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Baéz podría ir a juicio por los incidentes protagonizados en el Municipio de Roca
Por esta causa, el dirigente sindical estuvo detenido dos semanas.
Esta mañana (17/02) el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual, presentaron la prueba con la que cuentan para avanzar con la acusación por los hechos ocurridos en el Municipio de General Roca en octubre pasado, donde el principal involucrado es el secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez.
En la audiencia de control de acusación realizada esta mañana, la acusación fiscal explicó que el hecho que se le imputa a Báez fue el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el sujeto junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.
“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.
“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.
“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, agregaron.
La Fiscalía aclaró que “todo lo descrito, además de los relatos de los involucrados, se encuentra registrado en una videofilmación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.
La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real» (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).
La defensora particular solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo la suma de $10.000 como reparación económica. Sin embargo la Fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza de Garantías interviniente María Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.
Luego de ello, Romero enunció la prueba entre ellos, filmaciones del día de los hechos de las cámaras de seguridad, enumeró a los testigos y a algunos empleados policiales que estaban en el Municipio durante la acción llevada a cabo.
De acuerdo a la pretensión punitiva propuesta por la Fiscalía, la magistrada dispuso la intervención en el juicio de un juez unipersonal del Foro de Jueces de esta circunscripción.
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ATE lanzó un paro nacional en rechazo a la reforma laboral
‘Será el miércoles 19 de noviembre. «Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma», indicó Aguiar.
Mediante un plenario federal de delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) votó por unanimidad realizar un paro nacional de 24 horas para el miércoles 19 de noviembre con movilización a la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650) a partir de las 12 del mediodía en rechazo a la reforma laboral planeada por el Gobierno y exigiendo la inmediata reapertura de las paritarias.
«Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato asegura que el Ejecutivo prepara el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista. «Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control», agregó.
«Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares», añadió Aguiar.
«La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el daño grave que se ha producido en los salarios», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno se presentaría en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, y el mismo incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En cuanto a la situación salarial del sector público, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
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Por la reforma laboral, ATE convocó a un plenario federal y prepara el primer paro post electoral
«Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).
«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.
En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».
«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.
«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
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ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
