que estaban en el Municipio durante la acción llevada a cabo.
De acuerdo a la pretensión punitiva propuesta por la Fiscalía, la magistrada dispuso la intervención en el juicio de un juez unipersonal del Foro de Jueces de esta circunscripción.
Gremios
Sin propuesta salarial y con amenazas de paro, fracasó un nuevo encuentro entre el Gobierno y UnTER
La negociación pasó a un cuarto intermedio tras la publicación de los índices de inflación. El gremio ratificó que el plan de lucha sigue vigente ante la falta de respuestas en política educativa.
El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.
Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.
Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.
En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.
El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Gremios
ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
