Río Negro
Crearon la Agencia “Río Negro Invierte”
El objetivo principal es contribuir al desarrollo de la cadena de valor productiva.
La Legislatura rionegrina sancionó ayer (13/03), por mayoría, la ley que creó la Agencia “Río Negro Invierte”, con el fin de contribuir al desarrollo de la cadena de valor productiva, mediante la captación de proyectos de inversión genuinos que contribuyan a una expansión de la mano de obra calificada, de la capacidad instalada, competitividad empresarial, sustentabilidad ambiental y fundamentalmente empleo formal.
El legislador Daniel Sanguinetti fue el miembro informante del proyecto enviado por el Ejecutivo. El objetivo es posicionarla como destino de inversiones genuinas, otorgando un marco de apoyo, información y facilitación a los inversores durante los análisis de proyectos, la toma de decisiones, la ejecución y el correspondiente seguimiento y control.
La Agencia se constituye como un Ente Autárquico, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Comunidad, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado para la realización de los actos y contrataciones conducentes a su funcionamiento y al objeto de su creación. Tendrá su sede principal en Viedma, pudiendo constituir delegaciones zonales con miras a vincular el territorio provincial en cumplimiento de sus objetivos.
Por el Frente de Todos, Ignacio Casamiquela adelantó la oposición de su bloque al proyecto, aseguró que “hoy Río Negro necesita transitar el camino de la austeridad, de cuidar los recursos, de bajar los gastos a la hora de llevar adelante proyectos productivos como éste”.
“Nos encontramos bajo una ley de emergencia económica, deberíamos pensar en no seguir agrandando el Estado, sino seguir fortaleciendo lo que ya tenemos como herramientas políticas (Agencia Crear)”, consideró.
Juan Martín, de Juntos por el Cambio, votó a favor de la iniciativa aunque criticó la superposición de competencias con organismos que ya existen.
Cerró el debate el presidente de bloque oficialista, Facundo López: “Necesitamos todas las herramientas necesarias para que Río Negro siga creciendo”.
Aporte bomberos voluntarios
La Cámara sancionó también una iniciativa para estipular por ley el porcentaje del aporte que reciben actualmente las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y la Federación, por parte de Lotería de Río Negro. Asimismo, se incorpora al beneficio a la Secretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.
La legisladora Marcela Ávila (JSRN) explicó que la ley Nº48 establece que el aporte que el Estado realiza a bomberos voluntarios es de un mínimo del 4 por ciento del producido líquido de los juegos de azar que obtiene Lotería. Sin embargo, explicó que en 2014, el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, definió por decreto incrementar a un 9 por ciento este beneficio.
“Esta decisión estuvo fundamentada en el aumento significativo de los siniestros, en su complejidad, y también en las necesidades de los bomberos de contar con recursos para capacitación, mejorar la tecnología, el equipamiento, y solventar los gastos”, afirmó.
En este sentido, manifestó que “este proyecto busca que este porcentaje, que ya perciben los bomberos de nuestra Provincia, quede expresado en una normativa legal”.
La iniciativa define además un sistema de distribución directa de los fondos a cada asociación. La legisladora explicó que ley actual establece que la Federación es la encargada de hacerlo y que trae aparejado la dificultad de que si una de las asociaciones se atrasa en los rendimientos de las cuentas, el resto no puede percibir los aportes.
Río Negro
Río Negro se consolida como el destino más elegido del invierno argentino
En todo el país se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones.
Río Negro fue la provincia más elegida durante las vacaciones de invierno 2026, con Bariloche alcanzando hasta un 90% de ocupación hotelera y consolidándose una vez más como el principal destino del turismo invernal argentino, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las vacaciones de invierno 2026 concluyeron con un saldo positivo para el turismo nacional. De acuerdo con el informe de CAME, se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones. En un contexto marcado por un escenario económico desafiante y por factores atípicos como el Mundial de Fútbol, los destinos de nieve y montaña fueron los más demandados, consolidando a Río Negro como la principal elección de quienes viajaron durante el receso.
Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, con niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio, sumadas a la calidad de sus centros de esquí, su amplia oferta turística y un nivel histórico de conectividad aérea, permitieron que la ciudad encabezara una vez más la temporada invernal. Al mismo tiempo, Río Negro se ubicó entre los principales destinos receptores de turismo internacional, con una importante llegada de visitantes brasileños y de otros países no limítrofes, lo que contribuyó a sostener una alta ocupación en toda la provincia.
El buen desempeño también se reflejó en el resto del territorio rionegrino. Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, Viedma y el Valle llegaron al 80%, mientras que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron un 70%, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y las actividades recreativas, según consigna el informe de CAME.
La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que «que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año».
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó que «el trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y la calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año».
El informe de CAME también señala que durante las vacaciones viajaron 4,6 millones de personas, un 5,9% más que en 2025, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. El impacto económico alcanzó los $2,12 billones (US$1.412 millones), con un crecimiento real interanual del 2,5%. La estadía promedio fue de cuatro días y el gasto diario por persona llegó a $115.115. Mientras varios destinos de la Costa Atlántica registraron una temporada moderada, el turismo de nieve, encabezado por Bariloche, lideró las preferencias de los viajeros en todo el país.
Río Negro
¿Sabés las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial?
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente.
Aunque muchas veces se los confunde, el matrimonio y la unión convivencial no son lo mismo. Ambos permiten reconocer legalmente una relación de pareja, pero cada uno tiene requisitos, derechos y efectos diferentes. Desde el Registro Civil de Río Negro se recuerda que conocer estas diferencias es fundamental para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente. En cambio, para registrar una unión convivencial es necesario acreditar al menos dos años de convivencia.
También cambian algunos de los derechos que genera cada vínculo. El matrimonio, por ejemplo, reconoce el derecho a heredar entre los cónyuges y, en determinadas situaciones previstas por la ley, permite solicitar alimentos después de un divorcio. La unión convivencial no otorga esos mismos derechos.
Además, para inscribir una unión convivencial ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, las personas pueden tener domicilios diferentes antes de la celebración y existen excepciones previstas por la ley para quienes son menores de edad.
Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a beneficios como la incorporación a una obra social o el reconocimiento para una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Quienes tengan dudas o quieran conocer cuál de estas opciones se ajusta mejor a su situación pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana, donde recibirán asesoramiento y la información necesaria para realizar el trámite.
Judiciales
El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
