El gobernador Alberto Weretilneck dispuso una serie de cambios en el Gabinete Provincial, dando inicio a una nueva etapa de gestión, «con actualización de perfiles y un equipo pensado para responder a los desafíos actuales, atender las necesidades de las juventudes, fortalecer áreas clave como salud, educación e infraestructura, y relanzar políticas públicas en todo el territorio rionegrino», indicó.

«No se trata de cambiar nombres, sino de revisar cómo estamos funcionando y darle un nuevo impulso al Gobierno», sintetizó Weretilneck. En ese sentido, aclaró que no se crean nuevas estructuras, sino que se reorganizan y dividen las existentes, con una lógica de mayor eficiencia, orden y mejores resultados para la gente.

Como parte de esta reorganización, se resolvió dividir el actual Ministerio de Desarrollo Humano, de donde surgirá la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura, que tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas públicas integrales orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de la identidad cultural en todo el territorio provincial, atendiendo las particularidades y demandas de cada localidad.

Por otro lado, el actual secretario de Gobierno, Agustín Ríos, asumirá como nuevo ministro de Gobierno y Trabajo. En la Secretaría de Gobierno asumirá la actual concejal de San Carlos de Bariloche, Natalia Almonacid.

A su vez, la Secretaría de Turismo pasará a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, reforzando su articulación con la agenda de desarrollo, producción y empleo, con impacto directo en las economías regionales.

También se definió que la actual vicepresidenta del IPROSS, Ivana Porro, será la nueva Presidenta de la obra social rionegrina y Martina Morana ocupará la Dirección de Personas Jurídicas.

Además, en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se designó a Marcela Strahl como directora General de Educación; a Adrián Sánchez como director de Educación Primaria; a Agustina Serra como directora de Educación de Jóvenes y Adultos; a Aurelia Sosa como subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y a Ceferino Ullua como coordinador de Convenios Escolares.

Las decisiones se inscriben en un proceso de evaluación tras dos años de gestión, con el foco puesto en ordenar prioridades, oxigenar la dinámica del Estado y fortalecer la presencia del Gobierno en cada punto de la provincia, con una gestión más cercana, que escuche y responda a las necesidades concretas de cada localidad.

El gobernador remarcó que el momento exige más presencia, más capacidad de respuesta y un Gobierno preparado para una nueva etapa. «El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente», señaló el gobernador. Y concluyó que «queremos un Gobierno que llegue a todas las localidades de la provincia, con más gestión, más presencia y soluciones concretas para las demandas de todos los rionegrinos».

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».

Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».

«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.

En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».

«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.

«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.

Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.

Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En medio de la recorrida por las provincias del ministro del Interior, Diego Santilli, para intentar cautivar a los mandatarios provinciales y lograr la aprobación de la reforma laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «los gobernadores no tienen que ser ingenuos ni dejarse manipular en las conversaciones».

«No pueden avalar una reforma laboral que terminará de destruir el empleo en las provincias y que además encubre una reforma tributaria que pone en jaque la coparticipación», agregó el dirigente en referencia a las modificaciones que incorpora el proyecto del oficialismo, las cuales representan una pérdida de la recaudación anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones. La mitad de ese monto recaerá principalmente en las provincias.

«La eliminación de Ganancias para las grandes empresas y la modificación de otros tributos recorta drásticamente los recursos que de manera automática se transfieren a las provincias. La reforma se traducirá en pérdidas multimillonarias para todos los distritos», agregó Rodolfo Aguiar.

En este marco, el secretario general de ATE continuó con que «los mandatarios provinciales tienen que saber que la conflictividad está en ascenso, que va a crecer rápidamente y va a comenzar por sus territorios».

En referencia al diálogo que prometió la senadora Patricia Bullrich para lograr la aprobación de la norma, Aguiar evaluó que «estamos frente a una contrarreforma que no admite modificaciones mediante el diálogo. Sería un error pensar que si a un proyecto que fue enteramente redactado por los estudios jurídicos del gran empresariado nacional, con el sólo hecho de introducir modificaciones se podría mejorar la posición de los trabajadores o garantizar que los perjuicios sean menores».

«El movimiento sindical no puede aspirar al mal menor. Debe dar pelea, debe luchar. Esta iniciativa, desde el primer hasta el último artículo, nos perjudica. Debemos plantear la huelga general. Sentarnos en una mesa a discutir un proyecto que no es de los trabajadores es directamente sentarse a perder. Se trata de una regla básica de toda negociación. Distinta sería la historia si lo que está sobre la mesa hubiera sido una iniciativa de los trabajadores», sentenció el referente estatal.

«Actualmente el mundo del trabajo está en crisis y no la vamos a superar con este tipo de legislaciones regresivas. El 72% de los trabajadores en la Argentina cobra menos de $1.000.000 por mes y no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Con la ley que pretende el Gobierno, esta triste y penosa realidad empeorará. Asistimos a un empobrecimiento silencioso y generalizado. Tenemos que reaccionar», concluyó Aguiar