Río Negro
Extienden el receso extraordinario en la Justicia pero ampliarán servicios
El STJ determinó una serie de medidas para brindar herramientas para avanzar en sentencias y mecanismos para pago de cuotas alimentarias e indemnizaciones.
El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria judicial hasta el 26 de abril. Sin embargo, mediante Acordada, decidió una serie de medidas que permitirán ampliar la cantidad de servicios que prestará el Poder Judicial durante el aislamiento social obligatorio. Para ello se acentuará el uso de tecnología y los puestos de teletrabajo.
En este punto, juezas y jueces podrán avanzar en la formulación de sentencias, cada organismo jurisdiccional recibirá escritos en formato PDF de abogados y abogadas y en los próximos días se habilitará una mesa de entradas virtual. Además, se podrán realizar audiencias no presenciales, con mecanismos tecnológicos. También están activos los procedimientos para transferencias de fondos a operadores del sistema y cuentas judiciales, como el pago de cuotas alimentarias.
Protección de la salud
Tras los decretos nacional y provincial de extensión de la cuarentena, el STJ explicó en la Acordada que “ante la emergencia sanitaria, corresponde a este Superior Tribunal de Justicia velar por la preservación de la salud de los integrantes del plantel del Poder Judicial, pero también de profesionales y de la ciudadanía que acude a los tribunales, dando cumplimiento al vigente aislamiento social preventivo de carácter obligatorio para todo habitante del territorio nacional y provincial”.
Expresa que “se debe contemplar la particular situación en la que se encuentra nuestra Provincia, en etapa de contención y advertir la forma en que se ha desarrollado la circulación viral dentro del territorio, como así también la cantidad de personas que han contraído el virus”, por lo que “dando continuidad al objetivo precautorio y a fin de evitar mayor circulación de personas, corresponde continuar con la modalidad de teletrabajo con las excepciones que la misma función requiera, preservando las condiciones recomendadas por la autoridad sanitaria”.
Juezas y jueces pueden avanzar en los procesos
Aún cuando rige la suspensión de plazos, el STJ decidió que “aquellos actos procesales que deban o puedan realizarse, cuenten con la conformidad de las partes intervinientes y se habilite por la respectiva jurisdicción, son válidos y han de llevarse a cabo a través de las herramientas tecnológicas a disposición”.
En este sentido, se dispone que magistrados y magistradas “procurarán llevar adelante la labor jurisdiccional decisoria que le compete” y pueden emitir tanto autos interlocutorios como sentencias definitivas.
Cientos de juezas y jueces ya tienen puestos de teletrabajo con “los mismos recursos informáticos que hoy cuentan en su computadora de oficina. Es decir acceso al sistema de gestión de expedientes On Line, el correo electrónico, el acceso a la Intranet Judicial y también al Sistema de Expedientes On Line, al de Notificaciones Electrónicas, Registros de Juicios Universales, entre otros”.
Escritos judiciales y listas de despacho diarias
También establece la modalidad para la presentación de escritos: hasta la puesta en marcha de la mesa de entradas virtual, “los organismos jurisdiccionales recepcionarán escritos en formato PDF vía correo electrónico”. Estos organismos jurisdiccionales deberán accionar para que “el escrito se incorpore al expediente digital de la web de modo que quede a disposición de la contraparte”. Además, “garantizarán la publicación diaria de listas de despacho, la publicación de fallos con la periodicidad habitual y mantendrán el protocolo digital al día”.Ya sea en forma directa por mail o escaneando el PDF, magistradas y magistrados podrán firmar digitalmente sus resoluciones.
Asimismo, se habilitó un mecanismo para celebrar audiencias: “en aquellos casos en los cuales la magistratura y las partes determinen la realización de audiencias y, ello fuere considerado urgente y necesario, se procurará que sea por vía remota para la mayor parte de los participantes”. Este procedimiento debe coordinarse con la Gerencia de Sistemas.
Movimiento de fondos y soluciones para los más vulnerables
En el Anexo a la Acordada también se describen los mecanismos para el movimiento de fondos. En este sentido, el STJ gestionó soluciones con el Banco Patagonia para poder abonar, por ejemplo, indemnizaciones o cuotas alimentarias a personas sin cuentas bancarias.
En la Acordada se establece que “las transferencias de fondos a Rentas, Caja Forense, SITRAJUR o Colegio de Abogados se realizan a través de Home Banking”. Asimismo, se pueden generar por el sistema de Notificaciones Electrónicas o por Whatsapp la liquidación de costas al condenado en un juicio, evitando la notificación a domicilio real.
En cuanto a la apertura cuentas judiciales -por ejemplo para el pago de cuotas alimentarias, juicios ejecutivos, juicios laborales- se realizará en forma electrónica mediante un oficio en formato PDF del juzgado.
Finalmente, se logró dar una respuesta para la apertura de cuentas a personas no bancarizadas, que en general son las más vulnerables. La Acordada detalla que “se puede poner a disposición de modo opcional, tal como se acordó con el Banco Patagonia, hacer con el mismo procedimiento que el de abrir cuentas judiciales, es decir, oficio del magistrado o funcionario habilitado. Pero en este caso el beneficiario debe luego sacar un turno en el banco para ir en forma presencial a obtener una tarjeta de débito, única forma en la que actualmente se puede retirar dinero”.
Política
Weretilneck recorrió los trabajos que dejarán a Río Negro libre de PCB
Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.
Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.
Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.
Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.
El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.
Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.
Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
