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Sitrajur reiteró el pedido al Poder Judicial para que se tomen medidas urgentes

Denuncian «escasez de productos» y «necesidad de la aplicación de los protocolos y disposiciones».

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El pasado viernes (13/03), desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) se reiteró el pedido de medidas urgentes por el coronavirus al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y a la Procuración General, agregándose otras más de acuerdo a las novedades y reformas a los protocolos.

En una comunicación dirigida tanto a la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, como al Procurador Jorge Crespo, el secretario general del sindicato de los Judiciales, Emiliano Sanhueza, expresó su «preocupación respecto de la falta o deficiente entrega de elementos necesarios para la prevención del COVID-19 (coronavirus)».

«Cierto es que existe escasez de productos, pero no existió ninguna información oficial a este respecto cuando se trata de una enfermedad que tiene alto riesgo de propagación y teniendo como trabajadores y trabajadoras judiciales contacto con el público que asiste a tribunales. Asimismo, reiteramos la necesidad de la aplicación de los protocolos y las disposiciones respecto de las personas que provienen de zonas de infección (las que están determinadas por decreto del Ejecutivo nacional y por salud pública) y de quienes tuvieron contacto directo con personas infectadas», agregó.

Al mismo tiempo considera «prudente y necesario que a aquellos que se encuentran en la franja etaria de riesgo o que tengan enfermedad preexistente que implica riesgo de vida, se resuelva que no concurran a su lugar de trabajo por el período que sea conveniente a fin de no exponerlos».

En otro tramo de la comunicación enviada desde Sitrajur a las autoridades judiciales provinciales, manifiesta que «respecto de la atención al público en la ciudad de Viedma, debe ser suspendida por ser el único lugar donde hasta el momento se ha detectado un caso. Incluso se debe evaluar la posibilidad de suspender la atención al público en toda la provincia si aparecen casos locales».

Por último, dan cuenta que desde Sitrajur se ha «iniciado una campaña de difusión para la prevención del COVID-19 y estamos dispuestos a aportar lo que a nuestro alcance esté para evitar mayores consecuencias que las actuales».

Judiciales

Una roquense denunció a un abogado de la región por violencia de género

La Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

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Tras una denuncia por violencia de género, la Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a un abogado de la región, quien ejercería violencia contra su ex pareja.

Fue la propia víctima quien acudió a la Comisaría de la Familia bajo un fuerte estado de shock, en busca de ayuda tras sufrir un grave hecho de violencia, tanto física como verbal y psicológica por parte del letrado. Sumado a este episodio, la mujer vendría afrontando múltiples amenazas por parte del sujeto.

Tras relatar los hechos quedó radicada la denuncia en el marco de la Ley N° 3040 de violencia familiar y se iniciaron actuaciones judiciales. También se le brindó asistencia a la víctima.

Según informó el sitio GNRNoticias, frente a este caso, la Justicia ordenó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se ha iniciado un proceso judicial por violencia familiar en el Juzgado de Familia de Roca.

Ante cualquier caso de violencia de género se recomienda llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Así también, se invita a la comunidad a comunicarse con el Consejo Local de Mujeres Diversas al email [email protected] para poder un abordaje a cada caso en particular.

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Causa IPROSS: Avalaron que los condenados utilicen tobilleras hasta que se confirmen las penas de prisión efectiva

Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, los farmacéuticos acusados de estafar a la obra social seguirán bajo monitoreo permanente.

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El Tribunal de Impugnación (TI) definió que las cuatro personas condenadas por las estafas a la obra social IPROSS seguirán con tobillera electrónica y sin poder salir de sus respectivas ciudades hasta que las condenas sean confirmadas. Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, las personas seguirán bajo monitoreo.

Las penas de prisión fijadas el pasado 4 de julio por un Tribunal de Juicio de Roca se harán efectivas una vez que la condena quede firme. Para eso es necesario que se analicen y resuelvan todos los recursos que legalmente pueden presentar los defensores.

En una audiencia realizada ayer (12/07) al mediodía, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante (Fiscalía de Estado) impugnaron la medida cautelar de las tobilleras, ordenada por los jueces de Roca el mismo día que dictaron la sentencia. Afirmaron que las altas penas definidas en el juicio aumentaron el riesgo procesal de fuga de las cuatro personas y que las pulseras de seguimiento satelital no resultan suficientes para evitar ese peligro.

El Tribunal de Impugnación analizó los planteos y concluyó que las tobilleras están funcionando correctamente, que no hubo ninguna arbitrariedad en la decisión del Tribunal de Roca y que el potencial riesgo de fuga está suficientemente neutralizado con esos dispositivos. Según definió el TI, no se aportaron pruebas concretas que demuestren un riesgo mayor, teniendo en cuenta que las cuatro personas tienen sus patrimonios inhibidos y sólo disponen en la actualidad de la liquidez económica de sus fuentes de trabajo para solventar los gastos cotidianos propios y de los familiares que tienen a cargo. Tampoco se acreditó que hayan buscado algún tipo de contacto o ayuda para una eventual fuga de la región.

«No se acreditó que la tobillera sea insuficiente para controlar los movimientos de las personas condenadas», concluyó el TI en su resolución.

De esta manera, se mantienen las condiciones definidas la semana pasada: ninguno de los tres hombres condenados puede salir del ejido municipal de Roca y la mujer condenada no puede salir del ejido de Allen, con la aclaración de que podrá gestionar anticipadamente los permisos que necesite por razones médicas, según lo solicitó la defensa.

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Ginecólogo que trabajaba en Roca fue condenado por abusar sexualmente de una paciente

Fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina.

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Un ginecólogo que trabajaba en Roca fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina, tras ser declarado autor del delito de abuso sexual simple, del que fue víctima una paciente.

Como reglas de conducta, durante dos años tiene prohibido acercarse a la víctima o a su familia, tener cualquier tipo de comunicación con ella y realizar actos que puedan resultar molestos o perturbadores para la mujer. También deberá mantener su domicilio, fijado ahora en otra provincia, y realizar presentaciones regulares en una comisaría, entre otras reglas habituales, bajo apercibimiento de convertirse la prisión condicional en prisión efectiva en caso de incumplimiento.

El abuso ocurrió en noviembre de 2021 en el consultorio del ginecólogo Francisco Méndez Peralta Ramos, cuando la consulta de control de la paciente derivó en tocamientos, frases y gestos del médico que tuvieron una clara connotación sexual y que fueron cometidos sin el consentimiento de la mujer.

La pena impuesta el pasado 3 de julio fue la misma solicitada por la Fiscalía, mientras que el pedido de pena de la parte querellante no fue considerado por falta de motivación. La defensa del médico, por su parte, había requerido la pena mínima legal de 6 meses de prisión en suspenso.

En la sentencia, que no se encuentra firme, el juez de juicio valoró como agravantes «el daño causado a la víctima, las consecuencias que tuvo para ella en todos los ámbitos de su vida, con interrupción de su proyecto de vida, con padecimiento psíquico y emocional que mereció una respuesta psicológica y psiquiátrica, con indicación farmacológica dado la intensidad del mismo. El aprovechamiento de la condición de médico-paciente que permitió el abuso sexual».

La modalidad de la acción, por sorpresa, abusando de su situación de hecho que le asignaba una clara asimetría a su favor y el defraudar la confianza que le dispensaba la víctima”.

En cuanto a la inhabilitación por dos años para ejercer la medicina, el juez la declaró «plenamente justificada, toda vez que ha sido en su condición de médico que cometió el delito. El abuso sexual ocurrió en ocasión y con motivo de un acto médico ginecológico, por lo que ha faltado sus obligaciones elementales como profesional de la medicina y esto permite y explica la pena de inhabilitación», fundamentó.

Como atenuantes se consideró su buen comportamiento y sus presentaciones en todas las audiencias, su falta de antecedentes penales y el buen concepto que brindaron los testigos sobre él.

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